En el ámbito migratorio a nivel mundial, la pandemia ha generado un panorama generalizado de inmovilidad. El cierre de fronteras internacionales para evitar contagios ha afectado el bienestar y desarrollo de personas migrantes y sus comunidades de origen, así como los sectores económicos de los países de destino que dependen del trabajo migrante.1 Alrededor del mundo, las medidas para prevenir la propagación del virus han ido desde la imposición de restricciones de viaje hasta el desmantelamiento de procesos para solicitar asilo o el reasentamiento de personas refugiadas. A pesar de esto, hay un proceso de movilidad humana que no se ha detenido: el de las deportaciones. En este punto, Estados Unidos es un referente.
Dado el recrudecimiento de la vigilancia migratoria al interior y en la frontera de los Estados Unidos con México en los últimos años, no resulta sorprendente que las deportaciones de nuestro vecino del norte hacia México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) sean una constante.2 A través de sus agencias de cumplimiento regulatorio en materia migratoria, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) se ha encargado de la deportación de miles de personas que tratan de entrar o se encuentran en el interior del país de forma irregular. Tan sólo en 2020, la agencia encargada de las operaciones de deportación —en inglés: Enforcement and Removal Operations, o ERO— reportaba como un logro la remoción de más de 185 000 personas.3
Si bien las deportaciones siguen siendo un elemento distintivo de la política migratoria en los Estados Unidos, es innegable que la pandemia ha afectado su forma de operación. La decisión estadunidense de seguir retornando a migrantes irregulares a pesar de existir recomendaciones de no hacerlo4 ha tenido severas consecuencias. Pese a que estas acciones han estado basadas en recomendaciones emitidas por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) para proteger a Estados Unidos, el único efecto que la insistencia en retornar a migrantes parece tener es el alza de contagios en terceros países.
Ilustración: Ricardo Figueroa
En Guatemala —país que ha tenido que responder a la pandemia desde un contexto de austeridad y con un sistema de salud con escasos recursos—,5 los vuelos que ha recibido con personas deportadas han significado focos importantes de contagio. Durante los meses de marzo y abril del año pasado, múltiples fuentes de información reportaban el arribo de vuelos desde Estados Unidos con un alto número de personas contagiadas.6 A pesar del hermetismo en el acceso a la información del gobierno guatemalteco, para mediados de abril se calculaba que las personas deportadas constituían el 17 % de los casos confirmados en este país.7
El alto número de contagios entre personas deportadas se debe principalmente a la falta de protocolos sanitarios en ambos países. Por el lado estadunidense, se ha documentado que los centros de detención en los que se retiene a muchas de estas personas antes de ser deportadas se caracterizan por su baja calidad de higiene y sanitización, así como por ser espacios en los que no es posible mantener un distanciamiento social adecuado.8 Asimismo, se ha evidenciado la incapacidad de la agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE) de realizar pruebas tanto a personas en procesos de deportación como a sus propios empleados y contratistas externos.9
Lo anterior ha resultado en el arribo de personas deportadas a Guatemala sin ningún tratamiento u observación sobre su condición de salud que permita a oficiales y personal de albergues tomar medidas adecuadas para evitar contagios.10 A este problema se le ha sumado la carencia de políticas específicas en Guatemala que permitan realizar pruebas de detección regulares, ya no se diga mantener aislados o permitir el acceso a un tratamiento adecuado de salud a quienes presentan la enfermedad.11
Una de las consecuencias de esto ha sido la estigmatización y discriminación de personas deportadas en Guatemala. Quienes han regresado se han enfrentado a un sentimiento anti-inmigrante que los ha catalogado como portadores del virus.12 Así, el prejuicio y la xenofobia han causado la inquietud de muchas personas alrededor del país, y han desencadenado una serie de protestas que incluso han llevado a algunos a amenazar a ciudadanos deportados en centros de cuarentena improvisados a lo largo del país.13
Por su parte, el gobierno guatemalteco, preocupado ante su incapacidad para atender a estas personas y por el riesgo inminente del incremento de contagios, tomó la decisión de suspender los vuelos provenientes desde Estados Unidos con personas deportadas en tanto no se establecieran protocolos sanitarios adecuados. Así, de acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Migración, el número de vuelos se reduciría de 120 entre los meses de enero y marzo a tan sólo 35 entre abril y agosto.14
A raíz de la presión del gobierno guatemalteco y de los de otros países que han recibido a personas deportadas contagiadas de covid, ICE ha lanzado una serie de protocolos estableciendo nuevos requerimientos y buenas prácticas a seguir para evitar la propagación del virus. En ellos se establece cómo lograr un adecuado distanciamiento social en centros de detención, los cuidados que se deben dar a personas contagiadas y la forma de realizar pruebas médicas a estas personas previo a su deportación.15
Si bien estas medidas han generado suficiente confianza en el gobierno guatemalteco como para restablecer los vuelos de deportación, estas acciones no evitan completamente seguir retornando personas contagiadas con este virus. En algunos de los procedimientos realizados por ICE no parece tomarse en cuenta que los pacientes asintomáticos también pueden transmitir el covid. De acuerdo con la página de esta agencia, ICE no brinda certificaciones médicas a personas deportadas por aire que no han estado detenidas en sus centros, limitándose únicamente a realizar examinaciones visuales y pruebas de temperatura previo a su abordaje.16
A la fecha, los vuelos con personas deportadas hacia Guatemala continúan. Sin embargo, esta situación ha traído consigo nuevas interrogantes y aprendizajes que pueden servir para gestionar el fenómeno migratorio actual no sólo en la región, sino también alrededor del mundo. El caso de las deportaciones desde Estados Unidos a Guatemala ha evidenciado la necesidad de fomentar la cooperación internacional para formular protocolos que ayuden a atender a personas forzadas a retornar a sus países de origen en el contexto de la pandemia y posterior al mismo. Hasta ahora, como menciona la académica Katheleen Newland del Migration Policy Institute, muchos de los instrumentos internacionales en el ámbito migratorio no contemplan el retorno forzado de personas a sus países de origen, y ante ello, es necesario repensar la forma de crear políticas e instrumentos para lograr incluirlos.17
Por otro lado, esta situación resalta la necesidad de combatir el creciente estigma hacia la población deportada en el marco de la pandemia, así como buscar formas de incluir a dicha población e integrarla a la sociedad guatemalteca. Para ello, es necesario el esfuerzo de diversos organismos gubernamentales para dar voz a la visión de estas personas y trabajar en favor de sus necesidades a través de la difusión de datos, del acceso a información certera y relevante y de la creación de lazos con organizaciones de la sociedad civil que ayuden a solventar estos nuevos retos.
