Ha sido la única opción, como no hay cura para el COVID-19, el camino más viable para enfrentar la pandemia ocasionada por esta enfermedad lo representan las estrictas medidas de confinamiento en casa que casi todos los gobiernos han mandatado. Sin embargo, hay muchos casos de personas migrantes en donde cumplir con esta conminación se vuelve no sólo un predicamento, sino una imposibilidad. Esto es así porque las poblaciones migrantes en ciudades fronterizas del norte del país no sólo enfrentan las consecuencias de las disposiciones de quedarse en casa y de guardar medidas de sana distancia lanzada por el gobierno mexicano, sino que también están siendo impactadas por otra serie de medidas en materia migratoria que, bajo el pretexto de contener la pandemia, ha impulsado el gobierno estadunidense.
El escenario actual en materia de política migratoria estadunidense nos ofrece uno de los panoramas más rígidos que hayamos visto. Para empezar, desde finales de marzo las garitas internacionales de entrada entre México y Estados Unidos están cerradas para ciudadanos no americanos y para viajes no esenciales, eso quiere decir que sólo pueden cruzar los estadunidenses (que abundan en ciudades fronterizas, por cierto) y aquellos con comercios esenciales o con urgencias médicas. También, el gobierno norteamericano ha decidido aplazar algunos trámites migratorios hasta nuevo aviso, lo que implica que la solicitud y seguimientos de visas de turista y de trabajo (salvo para aquellos considerados esenciales, como en la agricultura) están canceladas por el momento. Después, se ha anunciado en dos ocasiones el aplazamiento de las audiencias para solicitantes de asilo en Estados Unidos bajo el argumento de ser una medida que protege ante la propagación del COVID-19.
Ilustración: Víctor Solís
Una medida más que el gobierno norteamericano ha implementado es aquella que ahora se ha denominado como “deportaciones exprés”, un nuevo protocolo para llevar a cabo deportaciones aceleradas de mexicanos y centroamericanos indocumentados aprehendidos en la zona fronteriza —incluyendo menores— en alrededor de 96 minutos y sin ningún tipo de protocolo binacional. Por otro lado, los juicios rutinarios de deportación continúan sucediendo, aunque ahora por vía remota, lo que quiere decir que las expulsiones hacia territorio mexicano continúan. Esto es una preocupación sumamente seria ya que están documentados brotes con números alarmantes en centros de detención de migrantes. Incluso, el gobierno guatemalteco ha demandado la cancelación de vuelos de retornados ya que se han descubierto múltiples casos de deportados contagiados con COVID-19. Por otro lado, el centro integrador para el migrante, Leona Vicario, en Ciudad Juárez ha detectado ya el primer brote de COVID-19 entre sus alojados. El virus está siendo importado a nuestros países por la vía de la deportación de migrantes.
Además de estos impactos, la rigidez en materia de política migratoria tiene otras consecuencias directas para las ciudades fronterizas, para las redes de albergues y espacios de atención a poblaciones migrantes y para las propias personas migrantes. Desde hace ya varios años algunos estudiosos de las migraciones y las fronteras, sobre todo en el norte de México, habían pensado a la frontera como un filtro que selecciona a determinadas poblaciones según criterios socioculturales como la raza, la clase, el género, la edad. En ese orden de ideas las ciudades fronterizas aún estaban siendo pensadas como lugares de paso, sin embargo debido a los elevados números de deportación que se sucedieron a partir del régimen de Bush, pero que en los de Obama y Trump se han incrementado exponencialmente, las ciudades de frontera se han venido pensando ya como espacios de retorno.
Sin embargo, hemos visto en los últimos años cómo es que la frontera se ha convertido en un dispositivo que atrapa y precariza movilidades poblacionales trasnacionales. Debido al paulatino reforzamiento de la política migratoria norteamericana y de su aparato geopolítico fronterizo, así como a las violentas y vulnerables condiciones al sur del hemisferio, esta urbe ha dejado de ser un lugar de paso para convertirse en una zona de contención de un circuito migratorio trasnacional. En los últimos años, una diversidad de flujos migratorios de poblaciones precarizadas que circulan en ambas direcciones se han quedado atrapados en ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez: migrantes vulnerables que marchan de sur a norte —como las famosas caravanas migrantes— o deportados que retornan del norte al sur.
