Estados Unidos es uno de los países más afectados por la pandemia de SARS-COV2. Este hecho nos incumbe no sólo por tratarse de nuestro principal socio comercial, sino porque es el hogar de muchos connacionales, entre ellos 4.9 millones de mexicanos sin documentos migratorios (Pew, 2019). En cualquier parte del mundo, ser inmigrante irregular acarrea más desafíos y obstáculos para acceder a servicios públicos en comparación con cualquier otro inmigrante con un permiso de trabajo en mano. El acceso a servicios de salud no es la excepción, sobre todo, cuando el país “de acogida” se ha propuesto criminalizar la inmigración. Pero, ¿qué implica para un mexicano indocumentado vivir la pandemia por covid-19 en Estados Unidos? Vamos por partes.1
La provisión y utilización de servicios de salud por parte de personas indocumentadas varía según la entidad y localidad de residencia, pero existen denominadores comunes que determinan hoy en día la reforzada situación de vulnerabilidad que experimenta este grupo de connacionales. A grandes rasgos, tales denominadores de carácter histórico pueden sintetizarse en tres: su exclusión de la legislación federal de salud, el efecto de la política migratoria y, los tipos de empleo donde comúnmente se insertan.
Ilustración: Víctor Solís
La Oficina de Salud de las Minorías, encargada de temas relacionados con desigualdades en salud en Estados Unidos, señala que el índice más alto de falta de cobertura médica lo representan los latinos, integrados en su mayoría por mexicanos, frente a cualquier otro grupo étnico en los Estados Unidos (OMH, 2015). Peor aún, las personas en situación irregular están básicamente excluidas de cualquier tipo de cobertura médica subsidiada por el gobierno federal. Para sorpresa de nadie, esta situación no cambió ni siquiera en la coyuntura sanitaria actual y el acceso a un seguro de salud continúa siendo un derecho impensable, tanto para los propios indocumentados como para Trump.
Bajo un modelo de bienestar de corte liberal, este país promueve deliberadamente las inequidades en salud. Ahí donde la salud es vista como una mercancía, la capacidad de pago se convierte en el primer y más importante criterio de elegibilidad, seguido de la ciudadanía. En este contexto, los extranjeros son evaluados desde una postura arrogante para decidir, independientemente de la necesidad en salud, quién puede acceder a un seguro médico. Por otro lado, el pequeño segmento público que sobrevive dentro del sistema de salud estadounidense se conforma por programas de asistencia dirigidos a la población más empobrecida, sin embargo, no basta ubicarse por debajo de la línea de pobreza para ser beneficiario/a, también es necesario contar con un número de seguridad social y es aquí donde muchos indocumentados quedan fuera.
La no-elegibilidad de las personas indocumentadas a cobertura médica está respaldada en un vasto repertorio legislativo. Un antecedente importante se plasma en la Immigration and Nationality Act (INA) promulgada en 1952, donde se considera inadmisible el ingreso al país de personas que puedan convertirse en carga pública. En el mismo tenor, el presidente Clinton firmó en 1996 el Personal Responsibility and Work Opportunities Reconciliation Act (PRWORA) que buscó desalentar el uso de programas de bienestar en la población inmigrante y creó varios criterios de elegibilidad donde los indocumentados figuraban únicamente para acceder a atención médica de emergencia a través de Medicaid.2 Otro ejemplo es la reforma en salud denominada Affortable Care Act (ACA) firmada por Obama en 2010 que ratificó la invisibilidad de los indocumentados para adquirir un seguro médico. La gravedad de esta exclusión se supera a sí misma cuando entra en escena una pandemia.
Como en varias partes del mundo, el gobierno estadounidense aprobó estímulos federales para hacer frente a los efectos causados por el covid-19 en las familias. En marzo de 2020, el Congreso dio luz verde a varios proyectos de ley en los rubros financiero, alimentario y atención médica (MIRA, 2020). Las personas que hasta entonces habían sido excluidas de los programas públicos federales, tampoco fueron contabilizadas como beneficiarias de estas iniciativas. Por ejemplo, las leyes conocidas comoFamilies First y CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) ampliaron los fondos para pruebas gratuitas de covid-19 a través de Medicaid y entregaron estímulos en efectivo individuales y familiares; en ambos casos, los criterios de elegibilidad que antes dejaron fuera a personas indocumentadas se hicieron efectivos (NILC, 2020). La única ayuda indirecta que llegó a los indocumentados fue mediante la inversión de 1 300 millones de dólares para surtir pruebas covid-19 a los centros de salud comunitarios, lugares donde suele acudir esta población.3
Afortunadamente, las pruebas gratuitas han estado poco a poco disponibles a través de otras vías que no evalúan el estatus migratorio. Además de las redes de centros de salud comunitarios, otras asociaciones sin fines de lucro y organizaciones internacionales han actuado a nivel local desde una visión de derechos humanos como contrapesos de la política federal. También algunos consulados mexicanos han comenzado a montar centros de pruebas covid-19 y algunos gobiernos estatales incluyeron estas pruebas y el tratamiento de coronavirus como parte de los servicios de Medicaid de emergencia con el fin de incluir a toda la población.
