La espera como mecanismo de disuasión de la política de asilo de Estados Unidos

De acuerdo con la normatividad de Estados Unidos, la persona que busca pedir asilo debe encontrarse en su territorio, ya sea en los puertos de entrada al país (garitas), o bien, puede solicitarlo si la persona ingresó de manera indocumentada y fue detenida (Mossaad, 2019). Sin embargo, contraviniendo con lo originalmente dispuesto en su Ley de Inmigración y Nacionalidad (Chapman, 2019), desde hace cuatro años el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), empezó a disponer de medidas que retrasan el ingreso al país de los aspirantes de asilo que se encuentran en la frontera norte de México. En el trasfondo de esas (in)movilidades (Shapendonck, 2012), se encuentran las medidas de restricción de las migraciones adoptadas e implementadas unilateral o binacionalmente por los gobiernos estadunidense y mexicano.

Primero fue el sistema de cuotas que impuso Estados Unidos en 2016, promovido por el arribo a la frontera norte de México —mayormente concentrada en Tijuana, B. C.—, de miles de personas de nacionalidad haitiana. Un flujo inédito en la historia de la ciudad, tanto por su perfil como por su forma masiva de llegada y por el volumen alcanzado. De los 17 057 haitianos que ingresaron a México por frontera sur en 2016 (UPM, 2017), se calcula que llegaron a Tijuana y Mexicali un aproximado de al menos 8 500 personas (SEDESOL, noviembre de 2016). Como una forma de racionar la recepción de solicitudes de asilo en su aparato burocrático, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), dispuso cuotas diarias que variaban de 30 a 100 solicitudes, claramente insuficientes para la demanda del momento. Esto derivó en la aparición de una lista de espera en Tijuana, donde los aspirantes a solicitar asilo debían anotarse para tomar turno. La lista era manual, rudimentaria, una libreta que se convirtió en “La libreta”. Extraoficial, manejada por los mismos aspirantes y de alguna manera “supervisada” por el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración. En los primeros meses, la espera con este mecanismo se extendió por seis semanas como mínimo (París, 2018, p. 8), mientras que otros cálculos señalaban “de tres meses a más” (CCINM, 2017, p. 1), para que llegara el día de presentar la solicitud en la garita de San Ysidro, Ca., adyacente a Tijuana. Institucionalizada a inicios de 2019, el tiempo de espera alcanzó hasta nueve meses en agosto de ese mismo año (Robert Strauss Center & Center for US-Mexican Studies, 2019). 

Ilustraciones: David Peón

Una segunda medida, también reactiva por parte de Estados Unidos, fueron los eufemísticamente llamados Protocolos de Protección a Migrantes/Migrant Protection Protocolos (MPP, por sus siglas en inglés), decretados en diciembre de 2018. Esta vez fueron las caravanas centroamericanas que llegaron a la frontera norte en noviembre de 2018 las que impulsaron la nueva forma de espera, y esta vez también, Tijuana destacó como punto neurálgico de inicio, estimándose la llegada en más de seis mil caravaneros (El Colef, 2019).

A los Protocolos de Protección a Migrantes se les conoce igualmente como Permanece en México/Remain in Mexico, denominación que describe en qué consiste la medida: la persona migrante presenta su solicitud de asilo en la garita, con lo que inicia su caso y que requerirá de varias audiencias ante el juez. La aceptación de la solicitud estriba en probar la condición de “miedo creíble” que vive en su país de origen. La entrevista de “temor creíble” o de “miedo fundado” es realizada por un agente de la CBP, quien se encarga de ratificar o no el temor/miedo de una persona de regresar a su país de origen por razones de raza, nacionalidad, religión, opinión pública o grupo social, conforme lo establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Durante el tiempo que transcurre entre una audiencia y otra, el solicitante regresa a México, comúnmente a la frontera. Como lo marcan las guías de operación de los Protocolos de Protección a Migrantes firmado por Kirstjen M. Nielsen, entonces Secretaria del DHS, la disposición se ampara en la Sección 235(b)(2)(C) del Acta de Inmigración y Nacionalidad, que faculta a este departamento a disponer que “ciudadanos y nacionales de países distintos a México (originarios de un tercer país) que llegan a los Estados Unidos vía terrestre desde México -ilegalmente [sic] o con la debida documentación-, pueden ser regresados a México […] durante el tiempo que tomen sus procedimientos de remoción” (Homeland Security, 2019).

Con esto, la lista de espera y los Protocolos de Protección a Migrantes resultan en prolongados tiempos de estancia en la frontera mexicana, en un rango bastante variable, pero que, de acuerdo con lo encontrado por nosotros en campo, dura ocho meses en promedio.

Como lo refiere Yéssica, mujer guatemalteca:

Tengo corte el 28 de marzo [2019]. En esa corte no es seguro que uno entre a Estados Unidos. Que van a haber más cortes para pelear el caso. Calculo un año. Como traigo a mi sobrina, ella está desesperada. Ella dice: ´¿qué vamos a hacer aquí? No conocemos a nadie´. Yo sé que no conocemos a nadie, pero le tenemos que echar ganas. Ya estamos aquí. La mayoría de la gente no corre con la suerte que nosotras traemos de estar tan lejos, aquí en Tijuana (Ouillette, Burguess & Silva, 2020).

