Deportaciones hacia México durante el covid-19

Las estrategias de deportación por parte de Estados Unidos se han implementado y afianzado con el paso de los años. Una de las mas significativas para su desarrollo contemporáneo es Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act (IIRIRA en inglés) de 1996. IIRIRA criminalizó a los inmigrantes indocumentados y aquellos con residencia legal al imponer sanciones de deportación estrictas mediante la incorporación de la sección 287(g). La sección 287(g) de IIRIRA abrió las puertas de colaboración y asociación con sistemas de justicia estatales y locales para identificar y remover inmigrantes de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement A, 2020). IIRIRA no fue la primera legislación que criminalizó a los inmigrantes, pero fue la culminación de una serie de legislaciones cuya intención era criminalizar a los inmigrantes mediante la categorización de delitos menores como felonías agravadas (Abrego, Coleman, Martinez, Menjivar y Slack, 2017).

Ilustración: Sergio Bordón

La sección 287(g) surge como una enmienda a Immigration and Nationality Act de 1965 y se incorpora a IIRIRA. IIRIRA fue firmada como ley por el presidente Bill Clinton y a partir de ese momento las deportaciones incrementan de manera drástica hasta llegar a más de tres millones de deportaciones durante la administración del presidente Barack Obama. La Tabla 1 muestra el incremento en las deportaciones desde la implementación de la sección 287(g).

Tabla 1. Número de deportaciones de los últimos seis presidentes de Estados Unidos

Nota: Estimaciones basadas en datos del Departamento de Seguridad Interna y del autor.
Fuente: Nowrasteh (2019) / CATO Institute, basado en datos del Departamento de Seguridad Nacional y cálculos.

Diferentes administraciones presidenciales en Estados Unidos han utilizado diferentes mecanismos e incorporación de la sección 287(g) en sus políticas migratorias. George W. Bush (2001-2009) utilizo la sección 287(g) hasta el 2008 y después implemento el programa de Secure Communities Program (U.S. Immigration and Customs Enforcement, 2018). Barack Obama (2009-2017) le dio continuidad al Secure Communities Program pero lo termino y creo el Priority Enforcement Program (U. S. Immigration and Customs Enforcement B, 2020), a su vez este fue terminado por Donald Trump en el 2017. Trump reinstaló el Secure Communities Program y creo el Warrant Service Program (U.S. Immigration and Customs Enforcement, 2019). Cabe recalcar que cada nuevo programa incorpora diferentes niveles de implementación de la sección 287(g) que va desde cooperación entre agencias de justicia y el gobierno federal, la priorización de inmigrantes que puedan ser un riesgo para la seguridad nacional hasta regresar a un modelo restrictivo como lo fue durante la era Trump.  Ahora con la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, es incierto que tipo de políticas migratorias y de deportación implementará durante su mandato.

Deportaciones en la época de covid-19

La pandemia ha cambiado nuestros estilos de vida en muchas formas, desde la manera en que interactuamos socialmente hasta la manera de protegernos para evitar el contagio. En México, se han confirmado 1 133 613 casos y 107 565 defunciones a causa del covid-19 (Conacyt, 2020). En comparación, Guatemala ha confirmado 124 053 casos y 4 209 defunciones (Gobierno de Guatemala, 2020); El Salvador con 39 130 casos confirmados y 1 134 fallecidos (Gobierno de El Salvador, 2020); Nicaragua tiene 5 838 personas confirmadas y 161 fallecidos (Expansión, 2020); y Honduras ha confirmado 109 760 casos y 2 938 defunciones (Gobierno de Honduras, 2020). Estas cifras reflejan datos hasta el 2 de diciembre de 2020. México y Centro América se encuentran lidiando con la pandemia, sin embargo, los Estados Unidos sigue deportando migrantes.

Como respuesta a la pandemia, la administración de Trump ha suspendido los procedimientos de asilo, ha dado pausa a los procedimientos en las cortes de migración y ha emitido restricciones de viaje al extranjero, sin embargo, las deportaciones continúan. Las prácticas de expulsión y deportación han sido imprudentes por parte del gobierno estadounidense y ponen en riesgo a la región donde algunos sistemas de salud podrían colapsar como resultado del covid-19 (Amnesty International et al., 2020). 

Human Rights Watch (2020) menciona que se debe imponer una suspensión a las deportaciones durante la pandemia para evitar la propagación del virus ya que ICE condujo 232 vuelos con deportados a países Latinoamericanos y del Caribe entre el 3 de febrero al 24 de abril de 2020. En varios vuelos en los meses de marzo y abril hacia Guatemala, 103 personas deportadas dieron positivo al covid-19: otros casos se han detectado en Haití, México y Jamaica (Mohammed, Symmes Cobb, y Daniel, 2020).

