México es concebido como un país de origen y de tránsito de migrantes. El éxodo de millones de personas de origen mexicano y centroamericano que transitaron por el país hacia Estados Unidos durante el siglo XX y lo que va del XXI, ha dado forma a esta apreciación.1 Con esto en mente, la política migratoria mexicana ha dado prioridad durante décadas a la protección de mexicanos y mexicanas en el exterior y a la gestión del flujo de migrantes procedentes de Centroamérica en situación irregular cuyo objetivo final, se asume, es establecerse en Estados Unidos. Sin embargo, expertos y expertas de todo el país concuerdan en que México ha cambiado: el movimiento de personas migrantes hoy es mucho más complejo que el de ayer y esto está provocando un cambio en el sistema migratorio del país.
Aun cuando México tiene una posición geográfica estratégica, la cantidad de personas que viven aquí pero que nacieron en el exterior es todavía pequeña en comparación con otros países de la OCDE.2 Aun así, si se suman personas migrantes en tránsito (entre 300 000 y 500 000 por año),3 refugiadas (alrededor de 16 000), repatriadas (alrededor de 200 000 al año)4 y desplazadas internas (alrededor de 11 500 personas en 2018),5 las cifras ya no son marginales (no lo han sido desde hace varios años), y es probable que continúen elevándose en el futuro inmediato. De hecho, especialistas prevén un incremento del retorno de personas de origen mexicano y de expulsiones de personas centroamericanas por la frontera norte como efecto de la covid-19 sobre el mercado de trabajo y del cierre de fronteras que se ha producido en el país vecino. Es por todo lo anterior que podemos afirmar que nos encontramos ante un cambio de paradigma del sistema migratorio. México es también un país de destino. A pesar de esta nueva realidad no ha habido un diálogo amplio con todos los sectores —incluyendo a las instituciones públicas— sobre cómo gestionar la nueva migración, en lo que a integración o acogida se refiere. Si bien las causas de ello son múltiples, trataremos de esbozar las principales a continuación.
Ilustración: Kathia Recio
En primer lugar, la población migrante en México en efecto es baja, en parte porque la política migratoria mexicana ha sido históricamente restrictiva, pero también porque los datos disponibles son insuficientes y no hacen un fiel reflejo de la realidad. Según fuentes oficiales, menos del 1 % de la población residente es extranjera, y una parte de esta población es mexicana por nacimiento (descendientes de migrantes mexicanos en Estados Unidos). En segundo lugar, el poder político, económico y social de México ha centrado toda su atención en exigir a terceros países, principalmente Estados Unidos, un trato más justo para las y los mexicanos, eludiendo sus obligaciones hacia aquellas personas extranjeras que habitan en México. En tercer lugar, hay una decisión manifiesta de omitir la gestión de personas en movilidad de la agenda, dada la impopularidad del fenómeno. Las reacciones negativas por parte de algunos sectores sociales en México ante la apertura de albergues para extranjeros son un buen ejemplo. Finalmente, habría que mencionar el nacionalismo xenófobo, que desde la era posrevolucionaria juega un papel fundamental en los procesos de adopción de decisiones e impide la construcción de políticas migratorias eficaces.
Hasta la fecha, los esfuerzos para poner en marcha una política de integración de migrantes que combata de forma eficaz la exclusión han sido raquíticos y sus efectos, tanto sobre estos migrantes como sobre la sociedad en general, difíciles de medir. Dos ejemplos concretos sobre la falta de acción, así como de los problemas de cohesión social que se pueden generar, son ilustrativos. Primero, en una localidad como Tenosique, Tabasco, donde habitan 60 000 personas y el tránsito constante de migrantes es similar al total de la población registrada, hay un solo hospital comunitario de doce camas. Como señalan diversos actores, la capacidad de este hospital es netamente insuficiente para atender a las 120 000 personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Segundo, la presencia de niñas y niños extranjeros y repatriados es cada vez mayor; de acuerdo con datos de la SEP, en educación básica en el ciclo 2019-2020, se inscribieron 239 639 niñas y niños provenientes de otros países.6 Sin embargo, expertos alertan que la gran mayoría de los maestros y maestras no cuentan con la experiencia ni con las herramientas suficientes para poder hacer frente a las necesidades de estos estudiantes y aún menos para poder aprovechar sus habilidades en beneficio del resto de la comunidad escolar.
Las consecuencias de omitir la dimensión de la migración en lo institucional, lo narrativo o discursivo, en el presupuesto y en el andamiaje jurídico, se hacen sentir en varios frentes. La falta de datos veraces sobre el número y características sociodemográficas de las personas migrantes no sólo dificulta diagnosticar la realidad, sino que también invisibiliza el fenómeno. Pocas encuestas recolectan datos sociodemográficos sobre el país de origen, la nacionalidad o el estatus jurídico de los migrantes.
