En el 2013 la cantidad de menores indocumentados que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos duplicó la del año anterior. Para el año siguiente la cifra volvió a duplicarse alcanzando aproximadamente 60 000 menores sin compañía que huían de México y Centroamérica, principalmente. Ya en ese momento tanto las autoridades como la infraestructura estatal se veían rebasadas por el tamaño de la crisis.
A pesar de los intentos del gobierno de Trump por desincentivar la migración a su país, los números han seguido en aumento: en el 2019, se contabilizaron más de 70 000 niños indocumentados que buscaban ingresar a los Estados Unidos, a los que se suman los detenidos en la frontera sur de México (más de 40 000).
Ilustración: Víctor Solís
Durante su campaña, Joe Biden ha prometido implementar una política migratoria que, aunque de manera conservadora, buscará restaurar el orden establecido con la reactivación de programas como DACA y TPS, admitiendo a 125 000 refugiados y ampliando las oportunidades de regularización para los indocumentados.
Biden anunció una “vuelta a la normalidad” después del mandato de Trump. “Los estadounidenses quieren que su gobierno funcione, y no creo que eso sea mucho pedir” dijo en el discurso de lanzamiento de su campaña.
¿Qué significa que el gobierno funcione? La normalidad que promueve Biden es una vuelta al funcionamiento de la maquinaria migratoria puesta en marcha en el gobierno de Obama que, hasta ese momento, nunca había contado con tal cantidad de recursos y un marco legal tan robusto. Lo que Biden propone es que el sistema migratorio pase del rechazo y la expulsión de los menores (forma que tomó durante el gobierno de Trump) a su procesamiento. Aquí propongo una visión de ese proceso.
En su libro Los niños perdidos (Un ensayo en cuarenta preguntas) Valeria Luiselli relata su experiencia trabajando como intérprete en una corte federal de inmigración en Nueva York. Su tarea consistía en aplicar un cuestionario a niños indocumentados que cruzaron la frontera solos. Las respuestas que recababa serían posteriormente evaluadas por los abogados, quienes determinaban si el caso del menor en cuestión ameritaba defensa ante los jueces para buscar la permanencia legal en el país.
Por un lado, se encuentra el aparato jurídico estadounidense, que detenta un saber y un discurso sistematizados, por el otro, los niños y su palabra (su no-discurso). Para determinar el estatus migratorio de cada niño el sistema ha aplicado una serie de mecanismos de los que el cuestionario, los intérpretes, lo abogados y los jueces son instancias.
La palabra de los niños proviene de un lugar que es, en varios sentidos, un lugar otro: son extranjeros, son pobres, son niños que “ (…) pronuncian palabras reticentes, palabras llenas de desconfianza(…). Hay que traducir esas palabras a otro idioma (…), transformarlas en un relato coherente, y reescribir todo eso buscando términos legales claros”.1 Frente al cuestionario, que busca datos y respuestas unívocas, los niños contestan ambigüedades, imprecisiones o muestran franca estupefacción. Se vuelve evidente que entre ellos y el cuestionario existe un abismo de significado.
“¿Alguna vez te metiste en problemas en tu casa cuando vivías en tu país?
No.
¿Cómo te castigaban ahí si hacías algo malo?
No.
¿Cada cuánto te castigaban?
Casi nunca.
¿Tú o algún miembro de tu familia tiene alguna enfermedad que requiera atención especial?
¿Que qué?”2
Una y otra vez los niños se colocan en un lugar que el cuestionario no puede alcanzar. El sistema jurídico se empeña en extraer de ellos elementos suficientes para construir una ficción con la que pueda operar. Ellos, con sus respuestas, se resisten a ser suplantados y “poseídos”3 por el aparato.
Hay un saber que se presenta como “capaz de nombrar”.4 Los niños aparecen frente al sistema migratorio como un “otro” que ese sistema debe absorber para así procesarlos. El objetivo del cuestionario que los intérpretes de las cortes estadounidenses aplican a los niños indocumentados, es reunir información suficiente para determinar si ameritan o no defensa legal para impedir una orden de deportación. El cuestionario busca nombrar, definir la posición que ocupa cada caso específico al interior del discurso jurídico.
