El deseo de las personas por migrar ha sido comercializado y convertido en negocio. Moverse de un sitio a otro está capitalizado bajo lógicas del mercado y patrones de consumo. La industria de la migración conforma la participación de un conjunto diverso de intermediarios quienes, con fines de lucro, facilitan la migración. Estos intermediarios engrasan la maquinaria de la migración internacional, las cadenas de producción y el engranaje, comprenden a: organizaciones intergubernamentales, gubernamentales, sociedad civil, iglesias, empresas, así como agentes al borde de la legalidad y organizaciones criminales (Nyberg Sørensen y Gammeltoft, 2014).
Se trata de la infraestructura social que conecta el origen y el destino en un determinado circuito migratorio. Interacciones y articulaciones con los actores del lado de la demanda en el proceso social de la migración internacional que, además, está ampliamente entrelazada con la industria del rescate. Ésta busca satisfacer la necesidad de resguardarse ante contextos de violencia o persecución y comprende a instituciones, organizaciones sociales, iglesias, colectivos y agrupaciones de atención primaria y ayuda humanitaria (Hernández -León, 2012).
Ilustración: Víctor Solís
En los últimos cinco años, el proceso migratorio global se ha dinamizado exponencialmente. Según el reporte anual 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones se estima que, al menos, existen 272 millones de migrantes internacionales (OIM, 2020). Con relación al desplazamiento forzado global, se alcanzaron cifras récord, pues de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se estimó la existencia de más de 70.8 millones de personas desplazadas hasta 2019: 25.9 millones personas refugiadas reconocidas, 3,5 millones de solicitantes de protección internacional (asilo) y 41.3 millones de personas en desplazamiento forzado interno. Aproximadamente, 1 de cada 115 personas a nivel mundial ha enfrentado alguna forma de desplazamiento forzado en búsqueda de resguardo, situación que ha dinamizado la industria del rescate.
En el nivel regional, desde el año 2014 se identifica una diversificación de las migraciones y de desplazamientos forzados múltiples, intensificándose entre 2016 y 2019. Se ha observado, además, la formación de circuitos migratorios y de desplazamiento forzado entre Centroamérica, el Caribe, México y Estados Unidos. Para dimensionar la situación, tan solo en 2019 el US. Customs and Border Protection alcanzó un pico de detenciones de 607 mil centroamericanos a lo largo de la frontera con México (COESPO, 2019).
Ante tales escenarios, el gobierno federal de Estados Unidos ha fortalecido estructuras de deportabilidad y ejecutado una serie de políticas punitivas de control y criminalización migrante para solicitantes de protección internacional (asilo). Dichos procesos están vinculados a la industria migratoria e incluyen la asignación de recursos públicos y acuerdos con empresas privadas para la creación de nuevas agencias de seguridad, infraestructura y centros de detención, deportaciones de migrantes de larga estancia, retenes y filtros de vigilancia, entre otras estrategias para fortalecer las expulsiones. Tan solo de enero a marzo de 2020, habían sido deportados por Tijuana 10,781 connacionales, mientras que por Ciudad Juárez las habían alcanzado 5 800 repatriaciones (COESPO, 2020).
Además, el gobierno federal estadounidense a través de un ultimato de cierre de fronteras y amenazas de sanción económica a finales de 2018 presionó al gobierno federal mexicano para llevar a cabo una serie de acciones gubernamentales coordinadas de contención migrante y extraterritorialización de la espera en los procesos de asilo a través del envío de solicitantes a México, que se denominaron los Migrant Protection Protocols (MPP).
Los desafortunados Protocolos de Protección Migrante o "Permanece en México" son parte central de las estrategias de contención-externalización del asilo. Desde enero de 2019 se inició la devolución de solicitantes a las ciudades fronterizas mexicanas, principalmente a Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali para que esperen su cita ante la corte, en lugar de liberarlos dentro de Estados Unidos como anteriormente se llevaba a cabo. Esto deja a las poblaciones solicitantes a merced de la incertidumbre de la lista de espera bajo revisión (metering list), ante la posibilidad de ser rechazados, expulsados o deportados como inmigrantes irregulares o como repatriados voluntariamente.
Ciudad Juárez y Tijuana comparten el impacto de la reciente ejecución de políticas migratorias estadounidenses y mexicanas. Desde la administración de Obama en ambas ciudades se han intensificado las repatriaciones con el fortalecimiento de los procesos de deportabilidad, así también han sido impactadas por el rápido incremento del desplazamiento forzado global, como puntos de atracción para solicitantes de protección internacional ante Estados Unidos, quienes proceden, mayormente, de Centroamérica y el Caribe.
Los puertos de entrada de San Ysidro en Tijuana y Paso del Norte en Juárez fueron los puntos por donde se entregaron más solicitudes de asilo en 2019, pero también han sido receptoras de personas desplazadas internas, quienes en su mayoría son procedentes de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas y Veracruz. En cuanto a la ejecución de políticas de extraterritorialización del asilo de la administración Trump, se estima que desde el inicio de los MPP han sido devueltos a México más de 60 mil personas, siendo, Juárez y Tijuana los espacios de mayor recepción de espera-atrapamiento.
Hasta el 31 de marzo de 2020 Tijuana continúa como el mayor punto de concentración de solicitantes de asilo, teniendo aún en lista de espera a ser llamadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de América y procesar su solicitud a 9,600 personas, mientras que en el Puerto Paso del Norte se encontraban 1 419 solicitantes resguardados en la Red de Albergues implementada en Juárez (Strauss Center Metering list 2020 y COESPO, 2020).
