En las últimas décadas los flujos migratorios se han intensificado globalmente. Con ello, una variedad de rutas, itinerarios y prácticas de desplazamiento son producidas por las personas que han decidido migrar. A la par de esos cambios, las fronteras instituidas por los Estados-nación, han reforzado sus procesos administrativos, fortaleciendo sus limites físicos-territoriales, levantando muros en sus tierras transfronterizas y, sobre todo, han desplegado funcionarios y personal judicial-militar con el fin de controlar el desplazamiento “informal/no oficial” de personas extranjeras (Zarco, 2019).
Con estas acciones, pensar lo fronterizo supone nuevos derroteros tanto en el nivel práctico como en el analítico. Queda claro que las cualidades físicas de la frontera no son naturales y se van desmitificando las ideas íntimamente ligadas al paisaje cartográfico de las naciones. Las fronteras no se erigen solamente en los limites de los países. También se extienden más allá de las regiones liminales, adentrándose en el territorio junto con las corporalidades migrantes, inmiscuyéndose en sus prácticas, vigilando sus deseos y controlando, en muchas ocasiones, las emocionalidades de quienes transitan las barricadas nacionales físicas y simbólicas.
Ilustración: Enrique Ortega
Podemos, así, pasar de pensar las fronteras como un limite ya existente, operado y pactado por los gobiernos, a la idea de una frontera construida desde la participación de las personas, co-creada entre quienes las habitan, transitan, vigilan y (re)producida a través de las estrategias y experiencias de interacción entre las personas y el paisaje fronterizo. Esto ofrece, una oportunidad para visibilizar las relaciones y situaciones que se experimentan en los distintos contextos fronterizos, lo que permite ver las particularidades socioculturales de los territorios.
Claro ejemplo de ello es Tapachula, Chiapas. Una ciudad localizada en la región política-administrativa del Soconusco en el estado del sureste mexicano que se encuentra a 37 kilómetros del principal puerto fronterizo de México con Guatemala: Suchiate. A pesar de no estar ubicada en los limites físicos y legales del país, es un punto importante de flujo y asentamiento de personas migrantes, en gran parte debido al dinamismo económico con el que cuenta y por otro, a razón de que ahí se operan las oficinas de Estado relacionadas con tramites migratorios como la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y abunda la presencia de organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de los derechos de los migrantes.
La Comar señaló que, desde finales del 2018 a abril del 2020, solamente en Tapachula recibieron 41 877 casos de solicitudes por unidad familiar para el otorgamiento de la calidad de refugiado, lo que representa un total de 74 597 personas solicitantes en la delegación de esta ciudad (Comar, 2020). Es posible vislumbrar, entonces, la importancia administrativa en materia de regulación migratoria con la que este lugar cuenta. Pero aún más, aquí se puede interpretar la extensión o desplazamiento de los procesos fronterizos y por ende de los limites del Estado-Nación.
Desde el inicio de las caravanas migrantes en el 2018 se ha intensificado la presencia multitudinaria de migrantes en la zona, ya no solo de personas de origen centroamericano, sino también de migrantes cubanos, haitianos, africanos y en cantidades menores (pero, considerables) de pakistaníes, hindúes y venezolanos. Esto permite visibilizar la emergencia y producción de comunidades diversas y, con ello, la modificación o el (re) aprendizaje en el uso de los espacios públicos, tanto para migrantes permanentes o de paso, como para los habitantes originarios de Tapachula.
Así, pueden percibirse procesos de (re)territorialización sumamente localizados que propician rutinas, prácticas y formas de hacer vida en este nuevo lugar. Pero también, a partir de la aceptación o irrupción de normativas que estas corporalidades migrantes reproducen en los espacios, los cuales pueden ser catalogados como sitios de desplazamiento, acumulaciones, trastrocamientos o desechos, cuando contienen a aquellos cuerpos que no se encuentran dentro del imaginario normativo.
