“Siempre lo mismo y los mismos”. A propósito de la migración y desplazamiento forzado desde Centroamérica y la respuesta de México a dichos fenómenos

En el año 2005, Jon Sobrino, teólogo español radicado en El Salvador desde la década de 1970, escribía una serie de reflexiones nacidas de la compleja situación que vivía ese país desde décadas atrás y que se agravaba por el paso del Huracán Stan ese año en la región centroamericana y el sur de México. Según datos de la UNICEF en Guatemala, la cifra oficial de víctimas sobrepasó las 600 personas y otras cientos declaradas desaparecidas. Se estimaba que 130 000 personas en 420 comunidades fueron afectadas. En El Salvador, donde también las erupciones volcánicas del 2005 le añadieron otra dimensión trágica a la situación de emergencia, más de 65 000 personas se vieron desplazadas (UNICEF, 2005).

En su escrito, Sobrino dejaba en claro que esas realidades no ofrecían nada que no se hubiera visto antes, con matices distintos decían lo de siempre:

En su inmensísima mayoría, las víctimas siempre son los pobres. Las catástrofes muestran la pobreza de nuestro mundo, y, a su vez, esa pobreza es, en buena parte, causante de las catástrofes y de sus consecuencias. A ello nos hemos acostumbrado con naturalidad… Si la tragedia no es mero producto de catástrofes naturales y si la letanía de "lo mismo y los mismos" no es casualidad, algo sigue estando muy mal en nuestro país. (Sobrino, 2005, s/p).

Hoy, como hace 15 años, el reciente paso de los huracanes Eta e Iota sobre la región centroamericana (particularmente Guatemala, Honduras, El Salvador) y el sur de México, generó una cifra de más de 100 muertes y tan sólo en Honduras casi dos millones y medio de damnificados entre ambos fenómenos (Pradilla y Ávila, 2020), los cuales por supuesto hay que ubicar en este complejo contexto de pandemia, que por sí sola ha dejado en esos tres países más de 260 000 casos acumulados de covid-19 y poco más de 8000 muertos (PAHO, 2020).

Situados en el marco de las dinámicas de movilidad del corredor conformado por los países del norte de Centroamérica, México y Estados Unidos, el impacto de estos fenómenos ambientales agudizará las razones para migrar, las cuales en conjunto con la pobreza y la violencia existentes desde hace décadas en la región centroamericana, han dado pie a la existencia de un círculo vicioso (Morales, 2017) que define en gran medida las motivaciones por las que las personas huyen de sus lugares de origen. Frente a estos procesos migratorios, las respuestas tanto de Estados Unidos como de México, han sido, parafraseando a Sobrino: “lo mismo sobre los mismos”, restricción, contención, exclusión.

Ilustración: Patricio Betteo

A este respecto, la entrada en vigor de la Ley de Migración (2011) en México, supuso un paso importante en el desarrollo de un marco normativo exclusivo para atender el fenómeno de la movilidad humana. Desde 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había trabajado el primer Informe Especial sobre Secuestros a Migrantes, contabilizando en tan sólo seis meses 9 758 secuestros, con un promedio de 33 eventos y 1 600 víctimas por mes. Con un monto de rescate, que se estimaba en 2 500 dólares por persona (CNDH, 2009). En ese contexto, la lamentable masacre de los 72 migrantes centro y sudamericanos perpetrada por el crimen organizado en el rancho de San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010, así como el comprometido trabajo de sociedad civil, generaron un mecanismo de presión para que el estado mexicano se dispusiera a legislar en la materia.

Uno de los avances más importantes que dejó dicha legislación fue el de catalogar el ingreso al país sin documentos migratorios como una falta administrativa. Una de las limitantes más importantes, a casi 10 años de su expedición, es la falta de efectivos mecanismos de regularización a los que puedan acceden las poblaciones migrantes caracterizadas por una amplia vulnerabilidad. Nuestro país sigue teniendo pendiente ampliar y facilitar las formas de regularización migratoria, para por un lado, disminuir la vulnerabilidad de la que son sujetos miles de personas migrantes en el país, y por otro, favorecer  el acceso a otro tipo de derechos, como el trabajo.

Desde hace décadas, la gestión de la migración irregular ha estado amparada por el paradigma de la seguridad nacional. A partir del 11 de septiembre del año 2001, el tema de la seguridad, que ya permeaba la agenda bilateral de México y Estados Unidos,¹ comenzó a vincularse estrechamente con el de la migración irregular, lo cual se tradujo en la securitización del tema migratorio que de manera colateral fomentó precisamente la migración irregular y el desarrollo del negocio criminal de las redes de traficantes y tratantes (Herrera-Laso, Artola, 2011). El enfoque de securitización se hizo evidente en acciones como el incremento de los mecanismos de control en las fronteras y en el interior del país, que para México significaron el establecimiento de una agenda que tendría como finalidad la detección, detención y deportación de personas en situación irregular que estaban transitando por México para llegar a EE. UU., tal y como lo puso en evidencia la implementación del denominado Programa Integral Frontera Sur en el año 2014.

