Salieron de países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil y la India. Su sueño era esencial: sobrevivir, poder proveer a sus familias de lo básico, salir adelante, ser mejores. Tal vez ignoraban que en México estábamos en medio de un campo minado. Eran los tiempos en los que el gobierno de Felipe Calderón tomó la terrible decisión de sacar el ejército a las calles para combatir el crimen organizado. Las consecuencias se contabilizan con cerca de 74 000 personas desaparecidas y 250 000 homicidios violentos de 12 años a la fecha.1
Sus cuerpos fueron localizados el 24 de agosto de 2010 en una bodega abandonada en un rancho conocido como El Huizachal, en San Fernando, Tamaulipas, gracias al testimonio de un sobreviviente que logró llegar a un retén militar que estaba cerca.
La noticia nos paralizó a quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, aunque no nos sorprendió. Desde el año 2009, los albergues y casas de migrantes que están a lo largo de la ruta migratoria en México registraron más de 9000 secuestros de migrantes. Sus testimonios alertaban el peligro en que se encontraban y la colusión de servidores públicos con el crimen organizado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) retomó esta información en un documento posterior.2
Este mes se cumplen 10 años de la masacre, sin que haya una sola persona sentenciada por los hechos, sin que tengamos claro qué fue lo que pasó, por qué lo hicieron, los intereses detrás de los hechos y hasta dónde llegan las complicidades.
La masacre de los 72 migrantes marcó una historia de horror y violencia para quien migra por México. Las atrocidades cometidas contra esta población no pararon ahí. La CNDH publicó un segundo informe3 después de la masacre de los 72 migrantes en el año 2011, el cual documenta cerca de 11 000 secuestros de migrantes más, en un periodo de seis meses. Señala mapas de ocurrencia, lugares más peligrosos y, de nuevo, testimonios que hablan de colusión y participación de agentes del Estado en los secuestros.
En abril de 2011, en el mismo municipio de San Fernando, Tamaulipas, se encontraron 48 fosas clandestinas con cerca de 196 restos. Al año siguiente, mayo de 2012, aparecen sobre una carretera de Cadereyta, Nuevo León, 49 torsos humanos, varios eran de migrantes. En el año 2014 la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundación para la Justicia) documenta otra masacre: la de Güémez, donde se encontraron 16 restos que tenían al menos 10 migrantes guatemaltecos.
¿Qué más tiene que suceder para que se reconozca el tremendo riesgo que corren los migrantes que transitan por nuestro territorio e intentan llegar a Estados Unidos? Si ellos no hubieran sido pobres, indígenas y de zonas de extrema pobreza de México y Centroamérica, ¿nuestro gobierno hubiera reaccionado de manera diferente? Cualquier país en el que se diga que existe una mínima democracia, se hubiera cimbrado por esta violencia extrema. No fue el caso de México. Nuestros migrantes cuentan cuando mandan remesas, no cuando son desaparecidos o ejecutados.
Lograr justicia para estas familias ha sido un camino cuesta arriba. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos —organización que les representa legalmente y les acompaña— inició un litigio en contra de la CNDH porque no había clasificado el caso como grave violación a los derechos humanos, a pesar de los estándares internacionales y de lo señalado por organismos internacionales.4 Mediante juicios de amparos, que algunos duraron más de siete años, se peleó para que las copias de los expedientes fueran entregadas a las víctimas. Desde la Fiscalía General de República imperaban los bloqueos y obstáculos para que las víctimas participaran en las investigaciones.
Luego de una década vale preguntarse: ¿cuáles han sido los escollos para el derecho a la verdad y la justicia en este caso paradigmático de graves violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo hacer frente a una búsqueda de justicia defraudada año tras año? ¿Cuál sería la ruta para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas?
Ilustración: Oliver Flores
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La Secretaría de Marina reportó el 24 de agosto del 2010 a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJ) el descubrimiento de los cuerpos de 72 personas migrantes, cuya muerte fue ocasionada empleando armas de fuego. La mayoría de las víctimas tenían las manos y los pies sujetos con cinchos de plástico, los ojos vendados y signos de tortura.
