¿Migrar con sana distancia?

Mientras millones de personas¹ en el país han reajustado su vida cotidiana al confinamiento en sus hogares, otros millones más no han tenido un lugar o la posibilidad de encerrarse. Con una serie de vulnerabilidades sociales, económicas e históricas acumuladas, la población migrante en México ha visto empeorar sus condiciones de vida a raíz del covid-19. La situación no augura un futuro prometedor.

El pasado 14 de marzo, el gobierno de México anunció medidas de prevención ante la creciente pandemia del covid-19. Se recomendaba a toda la población la suspensión de actividades no esenciales; lo que produjo el cierre de incontables oficinas, espacios públicos, privados y actividades económicas. Aunque la “Jornada Nacional de Sana Distancia” oficialmente era una medida temporal, el 31 de marzo se declaró y publicó en el diario oficial de la federación el estado de emergencia sanitaria en el país (Consejería Jurídica del Gobierno Federal, 2020).

En un par de días, personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas y trabajadores migrantes transfronterizos, vieron cómo los escasos recursos que les asisten se detuvieron casi completamente, lo que agravó su situación, de por sí precaria. A pesar del tinte democratizador que se le ha intentado dar al covid-19,  por su aparente eliminación de las barreras y distinciones de edad, clase, género, etnia, raza, nacionalidad, nuestro estudio, y algunos previos (Cárdenas 2020, OIM 2020, OPS 2020), confirman que las poblaciones más vulnerables han sido las más afectadas frente a la pandemia.

Ilustración: Sergio Bordón

Perfiles de vulnerabilidad

Miles de migrantes han quedado “atrapados” en México a partir de la pandemia. Éstos se suman a quienes ya se encontraban en el territorio mexicano solicitando asilo, transitando desde el sur hacia el norte del país, así como aquellos que desde antes de marzo,  esperaban en los diversos cruces formales en la frontera norte de México, para solicitar asilo en Estados Unidos como lo indica el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés).

Uno de los lugares más representativos de esta situación es Tapachula, Chiapas, a 40 kilómetros de la frontera con Guatemala. En este lugar, las personas migrantes enfrentan la crisis sanitaria como “uno más” de los múltiples riesgos y vulnerabilidades que de por sí viven durante sus trayectorias. Las entrevistas con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e instituciones de gobierno, coinciden en que la pandemia covid-19 no ha hecho más que empeorar la situación, de por sí grave, de las personas migrantes y solicitantes de refugio. Se trata de una carga más a las restricciones de movilidad que ha sido utilizada de manera deliberada para ejercer con más rigor y expedición los procesos de detención y deportación característicos del Instituto Nacional de Migración (INM).

A pesar de los esfuerzos colectivos de las OSCs, entre los que destaca la ayuda humanitaria en forma de entrega de productos de higiene, alimentos y apoyo con vivienda, el número de personas forzadas a la situación de calle es cada vez más común y alarmante. Los recursos no han sido suficientes para el gran número de personas en esta situación; en Tapachula, cada vez con más frecuencia, se les ve en las calles buscando trabajo, alimentos o cualquier otra donación.

Respecto a la población de trabajadores transfronterizos, la región del Soconusco, es receptora año con año de miles de migrantes temporales por motivos laborales; la mayoría de ellos originarios de Guatemala, quienes participan en la cosecha de diferentes cultivos (caña, café, plátano). Durante la pandemia, esta movilidad no se detuvo, las restricciones fronterizas impuestas no fueron un obstáculo para frenar los cruces, fueran formales o informales. Las actividades que se llevan a cabo en centros de trabajo agrícola, fueron catalogadas como actividades esenciales, es decir, no estaban obligadas a suspender actividades en el marco de la pandemia. En abril, fue publicada la “Guía de acciones para los centros de trabajo agrícolas frente a covid-19”, en la cual se describen algunos lineamientos y acciones que deberían seguir los centros agrícolas para mitigar los riesgos de contagio (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, 2020).

La realidad, de acuerdo con entrevistas al personal de dicho centros y un par de visitas realizadas durante el pasado octubre, mostraron que la pandemia rebasaba los esfuerzos y capacidades instaladas en dichos centros. La precariedad, característica del trabajo agrícola, se acentuó con la pandemia. Al mismo tiempo, parecía que la crisis sanitaria “no estaba”, “no pasa nada”, bastaba con un par de letreros de “lavarse las manos” para continuar operando, mientras se replicaba el hacinamiento, la falta de atención médica, la mala alimentación, así como la omisión de las instancias correspondientes al verificar las prácticas de mitigación de riesgos. Éstas se limitaron a solicitar una serie de requisitos de gabinete, que la mayoría lograba cubrir; por ejemplo, colgar una lona con la figura de “Susana distancia”. Pero en la práctica observamos, que todo continuó operando de manera normal, los trabajadores agrícolas y sus familias tanto en México como en Guatemala, se mantuvieron expuestos a un riesgo latente y acumulando vulnerabilidades.