En distintos niveles, ambas medidas desde 2016 han afectado a poblaciones centroamericanas y caribeñas, pero también africanas y asiáticas que cruzan el territorio mexicano para solicitar asilo en los Estados Unidos.
A esto se suman las medidas tomadas por la emergencia de la pandemia de COVID-19 a partir de marzo: el cierre parcial de la frontera México-Estados Unidos y la suspensión de actividades en las Cortes estadunidenses, paralizando el avance en la lista de espera y postergando todos los casos de asilo hasta nuevo aviso. De esta manera, el confinamiento obligado por la pandemia se ajustó con facilidad a los ya prolongados tiempos de espera. Resulta evidente que las medidas motivadas por la pandemia son de distinta naturaleza que la lista de espera y el MPP. Sin embargo, en la experiencia de las personas que buscan asilo significan una sola cosa: la dilación de su objetivo.

La espera no es un mecanismo fortuito de las políticas migratorias de Estados Unidos en materia de asilo. Es un eficiente mecanismo de disuasión: entre el total de casos que se han abierto a través de los MPP, 49.3 por ciento no estuvo presente en su última audiencia, con lo que se da por concluida la solicitud (Syracuse University, 2020). Los motivos son varios: no están presentes por falta de recursos para dirigirse a las garitas, por desconocer el procedimiento o porque fueron regresados a Guatemala en su calidad de “tercer país seguro” y no pudieron volver a la frontera norte, o porque decidieron no seguir el proceso y buscar otro destino.

Como categoría analítica, la espera se ha trabajado para explicar la interrelación entre tiempo, espacio, las políticas y procesos migratorios y de asilo/refugio caracterizados por las (in)movilidades (Vidal & Musset, 2016; Musset, 2015; Kobelinsky, 2015; Collyer, 2010). La espera, entendida más allá de su esencia temporal y los territorios más allá de su conceptualización geográfica, se disciernen como espacios sociales de jerarquías, vivencias y representaciones. En ese sentido, consideramos que el endurecimiento de la política de asilo estadunidense y el despliegue de la co-gestión securitista de las migraciones por parte del gobierno mexicano han hecho posible que la frontera México-Estados Unidos, y principalmente la de Tijuana-San Diego, se haya convertido en un laboratorio de medidas que dificultan e impiden presentar las solicitudes de asilo por medio de la espera.

Desde el punto de vista de la gobernanza, hemos observado cómo las asociaciones civiles, albergues, grupos de abogados y defensores de los derechos de migrantes, por un lado, y ACNUR, OIM y UNICEF por otro, han operado en modo emergente la espera de los solicitantes de asilo en la frontera. De esa manera, han coadyuvado a su gestión. De hecho, las dos medidas restrictivas que hemos descrito condicionan a las personas solicitantes a unas necesidades de protección internacional especiales. Mientras esperan para poder presentar sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos o en tanto son forzadas a esperar en México, se van generando imperativos en torno a los siguientes aspectos:

• Movilidad: los y las solicitantes eventualmente tienen que moverse desde el lugar de asentamiento en México, ya sea en la misma frontera o al interior del país, para atender las audiencias del lado estadunidense;

• Empleo: el acceso al empleo en la frontera es difícil de conseguir para las personas solicitantes por su condición migratoria;

• Vivienda: las personas solicitantes que no encuentran abrigo en albergues y casas del migrante se ven forzadas a rentar un inmueble o a instalarse en modestos hoteles;

• Alimentación: la comida ofertada en albergues se limita a las personas y familias alojadas, mientras que los desayunadores en Tijuana no se dan abasto en periodos de alta demanda;

• Educación: muchas madres con hijos e hijas dependen de las actividades lúdicas desarrolladas en los albergues, ya que las posibilidades para niñas, niños y adolescentes de instruirse mientras esperan están extremadamente limitadas.;

• Salud: muchas de las poblaciones en espera recorren corredores migratorios largos (desde Centroamérica o incluso desde África), por lo que sus historias están cargadas de desventuras. Las afectaciones emocionales y fisiológicas acumuladas en el tránsito suelen contar con escasa atención en la espera;

• Seguridad: desprotección generalizada, con las personas migrantes expuestas comúnmente a violencia, robos y extorsiones.

Desde el punto de vista de la gubernamentalidad, la espera somete a las personas solicitantes de asilo a una normatividad que es serial (Hage, 2009), dada la correspondencia entre una persona y un número. Además, hacer esperar (en este caso, para solicitar el asilo o tener la respuesta judicial) funciona como una técnica paternalista de generación de dependencia (Khosravi, 2014) de las personas solicitantes hacia el cambiante sistema de asilo estadunidense, concretándose entonces como técnica de compliance, que implica conformidad, observancia y acatamiento (Griffiths, 2014). La “sumisión”, sin embargo, no es total: se le resiste y se le desafía a través de prácticas y de representaciones que enmarcan la experiencia de la espera en la frontera Tijuana-San Diego. De cualquier modo, la espera es un reto.

Aída Silva
FMyP, Universidad Autónoma de Baja California .

Bruno Miranda
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.