Las primeras manifestaciones de la opacidad en la información estatal sobre el caso se encuentran en el comunicado emitido por la Marina: el día y la hora de los hechos que ahí se reporta contrasta con los datos del expediente del caso.
La Marina, que participó en el levantamiento de los restos, no ha presentado en el expediente penal toda la información de la diligencia. Sin esos detalles es difícil entender la escena del hallazgo. Hemos sostenido la importancia de que los cuerpos civiles, y no los militares, hagan las investigaciones penales, pues los segundos no cuentan con las capacidades para llevar a cabo estas tareas y se reservan información muy valiosa.
No se sabe con exactitud el número y paradero de los sobrevivientes de la masacre. El ecuatoriano, de quien sabemos más, señala que huyó con otra víctima procedente de El Salvador. El expediente de investigación penal contiene testimonios atribuidos a otro sobreviviente de nacionalidad hondureña sin que se conozca su situación y paradero.
Con la investigación inicial las autoridades locales detuvieron a 15 presuntos integrantes del Cártel de los Zetas, quienes habrían reconocido su participación en los hechos. La opacidad vuelve a surgir frente a la veracidad de las confesiones, pues se desconoce la forma en que fueron recabadas.
Para octubre de 2010, las autoridades habían identificado 50 cuerpos; los repatriaron sin dar mayores explicaciones a las familias de las víctimas ni documentación que sustentara cómo los identificaron.
Como a las familias se les negó el derecho de ver los restos, desconfiaron del proceso de identificación. Se dieron cuenta de que no eran sus familiares porque se revelaron y abrieron los féretros. Las identificaciones se hicieron sin estándares científicos. Hubo un caso en el que los restos de una víctima brasileña se entregaron en Honduras por error.
Se documentaron todas las irregularidades alrededor de los restos que fueron entregados a familias de migrantes. Después con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organizaciones y comités de familias de México y Centroamérica se exigió al gobierno mexicano la creación de una Comisión Forense que pudiera identificar los restos de las masacres de migrantes de San Fernando. Se requerían peritos de la Fiscalía e integrantes del EAAF.
En el año 2013 se firmó este convenio,5 único en el mundo, que permite el cruce de información forense de manera masiva entre los países de Centroamérica y México para tres masacres ocurridas en el norte de la República Mexicana. El trabajo previo del EAAF fue fundamental. Desde años atrás venía construyendo, con actores gubernamentales y no gubernamentales, Bancos de Información Forense en Centroamérica y México. En estos se concentra la información de migrantes desaparecidos, lo cual facilita el intercambio de información forense. Es importante mirar este convenio, que casi es un protocolo para identificación de restos, ahora que se está formando el Mecanismo Forense Extraordinario para la identificación de cerca de 30 000 restos en el país.
Siete familias que acompaña la Fundación para la Justicia dudan sobre la identidad de los restos recibidos. Desde diciembre de 2013, solicitaron a la recién creada Comisión Forense la revisión de las identificaciones para que se aclare si son sus familiares. Se requiere exhumar los restos que están en Guatemala y Brasil, lo cual no se ha logrado ya que Guatemala se niega a que intervengan los peritos que las víctimas han elegido. México, aun con su experiencia en gestiones diplomáticas, no ha podido lograr la voluntad de Guatemala.
Hasta la fecha, 63 víctimas han sido identificadas y repatriadas. Sin embargo, quedan nueve personas por identificar. Se requiere la voluntad de las fiscalías para compartir la información y avanzar con las identificaciones.
Corroborar la identidad de los restos, es un derecho a la verdad de estas familias; vivir en la incertidumbre es una tortura. Como una de las madres dijo: “es una tortura no poder ir ni siquiera a llevarle flores, arreglarle su tumba, porque no estoy segura de que sea mi hija”.
Además de la reparación de los errores en la identificación y entrega de los restos, las familias exigen una investigación efectiva. A pesar de que 15 personas del crimen organizado fueron detenidas en su momento por los hechos, no hay ninguna sentencia. Algo inverosímil en un caso clasificado como grave violación a los derechos humanos. Mientras las fiscalías no sean realmente autónomas y no cambien su modelo de gestión, de organización y de investigación, será muy difícil combatir la impunidad.