Ubicar estas corporalidades en Tapachula es algo inmediato. Basta con caminar por el parque central de la ciudad y ver a mujeres haitianas ofreciendo servicios de belleza. Es patente el crisol de restaurantes circundando el centro que ofrecen platillos segmentados por países. Son visibles mujeres y hombres cubanos trabajando en los distintos bares, y en los centros nocturnos se anuncia la presencia de mujeres cubanas, venezolanas y centroamericanas en el espectáculo central del negocio. Las oficinas de la Comar se vislumbran con filas interminables de solicitantes de refugio y las colonias del centro de la ciudad están habitadas por distintas comunidades migrantes. Y en medio de todo ello, por la noche muchas de las calles son ocupadas por mujeres cis, transgénero y hombres que han optado por emplearse en el sexo servicio.
Estas escenas son parte de las prácticas y sendas de hacer vida, que colaboran en las formas en que el espacio público es percibido por las personas ya sean migrantes o no, que habitan en Tapachula. Sin embargo, hay que señalar que estos usos del espacio responden también a procesos de exclusión y contención de quienes migran. Son técnicas que operan como muros contenedores, una extensión del limite fronterizo en la ciudad, adentrado en el territorio. Ahí, el espacio público funciona como un patio de vigilancia sobre los cuerpos (Zarco y Chacón, 2020), donde los agentes vigías no son solamente las fuerzas oficiales del Estado, sino que también, se transfiere una clase de poder a la sociedad civil, para (in)voluntariamente coartar el desplazamiento de los migrantes a zonas fuera de las “permitidas”.
Estas estrategias de vigilancia ejercidas por las instituciones de gobierno y la sociedad funcionan como mecanismos de supervisión que segmentan a la población a partir de su relación con otros. Modificando sus formas de actuar, de acuerdo con las variadas situaciones que se experimentan en los territorios; ya sea con la modificación del orden del espacio y de las maneras en las que estos son ocupados o transitados por las personas
En este sentido, desde que en México se ha declarado alerta sanitaria por la presencia de la pandemia de contagios por COVID-19, la forma en que los espacios se habitan y perciben, han sufrido modificaciones drásticas las cuales han sido producidas de manera rápida.
Esta forma veloz de la modificación en el uso de los espacios es parte de la respuesta acelerada del Estado para aminorar el índice de contagios. Estrategias paulatinas, como el cierre de comercios, la cancelación de clases y de trabajos no esenciales, han llevado a que los gobiernos dicten recomendaciones que colaboran en impedir la aglomeración de personas. Esto último, obligó a que en Tapachula se impidiera el transito de personas por el centro de la ciudad, acordonando calles y el parque central. En consecuencia, los lugares en los que las personas migrantes se relacionan como colectivo en el espacio publico han sido reducidas y la vigilancia del Estado se ha intensificado cada vez más.
Junto a la dificultad que para las personas migrantes implica seguir con las recomendaciones de aislamiento social “Quédate en casa”, se ha hecho cada vez más visible el recrudecimiento de acciones y discursos de exclusión hacia este sector. En los medios de comunicación local (El Orbe, 2020; Chiapas Paralelo, 2020; Diario de Chiapas, 2020; Reforma, 2020) se pueden leer notas periodísticas que hablan sobre la “negación” de las personas migrantes en Tapachula a seguir las indicaciones de las autoridades de salud pública. Estos documentos colocan a la población migrante como delincuentes de la salud, reproducen la estigmatización del extraño y ubican al cuerpo de quien migra como un posible portador, “foco de infección” que podría funcionar como un arma biológica capaz de expandir el virus debido a su “negativa”.
