El 3 de noviembre culminó una de las elecciones más atípicas por la presidencia de Estados Unidos en la historia reciente. En espera de la oficialización de los resultados, Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos tras derrotar a Donald Trump, que buscaba reelegirse. La vicepresidencia será gestionada por Kamala Harris, hija de migrantes y primera mujer en ocupar el puesto. El primer apunte positivo sobre los resultados es que, en esta ocasión, el colegio electoral y el voto popular coincidieron en el ganador, después de la brecha entre los resultados de uno y otro en 2016.1
A medida que la tensión política disminuya en las próximas semanas y los resultados se acepten por medio de la consolidación legal y el debate público, la discusión empezará a girar en torno a las acciones finales del gobierno que termina y, principalmente, en las del gobierno que entra. El martes 3 de noviembre también se renovaron los 435 asientos de la Cámara de representantes y 35 de los 100 asientos del Senado. La capacidad de maniobra del nuevo presidente estará delimitada en gran medida por la nueva composición del poder legislativo, donde el partido Demócrata logró mantener la mayoría en la Cámara de Representantes (aunque con un margen menor al esperado), pero todavía es incierto si logrará la mayoría simple en la cámara alta.2
La presidencia de Donald Trump se caracterizó por los ataques verbales y políticos hacia sectores minoritarios de la sociedad estadunidense que no eran parte de su electorado. En ese entorno, Biden ofreció en la campaña una presidencia que buscará detener y revertir el proceso de división política y social en aquel país. Uno de los aspectos más importantes en los que debe actuar el nuevo gobierno para apelar a la unidad es la política dirigida hacia comunidades migrantes. Ante el inicio de una presidencia sobre la que pesan expectativas altas, es necesario repasar las promesas de campaña, los alcances y los límites que el nuevo presidente tendrá en esta materia.
Ilustración: Belén García Monroy
En primer lugar, Biden prometió anular las medidas migratorias más radicales del cuatrienio de Trump durante los primeros 100 días de su gobierno. Se puede esperar que las políticas menos complicadas de revertir serán las que se implementaron por medio de órdenes ejecutivas.3 Entre ellas está la prohibición de la entrada de originarios de países de mayoría musulmana —conocida como Muslim ban—, la redirección de fondos federales para la construcción de un muro en la frontera sur, el ataque a ciudades y estados “santuario”, la firma de convenios entre agencias persecutorias federales y policías locales para tareas migratorias, y la reapertura de programas como DACA y los TPS.4
Otro tipo de cambios en política migratoria presumiblemente sencillos de realizar son los asociados a la práctica y la interpretación de la ley. En este grupo se puede esperar la normalización de los procedimientos de obtención de residencia legal permanente y ciudadanía, el aumento en el número de refugiados admitidos en el país (que se redujo casi a cero con Trump), el regreso a la prioridad en deportaciones sólo a indocumentados acusados de crímenes graves, y la reunificación familiar en tareas de persecución migratoria, por mencionar algunos de los más importantes.
La reforma o desaparición del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) también está entre las acciones en manos del ejecutivo que Biden podría implementar para alcanzar cambios fundamentales en la política migratoria de su gobierno. Durante la precampaña, la desaparición total de esta oficina —muy criticada por sus métodos y criterios de detención de indocumentados, que aumentó su crueldad bajo la política de cero tolerancia a indocumentados del gobierno de Trump— fue propuesta por otros precandidatos demócratas. Al respecto, Biden se negó a pronunciarse, tal vez por ser un tema muy controversial para cierta parte del electorado.5 Es poco probable que se plantee su desaparición debido a que Biden apela a una política moderada y atacar a esa oficina podría profundizar la división política y arriesgaría el apoyo de votantes indecisos. En su lugar, se puede esperar que el nuevo presidente retome la práctica del gobierno de Obama que priorizaba la deportación de indocumentados con cargos por delitos graves y, además, reduzca el tamaño de una oficina que con Trump creció a niveles alarmantes en recursos, personal y capacidades.
A pesar del margen aparentemente amplio de acciones, las posibilidades de Joe Biden de alcanzar cambios profundos en favor de los migrantes se verán muy reducidas cuando intente cumplir promesas que escapen de sus facultades como titular del ejecutivo —como ocurrió con sus dos antecesores. La polarización política estadunidense actual, que imposibilita arreglos bipartidistas en legislaturas sin mayorías sólidas en ambas cámaras, ha ocasionado que en los últimos años se haya recurrido cada vez más a los decretos presidenciales para temas migratorios. Como consecuencia, en los últimos años las medidas presidenciales en esta materia tienen dos características principales: se usan para obtener resultados en el corto plazo (comúnmente asociados a promesas de campaña) y tienen bases legales muy endebles.