Otro agente que se ha integrado a la maquinaria migratoria son los medios de comunicación tradicionales y digitales. Por una parte, han tenido un rol indispensable como puente de acceso a la información, han revelado las crueles ejecuciones de las políticas antiinmigrantes con niños y niñas en jaulas en centros de detención, familias siendo detenidas al atravesar México en su intento de llegar a solicitar asilo en las fronteras con Estados Unidos, deportaciones exprés, incertidumbre legal y recientemente nuevos atrapamientos y riesgos ante los cierres de fronteras por la contingencia sanitaria COVID-19.
Por otra parte, también hemos sido testigos de formas de manufactura político-mediática, con bombardeo de información y viralización de las caravanas migrantes, que han dado cabida a la construcción de una serie de discursos xenófobos, posturas y debates con usufructos político-electorales en torno a las poblaciones migrantes.
Con todo lo anterior, las implicaciones humanitarias para el entramado institucional que tradicionalmente ha desarrollado esfuerzos por atender a poblaciones migrantes y deportadas en las localidades fronterizas ha sido rebasada ante el aumento poblaciones susceptibles a protección internacional en espera, ante la continuidad en las deportaciones y los nuevos atrapamientos por el cierre de fronteras frente el escenario de la Pandemia.
A partir de las presiones para recibir solicitantes devueltos por las políticas de externalización estadounidenses, el gobierno federal mexicano por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a través de la Coordinación Nacional del Plan de Atención a Migrantes, en una colaboración intersecretarial entre INM, IMSS, ISSSTE, Sedena, Bienestar, abrieron en octubre de 2019 el Centro de Integración para el Migrante (CIM) Leona Vicario en Ciudad Juárez y dos meses más tarde el Carmen Serdán en Tijuana Baja California.
Dichos centros comenzaron operaciones bajo una serie de críticas y posturas discrepantes entre la infraestructura social de atención al migrante en ambas localidades, así como de la sociedad civil. Estos espacios fueron acondicionados, respectivamente, en naves industriales con capacidad de hasta 3000 literas, cuentan con zona de registro y documentación, pasillo médico, se dividen por galeradas en hombres, mujeres y familias, cuentan con servicios sanitarios de baños y regaderas portátiles, agua, luz y acceso a internet, cocina comunitaria de la Sedena con caja-tráiler del plan D-N-III que tiene una capacidad para preparar hasta 7500 porciones diarias, no cobran servicios de estancia y la permanencia se ofrece mientras dure los procesos de solicitud ante Estados Unidos.
Con base en la declaración de la pandemia COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno estadounidense decidió el 20 de marzo de 2020 cerrar las fronteras para no estadunidenses y permitir únicamente cruces esenciales, además de detener los procesos de asilo, cerrar temporalmente las solicitudes y deportar de forma exprés a México (incluyendo poblaciones hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas). Al día siguiente la Secretaria de Relaciones Exteriores a través de una nota informativa dio a conocer tales decisiones y la valoración para la recepción de poblaciones susceptibles a protección internacional y deportados.
Concebidos ante uno de los escenarios más complejos de la historia migratoria reciente en México y ante la presiones y riesgos económicos de la relación México Estados Unidos, los Centros de Integración para el Migrante representan un esfuerzo federal por desarrollar infraestructura de atención e integración a poblaciones migrantes, diferente a las estancias migratorias del Instituto Nacional de Inmigración. Al mes de mayo los Centros de Integración no contaban con casos de contagio y dentro de estos se han adaptado espacios de distanciamiento para casos sospechosos de acuerdo con indicaciones de la secretaria de salud. Además, en una colaboración entre gobierno federal, gobiernos estatales y OIM se han habilitado espacios de tránsito y filtros para poblaciones regresadas (deportados mexicanos y extranjeros con intención de solicitar asilo) en donde permanecen durante 15 días en observación y posteriormente son conducidos a los Centros de Integración.
Las condiciones de atrapamiento para poblaciones susceptibles a protección internacional se habían gestado previo a la pandemia, cada vez es más complicado obtener asilo, el factor de riesgo por COVID-19 y el cierre de las fronteras aun oscurece más la situación de atrapamiento. Frente a los retos, amenazas e incertidumbres que ha traído la pandemia, el complejo panorama ha exhortado a una mayor articulación y aprovechamiento de las capacidades instaladas de todo el entramado institucional federal, estatal y redes de albergues. Tal articulación como acción pública puede representar los primeros pasos para un horizonte de actuación ante los nuevos atrapamientos.
Emilio Alberto López Reyes
Estudiante del Doctorado en Estudios de Migración en El Colegio de la Frontera Norte
Fuentes:
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (2020), informes globales ACNUR.
Coespo (2019, 2020), ficha informativa de movilidad humana en Ciudad Juárez, Chihuahua: numeralia de la contingencia migratoria.
Hernández-León, R (2012). “La industria de la migración en el sistema migratorio México-Estados Unidos”, en Trace [En línea].
Nyberg Sørensen, N. y Gammeltoft-Hansen, T. (2014). “La comercialización de la migración internacional y los múltiples actores en la industria migratoria La comercialización de la migración internacional y los múltiples actores en la industria migratoria”, en e-dhc, 2 (pp. 6-23).
Organización Internacional para las Migraciones (2020). Migration and migrants: A global overview 2020. Suiza: ONU.
Strauss center (2020) Metering updates.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.