De esta forma, la contención migratoria se ha vuelto la norma y no la excepción en la gestión de los flujos irregulares en México. Se trata de una misma respuesta —aparentemente la más fácil para las autoridades nacionales— a las diferentes expresiones de la movilidad humana de personas extranjeras en el país. En dicha respuesta, las estaciones migratorias (EM) (LM, Art. 3) se han vuelto un ícono de esta política restrictiva. En los hechos, las EM son centros de detención en los que se sancionan faltas administrativas bajo el eufemismo legal de alojamiento, mientras se resuelve el procedimiento administrativo migratorio de las personas, el cual recurrentemente termina en una devolución al lugar de origen por parte del Instituto Nacional de Migración.

En 10 años, la autoridad migratoria ha tenido más de un millón de eventos² de presentación³ de personas extranjeras, en su mayoría de origen centroamericano. Más del 95 % de esas presentaciones han terminado en devoluciones al lugar de origen, tal y como se muestra a continuación:

Enero a septiembre de 2020
Fuente: Elaboración propia con base en Boletines Estadísticos de la Unidad de Política Migratoria (Varios años).

Si consideramos los promedios anuales podemos observar que poco más del 86% de los eventos de presentación, terminan en un evento de devolución. O lo que es igual, la gran mayoría de la población en situación irregular terminará devuelta a sus lugares origen. De esta forma, tal y como lo han demostrado en las últimas décadas tanto la academia como las organizaciones de la sociedad civil que defienden Derechos Humanos de personas migrantes, ninguna medida, por más punitiva que sea, impide que las personas una vez devueltas a sus lugares de origen, vuelvan a intentar la travesía migratoria, si las condiciones en sus lugares de origen no cambian.

En ese sentido, la pobreza, la violencia, la pandemia y las catástrofes ambientales en la región del norte de Centroamérica seguirán propiciando un escenario en el que la movilidad humana tendrá un papel muy importante, con sus respectivas expresiones (de forma individual, colectiva o masiva las como caravanas). Situación frente a la cual, México tendría que estarse preparando con un enfoque pleno de derechos y protección humana, en el que la detención migratoria, no siga siendo ni el mecanismo ni la respuesta a estos movimientos de población en situación de vulnerabilidad. Es imperante que nuestro país transforme ese “siempre lo mismo y (o sobre) los mismos” en un círculo virtuoso que ponga en el centro a la persona migrante o desplazada, su historia, su contexto y sus necesidades como mecanismo para encontrar soluciones innovadoras que posibiliten a ellas y ellos el acceso y goce a todo tipo de derechos.

Rafael Alonso Hernández López
Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Sociales.
Coordinador del Doctorado en Estudios de Migración, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) .

Bibliografía

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, (2009) Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de secuestro en contra de migrantes. Disponible aquí. Consultado el 20 de noviembre de 2020.

Herrera-Lasso, L., Artola, J., (2011)  "Migración y seguridad: dilemas e interrogantes". En Armijo, N., Migración y Seguridad: nuevo desafío en México. México, D.F. Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, CASEDE.

Ley de Migración (2011). Disponible aquí. Consultado el 20 de septiembre de 2020.

Morales, A. A. (2017). La región del Triángulo Norte Centroamericano y el círculo vicioso: violencia, pobreza y migración. Revista Conjeturas Sociológicas, 5(12).

PAHO. Pan American Health Organization (2020). Central America COVID-19 situation Overview. Disponible aquí. Consultado el 15 de noviembre de 2020.
Pradilla, A. y Ávila, J. (2020) “Los huracanes destrozaron Centroamérica y miles podrían migrar. Biden debe actuar distinto a Trump”. En The Washington Post (23 de Noviembre de 2020). Disponible aquí.

Sobrino, J. (2005). Carta Jon Sobrino: "Lo mismo y los mismos". En Entreculturas. Octubre de 2005. Disponible aquí. Consultado el 2 de noviembre de 2020.

Unicef (2005). Huracán Stan: el peor desastre sufrido por Centroamérica y México desde 1998.  Disponible aquí. Consultado el 2 de noviembre de 2020.

UPMRIP. Unidad de Política Migratoria Registro e Identidad de Personas estadística migratoria (2020). Boletines estadísticos. Disponible aquí. Consultado el 20 de septiembre de 2020.

Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.

¹ Los instrumentos institucionales para fortalecer la seguridad en el área (México-Centroamérica) han sido varios: el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (GANSEG) y el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-Belice (GANSEF). En el marco de las relaciones con América del Norte, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y con Estados Unidos, la Iniciativa Mérida cuyo objetivo es la “cooperación en materia de seguridad regional, el fortalecimiento de la seguridad en la frontera de los tres países, y la construcción de un modelo de comunidad económica fuerte” (García y Villafuerte, 2014).

² Se habla de “eventos” porque se considera que existen casos en que una misma persona puede ingresar al país y devuelta a su lugar de origen en más de una ocasión.

³ De acuerdo a la LM (Art. 3) La presentación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.