Las iniciativas promigrantes tienen el enorme reto de reconstruir la confianza en personas indocumentadas que, por temor a una deportación, evitan pedir ayuda médica en medio de la contingencia sanitaria. Varias investigaciones han documentado una baja en la utilización de servicios de salud de los inmigrantes debido al discurso oficial criminalizante, a la nueva ley de carga pública promulgada en febrero de este año y al alza en las detenciones realizadas por agentes migratorios.
A inicios de la pandemia en Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS en inglés) anunció que el uso de pruebas y tratamiento para covid-19 no implicaría ningún perjuicio a los inmigrantes en futuras evaluaciones de carga pública (Barton, 2020); y mientras eso sucedía, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) intensificaba sus acciones y realizó expulsiones exprés justificándose en argumentos de salud pública. Estos mensajes contradictorios generan confusión en la población inmigrante, quien se enfrenta a la dificultad de distinguir a qué servicios de salud pueden acudir sin correr el riesgo de ser arrestados.
Durante esta coyuntura, los trabajadores indocumentados han salido a relucir nuevamente por su ininterrumpida labor de ese país y por su alta vulnerabilidad frente al virus. Alrededor de 280 000 personas sin documentos trabajan en la atención médica como asistentes de enfermería o cuidadoras en hogares, incluidos 62 600 que son elegibles para DACA. A ellos se suman otros miles de trabajadores considerados “esenciales” por estar en primera línea de combate contra el coronavirus en áreas como la alimentación, transporte, farmacias, o limpieza (NAE, 2020). No obstante, nada de esto justificó su inclusión en los apoyos federales.
La pandemia pudo significar un momento histórico en Estados Unidos para reconocer legalmente la presencia de todos los inmigrantes como lo hizo el gobierno italiano al regular a 25 000 inmigrantes que trabajan en la agricultura (Verdú, 2020). Contrario a cualquier expectativa, esta crisis sirvió para confirmar la rigidez y crudeza de la política migratoria y la legislación en salud de un país que sigue quedando en deuda con la comunidad inmigrante.
Yetzi Rosales Martinez
Catedrática-Conacyt adscrita al Departamento de Estudios de Población en El Colegio de la Frontera Norte, sede Monterrey. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales.
Referencias
Passel J. & Cohn, D. (2019). Mexicans decline to less than half the U.S. unauthorized immigrant population for the first time, Pew Research Center, June.
OMH. (2015) La salud hipana/latina en EE. UU. US Department of Health and Human Services Office of Minority Health.
NILC. (2020). Update on Access to Health Care for Immigrants and Their Families. National Immigration Law Center, Last updated MAY 27, 2020.
Ronald J.A. (2010). Reviewed Work(s): Immigrants and Welfare: The Impact of Welfare Reform on America’s Newcomers by Michael Fix. Contemporary Sociology, September, Vol. 39, No. 5 (September), pp. 568-569.
DHS. (1952) Immigration and Nationality Act, Inadmissible aliens, Última Revisión/Actualización: 07/10/2019.
MIRA (2020). The Impact of COVID-19 on Immigrants in Massachusetts: Insights from our Community Survey. Written by Marion Davis for the Massachusetts Immigrant and Refugee Commission. Boston, Mass.
Barton, A. (2020). “Grupos comunitarios ofrecen ayuda y pruebas de COVID-19 a inmigrantes”, CronkiteNews Arizona PBS, 12 de junio.
USCIS (2020). Public Charge. Department of Homeland Security, disponible aquí.
NAE. (2020). Undocumented Immigrants and the Covid-19 Crisis. New American Economy. Research Fund, April 4.
Verdú, D. (2020). “La regularización masiva de inmigrantes sacude la política italiana”. El País, Roma, 14 de mayo.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Esta colaboración proviene de los trabajos en el proyecto de investigación “Las ciudades santuario como fronteras emergentes. Dinámicas transnacionales y espacios vividos de mexicanos indocumentados en Estados Unidos”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
2 Ronald J. Angel (2010). “Reviewed Work(s): Immigrants and Welfare: The Impact of Welfare Reform on America’s Newcomers” by Michael Fix. Contemporary Sociology, September, Vol. 39, No. 5 (September 2010), pp. 568-569.
3 (Barton, 2020).