En ese sentido, durante la pandemia nos hemos encontrado con una situación que ha tomado forma a lo largo de los años, la frontera como dispositivo que atrapa movilidades poblacionales ha devenido en el hecho de que una diversidad de perfiles migrantes se ha traslapado en ciudades fronterizas y es esta heterogeneidad la que requiere formas de atención segmentadas y especializadas. Entre los perfiles de migrantes que se pueden detectar están: personas solicitantes de asilo en Estados Unidos —sobre todo centroamericanos, enmarcados en las muy visibles caravanas de migrantes de hace un año y medio—, migrantes extranjeros que solicitan refugio en México ante la dificultad de los procesos de solicitar protección internacional en Estados Unidos, migrantes mexicanos deportados de manera acelerada, migrantes mexicanos deportados desde hace tiempo pero que dependen de las redes de albergue y asistencia alimentaria, así como también algunos desplazados forzados internos.
Como siempre, han sido las organizaciones de la sociedad civil, quienes, ante la ausencia de programas integrales de asistencia para estas poblaciones, han fungido como contención para la problemática migratoria en la ciudad. Todos estos perfiles migratorios traslapados en ciudades fronterizas dependen ampliamente de la atención que puedan brindar en sus diferentes modalidades estos espacios. Sin embargo, ante los mandatos de confinamiento y de sana distancia, los albergues han decidido cerrar sus puertas a nuevos ingresos y condicionar las salidas de los mismos con una advertencia de prohibir el reingreso como medida para proteger a la población que ya se encuentra albergada. Por otro lado, los patrocinios y donaciones en especie se han visto drásticamente reducidos en tanto muchos de ellos provenían del otro lado de la frontera que ahora se encuentra cerrada.
Los efectos en la población migrante han sido amplios y se relacionan con una precarización constante de sus situaciones de vida en tanto que son medidas que colaboran a que se acumulen vulnerabilidades en sus de por sí vulnerables condiciones. Por un lado, hay una fuerte posibilidad de que el estatus migratorio de los solicitantes de protección internacional que se encuentran varados en México se torne irregular si las instancias migratorias no tornan medidas inmediatas. Tener un estatus irregular acarrea la problemática, por otro lado, de no poder trabajar y con ello generar ingresos para sustento alimentario y médico; en última instancia, esta situación puede derivar en una deportación.
Además de la reducción en la capacidad de los albergues con las medidas señaladas, la salud y alimentación son otros de los temas que se vuelven prioritarios en la atención a estas personas. No solo por el tema del COVID-19, sino que el acceso a la salud ha sido históricamente un problema para las personas migrantes en tanto que hay un desconocimiento de parte de las instituciones sobre el proceso burocrático que se tiene que llevar al respecto. Los servicios privados de salud, son para ellos impagables. Por su parte, los desayunadores y comedores comunitarios han declarado que ahora hay una mayor demanda por sus servicios los cuales se han visto limitados no solo por la falta de donaciones sino por las medidas de sana distancia. Para solventar esta situación dentro de los albergues o espacios de atención se ha tenido que recurrir a fondos internacionales o a campañas de donación para financiar a los albergues en términos de insumos alimentarios y sanitarios.
Si el endurecimiento paulatino de las políticas migratorias es un factor que ha contribuido al traslape de distintos perfiles de migrantes atrapados en ciudades fronterizas, la implementación de las medidas para contener la pandemia ha tenido efectos directos en los procesos de precarización de las condiciones vitales de migrantes. Ahí las vulnerabilidades se agudizan en tanto los servicios de contención y asistencia, en su mayoría provistos por organizaciones de la sociedad civil, están diezmados. Por lo anterior, se torna urgente la atención focalizada a las diversas poblaciones migrantes que se agolpan en la ciudad. Muchas ideas y recomendaciones han sido difundidas por académicas y académicos,1 con el tiempo, sabremos qué gobiernos fueron omisos en su obligación de proteger los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
Juan Antonio Del Monte Madrigal
Departamento de Estudios Culturales, El Colegio de la Frontera Norte. Editor de este espacio.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.