En segundo lugar, se mantienen o imponen barreras en el ejercicio de distintos derechos: a la identidad, salud, educación, trabajo o vivienda, de las personas en situación de movilidad. En un país como México, donde la provisión de bienes y servicios públicos básicos es limitada, desigual y de muy diversa calidad, la posibilidad de acceder a los servicios generales que tiene la población de origen migrante está muy mermada; y más aún en los casos de vulnerabilidad y de necesidades específicas.
En tercer lugar, se expone a los migrantes, particularmente a las personas indocumentadas, a una situación de extrema vulnerabilidad, primero por la alta probabilidad de ser víctimas de delitos graves (asalto, extorsión, secuestro, trata, violación, desaparición, asesinato), dado el contexto de inseguridad y violencia del país y por la indefensión para poder denunciar ante la autoridad competente, ya sea por la falta de acceso al sistema judicial o por temor a la deportación.
En cuarto lugar, los presupuestos públicos federales no contemplan líneas dirigidas directamente a la integración de personas migrantes, dejando a las distintas Secretarías lidiar con el fenómeno de manera aislada. Por otro lado, el presupuesto asignado a los municipios no contempla los flujos migratorios, lo cual expone a las localidades de recepción a situaciones de enorme presión presupuestaria y competencial.
Finalmente, como lo han documentado diversas encuestas, a partir de las primeras caravanas de octubre de 2018, los discursos y las actitudes xenófobas se han agravado en todo el territorio, con efectos negativos no sólo para las personas que los sufren, sino para la sociedad en su conjunto. Como en otros países, la retórica antiinmigración cuenta con un elevado potencial de convertirse en bandera electoral de partidos extremistas y puede acabar transformándose en una agenda de gobierno abiertamente racista, con consecuencias catastróficas para los derechos humanos y para la viabilidad democrática.
México requiere implementar una política de acogida e integración social, económica y cultural para responder a los desafíos del nuevo sistema migratorio al que se enfrenta. Esta debe sustentarse en un marco normativo e institucional adecuados para la implementación de estrategias de atención inmediata (que cubra las necesidades urgentes tales como el acceso a la salud, alojamiento o asistencia legal). Al mismo tiempo debe contar con estrategias de medio y largo plazo para ofrecer soluciones duraderas en términos de integración social, económica y política; tomando en especial consideración las necesidades particulares de las mujeres y de grupos históricamente discriminados, con una perspectiva de derechos humanos.
La sociedad mexicana es enormemente diversa, resultado de cientos de años de intercambios. Si bien el siglo XX afianzó la falsa idea de la homogeneidad de la identidad mexicana (fundada en el mestizaje como el gran aglutinador, junto con la familia heterosexual, la educación nacionalista en castellano y un catolicismo laxo pero incuestionable), en el siglo XXI sigue pendiente una reflexión colectiva sobre la identidad ante la pluralidad creciente. Es por ello que la construcción de una política pública de integración (y reintegración para retornados) es en realidad una medida de cohesión para la sociedad mexicana en su conjunto. El propósito no es solamente atender las necesidades de personas en situación de movilidad, sino transformar los retos de la movilidad en oportunidades para el desarrollo. La visión de la diversidad como un activo sobre el que se puede consolidar una sociedad democrática que no amenaza, como se suele pensar, los cimientos de la mexicanidad, debe ser un propósito explícito de esta política integral. Habrá que construir una nueva realidad que incluso pueda combatir los componentes excluyentes y autoritarios de una versión de esa mexicanidad que está fundamentada en la cultura del privilegio.
Alexandra Haas
Investigadora Visitante, DEI-CIDE. Fue Presidenta de Conapred de 2016 a 2019.
Elena Sánchez-Montijano
Profesora Investigadora Titular, DEI-CIDE. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
Agradecemos las contribuciones de Andrew Selee, Paula Leite y Carlos Heredia en la realización de este texto.
1 Cfr. OEA, Migración Internacional en las Américas. SICREMI 2017, Organización de los Estados Americanos, Washington, 2017, p. 136.
2 Op. Cit.
3 Ernesto Rodríguez, “Migración centroamericana en tránsito irregular por México. Nuevas cifras y tendencias”.
4 Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
5 Brenda Pérez Vázquez et al., Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Informe 2018, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México, 2019.
6 Estas cifras representan la suma de los registros de las escuelas de todo el país, salvo nueve entidades federativas que no generaron o no entregaron la información sobre la base de sus registros administrativos.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos, y se enmarca dentro del proyecto «Cohesión social: hacia una política pública de integración de migrantes» del Centro de Investigación y Docencia Económicas y con el apoyo de Open Society Foundations.