El inicio de las “caravanas migrantes” en 2018 ha implicado el arribo constante de población que busca asilo político en Estados Unidos (EE. UU.). El también llamado “Éxodo Migrante” ha conducido a una crisis de las instituciones que atienden a esta población en las ciudades fronterizas. Partiendo de un diagnóstico que requería la disminución del flujo de migrantes solicitantes de asilo, aglomerados en las estaciones de detención en EE. UU., se inició el Programa de Protección de Migrantes (MPP en inglés), también conocido como Remain in Mexico.
Implementado desde enero del 2019, Remain in México se concibe como una acción del gobierno estadunidense para que las personas que ingresen por cualquier puerto de entrada a solicitar asilo internacional sean regresadas a México a esperar la resolución de su proceso. Ante el crecimiento de las listas y el tiempo de espera en los puertos de entrada de Ciudad Juárez y Tijuana, Nogales se fue convirtiendo en un puerto atractivo. Se corrió la voz de que las listas de espera para cruzar e iniciar el proceso de asilo no eran tan abultadas como en aquellas ciudades. Así, desde finales del 2019 y principios del 2020 se ha observado la llegada de grupos pequeños, pero crecientes de migrantes de diferentes nacionalidades. El paisaje urbano de la ciudad se ha transformado con una migración “inédita” de personas con diferentes acentos y nacionalidades.
Ilustración: Estelí Meza
Lo inédito de este flujo migratorio es que, a diferencia de otras oleadas migrantes que habían llegado a la ciudad, ésta se distingue por su marcada diferenciación social. Por un lado, un grupo de migrantes que se hospeda en cuartos de alquiler (provenientes de Cuba y Venezuela) y hoteles de la ciudad (de Rusia mayoritariamente), con un nivel de calificación de mediano a alto (profesionistas o con educación media superior), y con recursos suficientes para transportarse y vivir “cómodamente”; y por otro, un grupo de mayor volumen proveniente de países del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), que viven en albergues de la ciudad, de baja calificación (6 o menos años de escuela), con rasgos visibles de precariedad (en su vestimenta) y escasos recursos para movilizarse.
Otro rasgo distintivo es que aun cuando tomó por sorpresa a las autoridades, éstas lograron una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno que permitió gestionar el flujo que llegaba a la ciudad. En su momento la policía local y personal dependiente del presidente municipal, se encargó de organizar la lista de migrantes para cruzar (mediante la emisión de Códigos QR para cada migrante); mientras que las autoridades migratorias se coordinaron con sus pares en Nogales, Arizona para ir cruzando grupos reducidos de personas. Según el día, se determinaba la nacionalidad con que eran admitidos. Una vez “del otro lado” los migrantes iniciaban el trámite ante las autoridades migratorias estadunidenses, quienes una vez procesada su solicitud los enviaban de regreso a Nogales, Sonora. Este retorno se hacía en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas en días y horas específicas (véase foto). En este punto, a los migrantes retornados se les tramitaba un permiso especial y una CURP como medio de identificación, se les daba un desayuno (manzana, yogurt y jugo) y, si era necesario, en la misma oficina migratoria podían cobrar algún envío desde EE. UU., pues existía un cajero y una ventanilla de un banco para disponer de efectivo. Posteriormente, el Grupo Beta o la policía municipal los conducía a los albergues que tuvieran disponibilidad para recibirlos.
Fotografía tomada en la Estación Migratoria Denis De Concini por Humberto García-Jiménez
En esta coyuntura, la sede Nogales de El Colegio de la Frontera Norte se dio a la tarea de documentar y estudiar este fenómeno. El proyecto “Encuesta sobre la Condición de Extranjeros bajo los Protocolos de Protección a Migrantes en Nogales 2020” tuvo como objetivo dimensionar y caracterizar a los migrantes internacionales solicitantes de asilo en la ciudad. Con recursos del fideicomiso de El Colegio de la Frontera Norte, el proyecto se basó en un estudio previo coordinado por la Dra. Inés Barrios de la O en Ciudad Juárez. Se aplicó una encuesta a migrantes en tres puntos: la Estación migratoria Denis De Concini, la explanada del Grupo Beta y el Albergue Juan Bosco; entre los meses de febrero y marzo. El estudio obtuvo información de 108 familias y 131 migrantes.