La presidencia de Biden enfrentará un obstáculo importante cuando recurra a las órdenes ejecutivas para hacer cambios en materia migratoria: el Poder Judicial. Con apoyo de la mayoría republicana en el Senado, Trump logró nombrar a tres jueces para la Suprema Corte —con los que se formó una distribución de seis a tres en favor de los justices conservadores— y el nombramiento récord de más de 50 jueces de circuito —los inmediatamente inferiores a la Suprema Corte. Con esa composición del Poder Judicial es probable que las órdenes ejecutivas similares a DACA enfrenten desafíos legales que, en caso de escalar hasta la Suprema Corte, prosperarían.
Biden reconoció en el segundo debate presidencial que un error del gobierno de Obama fue centrarse en las deportaciones, pero mencionó que, gracias a su experiencia como vicepresidente, haría los cambios necesarios para mantener control de la migración en la frontera sur. Como parte de este plan de reforma migratoria, en el debate reafirmó su compromiso de proponer una ley para ofrecer un camino de regularización migratoria para 11 millones de indocumentados. Vale la pena acotar que durante el resto de la campaña su propuesta de regularización sólo se refería a los beneficiarios de DACA y TPS, un objetivo relativamente más asequible.
Lo importante de una propuesta como esa, sean quienes fueren los beneficiarios, es que deberá discutirse en el Congreso. Si la tendencia a la división en el poder legislativo continúa es esperable que estas no prosperen debido a que, aunque podrían alcanzar la mayoría necesaria en la Cámara de Representantes, un eventual Senado sin mayoría sólida demócrata (como el que se perfila) las bloquearía.6 Como obstáculo adicional para Biden, en comparación con sus antecesores, es que estos iniciaron con mayorías más claras en ambas cámaras en sus primeros dos años de gobierno y aun así no lograron una reforma migratoria profunda.
En medio de las certezas sobre lo posible y la incertidumbre acerca de las limitaciones que tendrá Biden, no hay garantías de que éste buscará explícitamente arreglos benéficos para México y sus migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, se puede estimar que el país se beneficiará con el regreso de cierta normalidad institucional. No se deben olvidar episodios como el chantaje de Trump al gobierno mexicano con la amenaza de la imposición de aranceles si México no reducía el número de personas que llegaban a la frontera norte del país para pedir asilo en Estados Unidos. Como consecuencia, Trump logró que México se convirtiera en un tercer país seguro en la práctica.
A pesar de que una reforma migratoria benéfica para la comunidad mexicana indocumentada en Estados Unidos,7 acciones probables del nuevo gobierno estadunidense como la reunificación familiar, el procesamiento de solicitudes de asilo dentro de Estados Unidos, la priorización para deportar sólo indocumentados que hayan cometido delitos graves, entre otras, darán cierto alivio a la comunidad mexicana en Estados Unidos y reducirán la incertidumbre del gobierno mexicano respecto a su contraparte al norte del río Bravo.
En conclusión, la descripción del entorno político que aguarda al futuro presidente Joe Biden es fundamental para pronosticar que en política migratoria no es probable que arriesgue batallas que no estime seguras. El presidente demócrata se centrará en desmantelar las medidas más radicales que instauró el gobierno de Trump en detrimento de las comunidades migrantes y los indocumentados. Sin embargo, como en las dos presidencias pasadas, será poco probable realizar una reforma migratoria profunda, que se adapte a sus promesas de campaña y a las aspiraciones de millones de migrantes para tener un acceso legal a Estados Unidos o regularizar su situación migratoria.
Tenoch C. Tecua Alcántara
Internacionalista por El Colegio de México.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 El 7 noviembre se confirmó la victoria de Joe Biden con 273 votos en el colegio electoral después de la oficialización de los resultados del estado de Pennsylvania. Restan 4 estados que podrían ampliar el margen de victoria.
2 Al 7 de noviembre los resultados en la Cámara de Representantes todavía no están confirmados, pero el resultado más probable es que el partido Demócrata alcance los 218 lugares para controlarla (“Democrats are projected to lose House seats but keep their majority”). La composición del Senado se definirá hasta enero debido a los resultados en Georgia, pero se perfila a que ningún partido alcanzará más de 51 asientos, lo que hará importante el voto de desempate de la futura vicepresidente, Kamala Harris.
3 “Biden plans immediate flurry of executive orders to reverse Trump policies”.
4 DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) es un programa instaurado en el gobierno de Obama que da permisos de trabajo, acceso a educación universitaria y funciona como protección provisional ante deportaciones para personas indocumentadas llevadas a Estados Unidos antes de cumplir 16 años. El TPS (Estatus de Protección Temporal) es un programa que da protección migratoria a gente que huye de conflictos armados o desastres naturales en su país; beneficia principalmente a originarios de países centroamericanos y en menor medida africanos y asiáticos.
5 “Where 2020 Democrats stand on immigration”.
6 Así ocurrió con los intentos de Obama para implementar reformas migratorias en favor de indocumentados en 2014 y 2016.
7 Las dos grandes referencias en la historia de la migración mexicana en Estados Unidos son los acuerdos de braceros de las décadas de 1940 hasta 1960, y la reforma migratoria de 1986. Ambas permitieron que millones de mexicanos obtuvieran permisos de trabajo y residencia legal en Estados Unidos.