A pesar de que la pandemia aún no ha terminado, es necesario pensar a futuro y darse cuenta de que cuando acabe, si bien muchas personas tratarán de volver a los países de donde fueron deportadas, muchas otras permanecerán en Guatemala. Por ello, es necesario crear planes de acción y políticas basadas en derechos humanos, que ayuden a estas personas a integrarse, garantizando su bienestar en aspectos como el acceso a un trabajo digno, a la salud, a la vivienda ya una vida libre de riesgos.
Ricardo Muñiz Trejo
Egresado de la maestría en Migración Global por University College London.Actualmente colabora como asistente en el proyecto Life Facing Deportation, el cual estudia los efectos de la deportación desde Estados Unidos en comunidades migrantes tanto en México como en Guatemala.
Referencias
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1 Véase: Newland, K. (2020) Will International Migration Governance Survive the COVID-19 Pandemic?. Washington, D. C.: Migration Policy Institute.
2 Véase: Menjívar, C. (2014) “Immigration law beyond borders: Externalizing and internalizing border controls in an era of securitization”, Annual Review of Law and Social Science, 10, p. 353-369. Véase también: Joseph, D.H. (2015) “Política migratoria y de control fronterizo de Estados Unidos hacia México y Centroamérica”, Revista Enfoques, 6,8, p 193-214.
3 Enforcement and Removal Operations. (2020) U.S. Immigration and Customs Enforcement Fiscal Year 2020 Enforcement and Operations Report. Washington, D. C.: U.S. Immigration and Customs Enforcement.
4 Riggirozzi, P., J. Grugel y N. Cintra (2020) “Situational Brief: Perspective on Migrants” right to health in Latin America during COVID – 19”. London: UCL- Lancet Migration.
5 Cenat, J.M. (2020) “US deportation policies in the time of COVID-19: a public health threat to the Americas”, Public Health, 185, p. 4-5.
6 Arroyo, L. (2020) “El coronavirus añade un nuevo estigma a los deportados”, El País, 26 de abril de 2020. Consultado el 14 de enero de 2020. Véase también: Excélsior (2020) “Migrante deportado a Guatemala da positivo al coronavirus”, Excélsior, 7 de abril de 2020. Consultado el 14 de enero de 2020.
7 Aljazeera (2020) “Guatemala: Many migrants on US deportation flight had coronavirus”, Aljazeera, 18 de abril de 2020. Consultado el 14 de enero de 2020.
8 Kerwin, D. (2020) US Detetion and Release Policies Fatally Flawed. Nueva York: Center for Migration Studies of New York. Véase también: Potter, C. (2019) “Outbreaks in Migrant Detention Facilities”, Outbreak observatory, 11 de julio de 2019. Consultado el 14 de enero de 2021.
9 Tanvi, M. (2020) “ICE’s COVID-19 test figures hint at health crisis in detention”, Roll Call, 17 de abril de 2020. Consultado el 14 de enero de 2021.
10 Kerwin, D. (2020) US Detetion and Release Policies Fatally Flawed. Nueva York: Center for Migration Studies of New York.
11 Riggirozzi, P., J. Grugel y N. Cintra (2020) “Situational Brief: Perspective on Migrants” right to health in Latin America during COVID – 19”. London: UCL- Lancet Migration.
12 Riggirozzi, P., J. Grugel y N. Cintra (2020) “Situational Brief: Perspective on Migrants” right to health in Latin America during COVID – 19”. London: UCL- Lancet Migration.
13 Padilla, A. (2020) “Un éxodo en cuarentena y rechazo al migrante deportado”, Animal Político, 9 de mayo de 2020. Consultado el 14 de enero de 2021.
14 Instituto Guatemalteco de Migración (2020) Guatemaltecos deportados vía aérea de Estados Unidos de Norte América. Enero a Noviembre 2020. Ciudad de Guatemala: Instituto Guatemalteco de Migración.
15 Immigration and Customs Enforcement (2020) ICE Guidance on COVID-19. Consultado el 14 de enero de 2021.
16 Immigration and Customs Enforcement (2020) ICE Guidance on COVID-19. Consultado el 14 de enero de 2021.
17 Newland, K. (2020) Will International Migration Governance Survive the COVID-19 Pandemic?. Washington, D. C.: Migration Policy Institute.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.