Frente a la contingencia, las vulnerabilidades socioeconómicas, culturales y comunitarias pre-existentes, se potencializan, con una fuerte posibilidad de que se desarrollen otras. Las personas que participan en los flujos migratorios actuales, que confluyen en el Soconusco, viven en una constante precariedad, desigualdad e incertidumbre; sus posibilidades para la reproducción de la vida cotidiana son limitadas y precarias. Experimentan una generalizada carencia de acceso a derechos sociales y las condiciones de vivienda, si es que las hay, se caracteriza por el hacinamiento y falta de servicios básicos; los empleos a los que pueden acceder son informales, precarios, inestables y temporales; y hay una total incertidumbre en sus trayectorias de movilidad. Sin dejar a un lado, la constante discriminación a la que se enfrentan en las comunidades receptoras.

¿Movilidad con Susana distancia?

En México, los lineamientos y acciones sugeridas como parte de la estrategia nacional de distanciamiento social para la mitigación de riesgo de contagio, son apropiadas para la población que tiene una residencia habitacional estable y un empleo formal. Sin embargo, resultan improcedentes para sectores de población migrante. “Mantener una sana distancia”, “quédate en casa”, “usar cubreboca” o el “aislamiento social en caso de síntomas”, son acciones que, a las personas en movilidad y a los trabajadores migrantes transfronterizos, les resultan prácticamente imposibles de llevar a cabo. La reproducción de su vida cotidiana, en la mayoría de los casos, se contrapone con este tipo de medidas.

La campaña nacional de sana distancia nos recuerda la importancia de intervenciones que consideren el contexto local al momento de diseñarse, la relevancia de tomar en cuenta las necesidades específicas de grupos de la población, así como las capacidades instaladas tanto de las personas migrantes como de las organizaciones privadas y públicas que las acompañan. Es también una invitación a ir más allá de discursos polarizados, donde la responsabilidad de mantenerse sano y no contagiarse se vuelve individual, o bien donde toda la responsabilidad es del Estado. Discursos que lejos de ser efectivos, diluyen la posibilidad de una estrategia efectiva pensada en conjunto con múltiples actores. Una campaña que se centra, únicamente, en la responsabilidad individual, en este caso del migrante y/o trabajador agrícola de velar por su salud, de usar cubrebocas y de lavarse las manos, desdibuja la responsabilidad del Estado de proporcionar atención médica, diagnósticos oportunos, campañas preventivas adecuadas. Es decir, de ejecutar la responsabilidad pública que se le ha encomendado.

La crisis sanitaria originada por la pandemia del covid-19 deja al descubierto las debilidades del sistema de salud en México y una serie de desigualdades sociales históricas en todos los ámbitos; en materia de movilidad humana, ilustra la deuda histórica y contemporánea con las poblaciones migrantes no sólo en la región del Soconusco, sino en todo el país.

Jania Wilson
Doctora en Ciencias Antropológicas. Posdoctorante en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Sede Sureste.

Jorge Choy-Gómez
Doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin.

Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.

Referencias

Cárdenas, A. (2020). “El impacto del COVID-19 en la población vulnerable”, en nexos, 9 de abril, 2020. Disponible aquí.

Consejería Jurídica del Gobierno Federal (2020). “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”. Gobierno de México. Disponible aquí.

Organización Internacional para las Migraciones-OIM (2020) Efectos de la COVID-19 en la población migrante. Principales Hallazgos. Sondeo en América Central y México. Disponible aquí.

Organización Panamericana de la Salud -OPS, (2020). “Impacto de Covid-19 en comunidades”, disponible aquí.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud (2020). “Guía de acciones para los centros de trabajo agrícolas frente a Covid-19”. Disponible aquí.

¹ Las reflexiones surgen del proyecto Población migrante frente al COVID-19. La reproducción de la vida y la mitigación de riesgos ante la pandemia en la región del Soconusco, Chiapas. Análisis y propuestas de acción desde las ciencias sociales, apoyado por CONACyT y CIESAS SURESTE. El proyecto se realizóen la región Guatemala-México, específicamente la zona de Tapachula y Suchiate, con énfasis en dos poblaciones: trabajadores transfronterizos en centros agrícolas y personas migrantes de paso o asentadas en Tapachula. Equipo del proyecto: Jania Wilson, Carolina Rivera, Carmen Fernández y Jorge Choy-Gómez.