México tiene una larga historia como país de ingreso y tránsito de miles de personas provenientes de Centroamérica que cada año ingresan de manera irregular a su territorio, la mayoría como vía para llegar a Estados Unidos. Entre enero de 2010 y noviembre de 2020, más de 1 300 000 personas migrantes fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM), de las que el 86 % provenía solamente de Guatemala (37 %), Honduras (35 %) y El Salvador (14 %).
Según datos oficiales, en el año 2019, México detuvo a 154 419 ciudadanos de estos tres países, lo que representa el 25 % de las detenciones hechas en los mismos casos, el mismo año, por la patrulla fronteriza de Estados Unidos; esto es, 607 774 personas. La evidente disparidad entre el número de migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador detenidos por ambos países puede deberse, entre otros motivos, a la utilización de rutas invisibles en lugares indómitos, o de medios ilegales y peligrosos que presuntamente garantizan a las personas migrantes no ser identificadas por las autoridades mexicanas.
Sin embargo, en 2018, las mujeres y los hombres provenientes de estos países abandonaron la invisibilidad que envuelve a la individualidad de su tránsito, para reclamar en la colectividad una forma más digna y segura para desplazarse. Las caravanas migrantes, que comenzaron como movimientos para visibilizar la crisis migratoria y de derechos humanos en la región centroamericana —como las caravanas de madres de migrantes desaparecidos o la caravana del Vía Crucis o del refugiado— podrían considerarse hoy el nuevo modelo migratorio de la región mesoamericana.
Cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la prensa sugieren que alrededor de 50 000 personas han conformado las más de diez caravanas migrantes que han intentado ingresar a México en los últimos dos años. La última de ellas, en días recientes, demostró que las y los migrantes no se detienen por la pandemia, sino que ésta agudiza las causas que los obliga a salir de sus países de origen.
Ilustración: Patricio Betteo
Las fuertes imágenes de miles de personas migrantes, mujeres, hombres, niños, enfrentándose en la frontera con militares y policías; rompiendo las rejas fronterizas o cruzando el río, pueden despertar falsos sentimientos de soberanía y seguridad nacional. El discurso antimigrante encuentra en estas imágenes la justificación perfecta para formular la siguiente pregunta en un tono abiertamente xenófobo: “Y, ¿por qué no entran de manera legal a México?”
Según la Ley de Migración y su reglamento, las personas migrantes que requieren asistencia humanitaria tienen derecho a solicitar en un punto fronterizo su ingreso a México y obtener una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH). La legislación mexicana también establece que el INM podrá autorizar el ingreso de estas personas sin que se vean obligadas a cumplir con requisito alguno. Entre las personas con este derecho se encuentran los solicitantes de la condición de refugiado, apátridas, aquéllas que requieran auxilio en situaciones de emergencia o desastres naturales, o porque su vida o salud estén en riesgo.
Las personas de los países de Centroamérica huyen de un explosivo coctel social en el que coexisten pobreza, inseguridad, corrupción y violencia. La desigualdad social y el lento desarrollo económico de la región se ven agravados por los efectos causados por los desastres naturales y el cambio climático, a los que la región es particularmente vulnerable. Así pues, los efectos de los recientes huracanes Eta y Iota que afectaron a Honduras y Nicaragua, la inseguridad alimentaria de estos y del resto de países en la región, la pobreza, y la ausencia de protección de sus Estados ante el crimen y las pandillas, podrían hacer elegibles a las personas afectadas por estas circunstancias a la protección humanitaria de la TVRH y, con ello, ingresar de manera legal y segura a México.
Las cifras oficiales sugieren que el acceso a este documento migratorio en la frontera y, por lo tanto, a un ingreso legal a México se garantiza más en contextos de ingresos masivos. En 2016, 2019 y 2020, años en que ingresaron colectivos grandes de personas migrantes a México (personas haitianas y caravanas) aumentó el número de ingresos por razones humanitarias autorizados por el INM en los puntos fronterizos del país. Los años 2016 y 2019 presentaron un incremento notable de 1500 % y 13 000 % respecto de los años anteriores.
Estas medidas aparentemente humanitarias responden a la presión nacional e internacional que se genera en estos casos, así como al poderoso reclamo de protección de las caravanas, connatural a su explícito masivo tránsito. No obstante, la situación es diferente para las personas que migran de forma menos protagonista, para quienes las políticas mexicanas de protección humanitaria en la frontera son casi inexistentes. Entre enero de 2015 y noviembre de 2020, poco más de 156 millones de extranjeros no residentes en el país ingresaron a México: 0.08 % fue por razones humanitarias. Los datos oficiales de los últimos seis años revelan que, en años donde no hubo ingresos masivos al país, el INM autorizó un número alarmantemente bajo de ingresos por razones humanitarias. Por ejemplo, en 2017 y 2018 el INM permitió el ingreso al país a tan solo 493 y 612 personas, respectivamente, por estos motivos.
Las cifras anteriores sugieren que hay obstáculos prácticos y/o legales que impiden el ingreso regular a México de personas migrantes que requieren protección humanitaria, cuando éstas realizan el cruce fronterizo y migran en la invisibilidad. Esta precaria protección humanitaria en la frontera se replica en las políticas internas pues, durante los últimos seis años al corte de noviembre de 2020 el INM otorgó tan solo 95 253 tarjetas humanitarias a personas que las solicitaron dentro del territorio mexicano; lo que representa el 5 % del total de trámites migratorios resueltos favorablemente por el INM durante ese periodo.
El limitado acceso a la visa humanitaria tanto en un punto fronterizo como dentro del territorio mexicano es una política articulada con la fortalecida y recién militarizada maquinaria de detención y deportación masiva de personas migrantes. Entre enero de 2010 y noviembre de 2020, el 93 % de las personas provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador detenidas en una estación migratoria fueron deportadas a sus países. Es decir, se presume que el INM, luego de haberlos detenido en una estación migratoria, autorizó la estancia legal de solamente 80,606 ciudadanos de estos tres países en los últimos 11 años.
Las caravanas migrantes representan el cruce más disruptivo de una frontera y son, paradójicamente, la manera más efectiva para que sus integrantes accedan a una protección humanitaria que, de haber migrado de forma individual, dispersa e invisible, no hubieran conseguido. Las personas migrantes no pueden ingresar a México de manera legal porque, aunque lo diga la ley, aparentemente en la práctica no pueden.
Daniela Gutiérrez Escobedo
Abogada por el CIDE, especializada en derechos humanos, migración y asilo. Estudia una maestría en Sciences Po, defiende a personas migrantes y refugiadas en México, y hace una pasantía en el programa de América Latina en Refugees Intenational.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.