Estos señalamientos, sin embargo, operan desde la encarnación de la exclusión hacía el otro y la individualización de una responsabilidad estructural. Una histórica discriminación que se acrecienta en estos tiempos, a través de la mezcla del miedo por la pandemia y la falta de atención de las autoridades hacia la población migrante. Resultado de ello, las personas migrantes se enfrentan a situaciones como: confinamiento en las estaciones migratorias, no poder ingresar a uno de los pocos albergues en la ciudad, imposibilidad para rentar una vivienda, cierre de espacios públicos que comúnmente ocupan para llevar acabo actividades laborales. Eventos que los ubican en un alto grado de vulnerabilidad y riesgo de contagiarse de COVID-19, sin mencionar el acceso incierto a servicios de seguridad social y salud.
Lo anterior responde a estrategias biopolíticas instauradas por el Estado, donde uno de los ejes de este ejercicio recae en el control de salud pública y que, en relación con la situación de las personas migrantes en Tapachula, ha estado ligada al establecimiento de estrategias para la “vigilancia” en la propagación de enfermedades como el VIH-SIDA, la tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. Estos padecimientos también se relacionan con la estigmatización de los cuerpos migrantes, la cual es utilizada como un mecanismo político e ideológico que posiciona al migrante como el “enemigo” por combatir (o contener).
Uno de los efectos que acarrea la imposibilidad de que las personas migrantes en Tapachula habiten el espacio urbano implica que sean percibidas como invasores y como portadoras y “armas” potenciales de contagio. Discursos y acciones que forman parte de una legitimación del control y de la vigilancia corporal, que surge como una apuesta para mantener el espacio (público y privado) dominado y segmentado dentro de una población.
Así, se instauran estrategias que limitan la supervisión y el disfrute de derechos a la atención a la salud, solamente a los cuerpos que son reconocidos como ciudadanos. Operando, como una herramienta para el control de la vida individual y colectiva de los pueblos, ejecutada a través de la gobernanza y legitimada en el cuerpo social de sus habitantes.
De esta manera, las estrategias de control fronterizo se desplazan, no solo de manera física territorial. Sino que también, producen en los cuerpos una especie de territorios simbolizados, que operan desde las políticas de exclusión y, por ende, se les impide el derecho a ser reconocidos como cuerpos que habitan la cotidianidad de ese lugar y que constantemente, producen técnicas emergentes de construcción de la ciudadanía. Pensar en esta población migrante, nos compromete a debatir su inclusión en las oportunidades que se generen para México, lo que permitirá comprender que el contexto social en el que se encuentran inmersas estas personas las coloca en una situación de vulnerabilidad, aún más, en estos tiempos, ante las perspectivas de contraer enfermedades infecciosas.
Ernesto Antonio Zarco Ortiz
Doctor en Estudios Regionales. Investigador del Instituto de Estudios de Posgrado (IEP Chiapas) .
Referencias:
Cadena, C. (28 de abril, 2020). Peligroso foco rojo: Bomba de tiempo los migrantes asentados en Tapachula ante el coronavirus. Diario de Chiapas.
Chiapas asciende a 25 casos positivos de COVID-19; señalan a Tapachula como renuente en aplicar Sana-Distancia. (5 de abril del 2020). Chiapas Paralelo.
Comar, 2020, Estadísticas del mes de abril 2020, Gobierno de México.
Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI.
Hernández, E. (27 de abril del 2020). Obligan a migrantes respetar sana distancia. Reforma.
Mandujano, I. (29 de noviembre del 2019). En Chiapas reportan 662 personas portadoras del VIH; 45 corresponden a migrantes. Proceso.
Ochoa, I. (24 de abril del 2020). Migrantes que Deambulan en el Centro de Tapachula Amenaza Latente Para la Propagación del COVID-19. El Orbe.
Zarco, E. & Chacón K. (2020). Dispositivos de seguridad y sexualidad en la frontera sur de México: biopolíticas en mujeres transgénero centroamericanas. Tabula Rasa,33, 137-163.
Zarco. E. (29 de agosto 2019). We want to go! Tapachula, la ciudad cárcel paramigrantes en México. Chiapas paralelo.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.