En otro caso, en un vuelo a Colombia el 30 de marzo de 2020, de 64 migrantes deportados, 24 de ellos dieron positivo de covid-19. La portavoz de ICE menciono que en ese vuelo las personas deportadas se les midió la temperatura y se revisaron si tenían síntomas de covid-19, pero no dio detalles si algún deportado dio positivo a la enfermedad, y era de esperarse ya que la administración de Trump ha minimizado el virus. El vuelo salió de un centro de detención en el aeródromo de Alexandria, Louisiana donde, a finales de abril de 2020, catorce empleados de ICE dieron positivo de COVID-19 (Mohammed, Symmes Cobb, y Daniel, 2020).

Centros de detención durante la pandemia de covid-19

Es importante mencionar que los centros de detención son de alto riesgo de contagio, es ahí donde las personas son llevadas antes de una deportación. Un consorcio de expertos de Brown University, Brandeis University, University of British Columbia, British Columbia Children’s Hospital Research Institute y George Mason University, en un modelo utilizando datos públicos, concluyeron que de 72 % a 100 % pueden contagiarse en un periodo de 90 días (Government Accountability Project, 2020). Para poder lidiar con esta problemática es recomendable despoblar los centros de detención, sin embargo, aunque ICE tiene el poder de optar por esta opción, se rehúsa a liberar a detenidos y sigue con su política de transferir detenidos de un centro de detención a otro, incrementando el riesgo de contagio. Human Rights Watch (2018) ha documentado la peligrosa y deficiente atención medica en los centros de detención.

Durante la pandemia, de manera aleatoria, el gobierno estadounidense sigue transportando migrantes en procesos de deportación a diferentes centros de detención en Estados Unidos, poniendo a los migrantes y a otros en riesgo de contagio. Los centros de detención están muy saturados y cuentan con limitantes en la atención medica; se teme que una vez que hay contagio en un centro de detención es inevitable que se expanda entre detenidos, guardias, cárceles locales y otros detenidos que no han sido convictos de un crimen (Torbati, Lind, y Gillum, 2020).

Algunos abogados de migración argumentan que ICE prometió un alto a la transferencia de detenidos a otros centros de detención, sin embargo, el gobierno ha continuado con dicha práctica. Swift Air y World Atlantic Airlines son las compañías que ofrecen sus servicios al gobierno estadounidense. Acorde con ProPublica (2020), se hicieron 16 vuelos de Louisiana a Texas y de Texas a New Jersey del 16 al 27 de marzo. Muchas veces detenidos son transferidos a otros centros de detención sin previo aviso a sus abogados o familiares (Torbati, Lind, y Gillum, 2020). En la Tabla 2 podemos observar las cifras de contagio en 42 centros de detención en 20 estados del país vecino del norte.

Tabla 2. 42 centros de detención de ICE con casos de COVID-19, hasta el 13 de mayo de 2020

Nota: Las cifras muestran 943 migrantes en centros de detención que dieron positivo al coronavirus en 20 estados de EE.UU. hasta el 13 de mayo de 2020. Basado en datos de ICE.
Fuente: Stock et al. (2020) / NBC Bay Area.

El 6 de mayo de 2020 se confirmó la muerte de un inmigrante detenido y el 10 de mayo se confirmó la muerte de un detenido al corto tiempo de ser liberado. Hasta el 22 de mayo de 2020, ICE había reportado 1 201 detenidos y 44 empleados de ICE como positivos al covid-19 (Washington Office on Latin America, 2020). El primero de junio de 2020, un total de 1 406 personas en centros de detención dieron positivo al coronavirus (Human Rights Watch, 2020).

Deportaciones hacia México durante la pandemia

Ahora bien, las deportaciones también siguen ocurriendo a lo largo de la frontera. En un caso insólito, un migrante de 37 años quien dio positivo al covid-19 fue transportado en ambulancia el 11 de junio de 2020 de la frontera a una unidad médica en Tijuana después de ser deportado por autoridades del servicio de migración estadounidense. Autoridades de salud de Baja California mencionaron que es el primer caso reportado de autoridades estadounidenses que deportaron a un migrante que dio positivo al covid-19 (Fry, 2020).