Los nombres a los que pueden aspirar los niños están conformados por los distintos permisos de permanencia en el país que otorga la corte: asilo político o visa de Estatus Especial Juvenil (EEJ) que a su vez se divide en las visas U y T. Según las respuestas que den en sus entrevistas se les asignará uno u otro “nombre”. A quienes son perseguidos con base en su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política o su pertenencia a un grupo social particular les corresponde el asilo político; a quienes han sido víctimas de crímenes, de abuso mental o físico dentro de EE. UU., se les otorga la visa EEJ U, y a quienes son víctimas de tráfico de personas les será asignada la visa EEJ T.5
El nombre asegura un lugar en la práctica sociolingüística y determina una serie de movimientos. Una vez establecido el estatus migratorio, los niños pasan de ser “aliens” (que es como la ley migratoria llama a las personas no estadounidenses), a ser los nombres que la corte les otorga con los beneficios que esto implica.
A lo largo del libro de Luiselli, la incompatibilidad entre las historias de los menores y las preguntas del cuestionario genera frustración. Uno quisiera que los niños contestaran las cosas necesarias para impedir su deportación.
“Sus respuestas no servían. Lo que necesitaba escuchar, aunque no quería escucharlo, era que las niñas hacían trabajos forzosos, trabajos que ponían su seguridad e integridad en peligro, que eran explotadas, abusadas, castigadas. Si las respuestas de las niñas no cumplían con lo que la ley dictaba como razón suficiente para que tuvieran derecho a ser protegidas, el único final posible de la historia era una orden de deportación”.6
La posibilidad de insertarse en el discurso jurídico resulta un factor decisivo para establecer el estatus migratorio de los menores. Esto es probablemente lo más siniestro de estos hechos, que de la posibilidad de ser “poseído” por el sistema y su discurso dependa el ser deportado o no. A la determinación de un estatus migratorio le corresponde una administración. El sistema jurídico, en este caso, reduce lo humano a lo burocrático.
El cuestionario posibilita e incorpora una palabra al tiempo que cancela otra. Los niños, se ven envueltos en una escena donde la posibilidad de su decir esta supeditada a utilizar el código del saber que se les impone.
Las promesas del presidente electo se limitan a proponer una refuncionalización del sistema migratorio y ese sistema no puede operar sin cercenar la experiencia de aquellos a quienes procesa. Biden afirma que sabe cómo hacer que un gobierno funcione, “no porque hable o tuiteé sobre ello”, sino porque lo ha hecho en el pasado, como vicepresidente de un gobierno cuyo mandatario fue apodado “Deporter in chief”.
Para que el sistema migratorio funcione debe escindir el relato de los niños, seleccionando los elementos que puedan ser inscritos dentro los límites de su discurso. Pero eso que deja fuera no se pierde, genera un margen que permite disputar al cuestionario junto a todo el sistema del que forma parte.
“Hay un lado invisible del cuestionario, un lado en donde las respuestas de los niños, o más bien los ecos de sus respuestas, siguen volviendo, rebotando, desdoblándose en más y más preguntas que no se formulan (…)”.7
Esos “ecos” son la huella que se imprime en el discurso enajenador. “La alteridad dominada (poseída) por el discurso guarda, latente, el poder de convertirse en una aparición fantástica, más aún, en un posesor”.8
El libro de Luiselli puede verse como el desarrollo de la “herida” que la palabra de los niños le abre al cuestionario, es la escritura de esa huella. E incluso allí (o en este texto que escribo) pueden regresar sus “ecos”, amenazantes con echarlo abajo.
Joaquín Martínez Terrón
Licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Valeria Luiselli, Los niños perdidos. Un ensayo en cuarenta preguntas, México, Sexto Piso, 2016, p. 15.
2 Ibíd., pp. 59-60.
3 Estas dos posiciones (la de una saber y la de un sujeto que ese saber busca incorporar) son identificadas por el historiador francés Michel de Certeau al analizar el fenómeno de la posesión demoniaca en el siglo XVII. El exorcista ocupa la posición del saber (demonológico), mientras que la posesa la del sujeto cuya palabra el saber se empeña en incorporar. De Certeau concentra sus reflexiones en el famoso caso de posesión colectiva en el convento de monjas ursulinas en la ciudad de Loudun. El autor también refiere la relación que se da entre el psiquiatra y el loco, donde de nuevo existe un saber estructurado que busca abarcar a su “otro”, en este caso el enfermo. (Michel de Certeau, La escritura de la historia, México, Universidad Iberoamericana, 2010, pp. 235-250)
4 Ibíd., p. 238.
5 Valeria Luiselli, op. cit., pp. 55-56.
6 Ibíd., p. 61.
7 Ibíd., p. 50.
8 Michel de Certeau, op. cit., p. 241.