Las principales características de los migrantes que se encuentran bajo los protocolos del MPP en Nogales son las siguientes: 1) la mayoría de los migrantes son mujeres (60 % vs 39.1 % de hombres), 2) se trata de una población infantil y juvenil mayoritaria, (49 % son menores de edad y 40 % tienen entre 19 y 49 años), 3) en conjunto dos terceras partes provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador. Otros grupos provienen de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Ecuador. Sin aparecer en la muestra también se documentó la existencia de migrantes provenientes de Rusia. Por último, esta población ha migrado huyendo de las amenazas y extorsión (46 %), la violencia por narcotráfico (24 %) y la inseguridad pública (28 %).
Con el inicio de la pandemia, el operativo de campo tuvo que ser suspendido, mientras que el Programa de Protección al Migrante prácticamente desapareció. Este hecho ha profundizado la vulnerabilidad de la población migrante en Nogales. Si antes de la pandemia solo 1 de cada 10 solicitudes obtenían el asilo, con el cierre del programa los tiempos de espera se han disparado y las posibilidades de asilo se han esfumado.
Al inicio de la pandemia, la investigación documentó que el 26 % de los migrantes en Nogales se encontraba en lista de espera para iniciar su trámite, y el resto ya tenía su primera audiencia en El Paso, Texas. Con el inicio de la contingencia, los tiempos de espera se han llenado de incertidumbre. Antes, el proceso de trámite podía durar hasta 8 meses, ahora, no se sabe cuando iniciarán las cortes a procesar las solicitudes, ni a qué ritmo se irán solventando los casos pendientes. Paulatinamente, la ciudad se ha transformado de ser un sitio de tránsito hacia uno de estancamiento o, quizás, destino para esta población migrante.
Si hasta antes de la pandemia su expectativa oscilaba entre “no saber que hacer” o “intentar el cruce irregular”; con el covid-19 este grupo ha quedado varado en las ciudades fronterizas, incrementando la posibilidad de contagio por la saturación de los albergues. Un dato que documenta lo anterior es que (hasta marzo de este año) la capacidad instalada de los albergues era de aproximadamente 879 lugares (Colef, 2020); en contraste, según datos de la estación migratoria del INM, de marzo a septiembre Nogales habría recibido a 10,346 personas deportadas solo de México (INM, 2020). Esta situación está determinando que una parte significativa de los migrantes que se encuentran en Nogales no tenga refugio seguro.
Además, con la implementación del título 42 por parte de las autoridades migratorias estadunidenses (que permite deportar migrantes por cualquier punto de la frontera, incluso en horas no laborables en los puestos de migración), la capacidad de control sobre las condiciones de salud se ha visto significativamente disminuida. Con estas acciones de deportación masiva no se tiene certeza sobre el tipo de enfermedades con las que llega esta población, ni su adecuado control en el contexto de la pandemia. La situación es más preocupante si se considera que, según nuestra encuesta, el 90 % de los migrantes llegados a la ciudad tiene en las vías respiratorias su principal problema de salud.
Ante este panorama, ¿qué se puede hacer? en primer lugar, se necesita que las autoridades federales, estatales y municipales con apoyo de organismos internacionales (tales como la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados) se coordinen para la creación de un Centro Integral de Atención al Migrante. Esta medida es indispensable para evitar el proceso ambulatorio que tiene esta población en la ciudad y también para tener un mayor control sobre sus condiciones de salud.
En segundo lugar, ante la posibilidad de que una parte se quede a vivir en Nogales, se requieren políticas de integración al tejido social y productivo local. En especial, aquellas vinculadas con la posibilidad de tener documentos para trabajar. Esto permitiría que esta población tenga los medios que le permitan ganar lo necesario para su manutención. Aquí, la sociedad civil tendrá que encontrar los cauces necesarios que procuren aprovechar las capacidades de los migrantes en bien de Nogales. Me parece que con visión y voluntad de los actores sociales se puede lograr este sincretismo virtuoso. Por último, considero que es necesario crear nuevas líneas de investigación desde diferentes enfoques analíticos. Se espera que a este proyecto le sigan muchos otros que permitan visibilizar la problemática migratoria en esta parte de la frontera sonorense.
Humberto García-Jiménez
Investigador del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte, sede Nogales.
Referencias
• Colef (2020) Documento de Contingencia # 2 Poblaciones vulnerables ante el covid-19. Disponible aquí.
• Instituto Nacional de Migración (2020). Punto de Repatriación Garita Nogales I, Sonora del 1º de marzo al 30 de septiembre del 2020.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.