A partir del 20 de mayo de 2020, los migrantes mexicanos indocumentados que son aprehendidos en la frontera México-Estados son retornados a la Ciudad de México en lugar de regresarlos en la zona fronteriza. Esto surge como un acuerdo entre el gobierno mexicano y el Departamento de Seguridad Interna ya que el gobierno estadounidense noto un incremento en reincidentes que intentaron cruzar hacia Estados Unidos. La repatriación hacia la Ciudad de México es una manera de disuadir el cruce de manera indocumentada y manera de lidiar con la pandemia (Ocaño, 2020).

Del lado mexicano, personas deportadas reportan la ineficiencia y detección inadecuada del covid-19 por parte de funcionarios de salubridad que solo toman la temperatura. No hay protocolos establecidos y si los hay son muy deficientes, esto puede contribuir a la propagación del virus. Las deportaciones hacia México no han sido prioridad en las políticas públicas. Una vez en territorio mexicano los deportados se encuentran con opciones limitadas de albergue, situación de calle, inseguridad, xenofobia, un sistema de salud ineficiente y una economía al punto del colapso. El fracaso por parte del gobierno mexicano al incluir a los deportados en las decisiones de políticas públicas y de salud conllevan a que las personas no tengan acceso al trabajo, beneficios gubernamentales u otros servicios (Washington Office on Latin America, 2020).

En conclusión, como se ha mencionado a lo largo del texto, la sección 287(g) ha servido como base en los mecanismos de deportación contemporáneos y en la creación de diferentes programas en la política migratoria en Estados Unidos. Los centros de detención son focos rojos de propagación ya que cuentan con espacios reducidos donde la sana distancia es imposible y al contar con una atención medica deficiente. Las deportaciones continúan hacia México y otros países, poniendo en riesgo a sus poblaciones. Es urgente que los centros de deportación liberen a los inmigrantes detenidos para evitar propagación del virus y que las deportaciones paren durante estos tiempos pandémicos.

Fredi García Alverdin
Estudiante de Doctorado en Estudios de Migración, El Colegio de la Frontera Norte

Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.

Referencias

Abrego, L., Coleman, M., Martinez., D. E., Menjivar, C. y Slack, J. (2017). “Making Immigrants into Criminals: Legal Processes of Criminalization in the Post-IIRIRA Era”, Journal on Migration and Human Security, 5(3), 694-715.

Amnesty International et al. (2020). Explainer on U.S. Deportations and Expulsions During the COVID-19 Pandemic.

Conacyt. (2020). COVID-19 México.

Expansión. (2020). “Nicaragua—COVID-19—Crisis del coronavirus”.

Fry, W. (2020, 11 de junio). “Migrant who tested positive for COVID-19 in San Diego is deported to Tijuana”, The San Diego Union-Tribune

Gobierno de El Salvador. (2020). Situacion nacional. COVID-19.

Gobierno de Guatemala. (2020). Situación de COVID-19 en Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Gobierno de Honduras. (2020). Coronavirus COVID-19 en Honduras. Despacho de Comunicaciones y Estrategia Presidencial.

Government Accountability Project. (2020). “Study Projects Significant Impact on Immigrants and Local Health Care if ICE Detentions Populations are not Decreased”.

Human Rights Watch. (2018). “Code Red. The Fatal Consequences of Dangerously Substandard Medical Care in Immigration Detention”.

Human Rights Watch. (2020). “US: Suspend Deportations During Pandemic. Forced Returns Risk Further Global Spread of Virus”.

Mohammed, A., Symmes Cobb, J., y Daniel, F. J. (2020, 29 de abril). “Two dozen people deported to Colombia on U.S. flight found to have coronavirus: sources”. Reuters.

Nowrasteh, A. (2019). “Deportation Rates in Historical Perspective”, CATO Institute.

Ocaño, M. (2020, 20 de mayo). “En nombre del COVID-19, las deportaciones que eran a Tijuana ahora serán hasta Ciudad de México”, La opinión.

Stock et al. (2020, 13 de mayo). “COVID-19 Outbreaks May Arise From Immigrant Detention Centers, Doctors Say”, NBC Bay Area.

Torbati, Y., Lind, D., y Gillum, J. (2020, 27 de marzo). “In a 10-Day Span, ICE Flew This Detainee Across the Country—Nine Times”, ProPublica.

U.S. Immigration and Customs Enforcement. (2018). Secure Communities.

U.S. Immigration and Customs Enforcement. (2019). ICE launches program to strengthen immigration enforcement.

U.S. Immigration and Customs Enforcement, A. (2020). Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Nationality Act.

U.S. Immigration and Customs Enforcement, B. (2020). Priority Enforcemente Program.

Washington Office on Latin America. (2020). “U.S. and Mexico Must Urgently Address Impact of Ongoing Deportations and Expulsions During COVID-19.