Casos como las masacres de migrantes se investigan por separado, sin mirar el contexto social y político que permite que desaparezcan y maten a migrantes. Se debe cambiar el enfoque de investigación de caso a caso, hacia un enfoque de investigación de macrocriminalidad. Se debe contar con equipos de investigación especializados y multidisciplinarios que permitan identificar modus operandi, perfil de víctimas y responsables, la participación de agentes estatales y no estatales. Investigar sobre todo aquellos que están en el nivel superior de la estructura criminal, para así implementar medidas de no repetición.
Esto existe en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual establece modelos de gestión y de investigación mucho más flexibles, que permitan abordar los fenómenos criminales. El problema que se enfrenta hoy es que esta ley no se pone en práctica. De ahí que las familias en el caso de la masacre de San Fernando pidan que se formalice un ejercicio que ya se inició en la Fiscalía de Derechos Humanos: formar un equipo mixto, multidisciplinario, que investigue cuatro casos de masacres ocurridas en Tamaulipas y dos casos masivos de desaparición. Además de contar con el apoyo de un grupo de expertos independientes (una Comisión Especial, como lo dice la Ley Orgánica) que acompañe la investigación, con el apoyo de la ONU.
En cuanto a la reparación del daño, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha entregado reparaciones a algunas víctimas, pero en general ha sido omisa. A diez años de la masacre, en las familias se magnifican las secuelas de la experiencia traumática. Gran parte de los familiares están enfermos, o tienen bajo su cuidado a los hijos de las víctimas sin contar con medidas médicas o de asistencia por parte del Estado.
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Si se parte de que la masacre de los 72 migrantes ha sido clasificada como un caso de graves violaciones a los derechos humanos, el primer paso para romper el silencio y la impunidad es promover una investigación efectiva y exhaustiva de los hechos.
Los pasos para llegar a la justicia implican, sobre todo, la voluntad política desde el nivel más alto de responsabilidad de la FGR y bajo las modalidades que han sido señaladas. Es imprescindible también que se cuente con recursos materiales y humanos para hacer las investigaciones. Las medidas de austeridad han afectado a la justicia, la cual no se debe sacrificar si realmente se quiere combatir la impunidad. La modalidad de investigación que se adopte en este caso será parteaguas para la resolución de otros casos de masacres y desapariciones de personas en México, ocurridas en contextos de macrocriminalidad y violaciones generalizadas.
El camino de la verdad requiere la identificación de los restos y la revisión de aquéllos donde las familias tienen dudas.
El gobierno federal y la Fiscalía General de la República tienen la oportunidad de demostrar su intención de erradicar la impunidad, resolver casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos e implementar verdaderas políticas públicas de prevención y no repetición.
Sólo así, el sistema de justicia y el gobierno federal podrán estar del lado de las víctimas y no de la impunidad.
Ana Lorena Delgadillo Pérez
Abogada. Es socia fundadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Trabajó con el Equipo Argentino de Antropología Forense en proyectos de identificación de mujeres víctimas de feminicidios y proyectos para la identificación de restos de personas migrantes.
1 “Estrategia fallida: 250.000 asesinatos en México desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’”, RT, 24 de mayo de 2018.
2 CNDH, Informe Especial sobre los Casos de Secuestro en contra de Migrantes, 15 de junio de 2009.
3 CNDH, Informe Especial Sobre Secuestro de Migrantes en México, 22 de febrero de 2011.
4 La demanda inicial fue el juicio de amparo indirecto 1386/2015, radicado ante el juzgado quinto de distrito en materia administrativa. Se emitió sentencia el 12 de junio 2017, se presentó recurso y radicó el Amparo en revisión 38/2017 conocido por la Segunda Sala de la SCJN. Se emitió sentencia el 24 de mayo 2017, ordenando se dejara insubsistente el acuerdo emitido por el Comité de Transparencia de la CNDH. El 20 de junio de 2017, en cumplimiento a la sentencia, el quinto visitador general de la CNDH emitió un acuerdo, clasificando el caso como violación grave a los derechos humanos.
5 “Convenio de Colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León que se llevará a cabo por conducto de una Comisión Forense”, Diario Oficial de la Federación, 4 de septiembre de 2013.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.