En 2020, de acuerdo con el último censo del INEGI, más de un 1 200 000 personas nacidas en el extranjero residían en México. Las estadísticas ofrecidas por la Unidad de Política Migratoria informan que en el mismo año se emitieron o renovaron 180,000 tarjetas de residencia tanto temporal como permanente, mientras que se expidieron más de 23 000 tarjetas de visitantes por razones humanitarias y más de 32 000 tarjetas de visitantes regionales. Además, más de 41 000 personas solicitaron asilo y las autoridades de Estados Unidos repatriaron cerca de 185 000 mexicanas y mexicanos. Todo ello en medio de la pandemia de covid-19, que ha tenido como resultado una clara reducción de los flujos migratorios a escala mundial.1
A pesar de estos datos, la percepción de que México es un país de origen y tránsito, más que de destino, permanece. Mientras un gran número de países alrededor del mundo debaten sobre cómo abordar la agenda de integración —algunos porque consideran que la migración es una oportunidad para el desarrollo económico y social, los más porque observan los desafíos a la cohesión social que presenta una migración sin acceso a las instituciones públicas— en México el tema permanece ignorado casi por completo. No hay duda de que México carece de una política de integración. En otras palabras, las leyes, prácticas y acciones no contemplan ni promueven la inclusión de quienes migran. Ello sucede en distintos ámbitos de la vida social: desde la educación y el empleo hasta los servicios financieros, de salud o programas sociales.
Hay diversas explicaciones de por qué ocurre así. A nivel internacional, no ayudan las presiones para reducir el flujo de personas, intensificadas durante la administración de Donald Trump. A nivel nacional, se suma la todavía baja proporción de población extranjera (menos de 1% del total del país), la escasez de recursos para garantizar el acceso a derechos incluso a quienes nacen en México y la reducción del gasto público. También se agrega un nacionalismo históricamente arraigado y una xenofobia que se difunde ampliamente.
En un contexto de pandemia, austeridad y endurecimiento de la política de control migratorio, parecería que abordar la temática de la integración es fútil. Sin embargo, es pertinente por tres razones, cuando menos: la primera es porque México, lo aceptemos o no, es crecientemente un país de acogida y retorno, y eso tiene un aspecto positivo —las enormes y probadas contribuciones de la migración al desarrollo— que sólo se activa si existe una política pública explícita de integración. La segunda es porque las y los migrantes y retornados que no se atienden ponen una presión adicional sobre la ya de por sí vulnerable cohesión social. Varios municipios del país pueden dar testimonio de ello. La tercera es que, al hacer visible la agenda de integración y los detractores que hay detrás de ésta, se pone en evidencia la extendida xenofobia y puede ayudar a superarla socialmente.
En este marco, el presente texto esboza los principales obstáculos que las y los migrantes enfrentan para incorporarse plenamente al país, así como los retos institucionales que dificultan la articulación de una política federal de integración. Finalmente, se plantean diversas recomendaciones para colocar la integración en el centro de la política migratoria.2
Ilustración: Víctor Solís
Las barreras a la integración
Las personas migrantes enfrentan en México barreras sistemáticas para ejercer sus derechos en cualquier ámbito y eso las coloca en situaciones de vulnerabilidad aguda. Los ejemplos de ello van desde la denegación de un trámite bancario, denegaciones de acceso a los servicios de salud en tiempos de covid-19, hasta la victimización por delitos graves.
Para empezar, migrar de forma regular es difícil. La ley privilegia en su mayoría a quienes cuentan con recursos económicos, contactos en México o cierta ‘afinidad cultural’. Mecanismos como el “sistema de puntos” siguen sin ser regulados, y entrar al país a través de un empleo exige una serie de trámites que no todos los centros laborales pueden (o quieren) cumplir, a lo que se suman las interminables demoras para llevar a cabo los trámites migratorios.
Asimismo, una alta proporción migrante enfrenta barreras para ejercer el derecho a la identidad. Sólo quienes migran de manera regular pueden acceder a documentos de identificación (p. ej. la CURP), lo cual condiciona las libertades y el acceso a muchos otros servicios. Además, incluso quienes tienen sus papeles en regla —así sean mexicanas o mexicanos de retorno— se enfrentan al desconocimiento de autoridades, bancos, centros laborales o clínicas, que cotidianamente rechazan sus acreditaciones como migrantes residentes.
Finalmente, persiste un alto número de restricciones legales y prácticas discriminatorias en cada ámbito. En materia educativa, se mantiene cierta discrecionalidad para la inclusión de niñas y niños migrantes, e incluso de nacionales hijos e hijas de migrantes, en distintos niveles. En materia laboral, la ley limita el número y tipo de puestos que se puede otorgar a personas migrantes. En la salud, es frecuente que se requieran documentos de identidad o comprobantes de nacionalidad para pedir atención en ventanilla. En la política social, varias reglas de operación son discriminatorias, ya sea de forma directa (pues limitan la atención a personas mexicanas) o indirecta (pues fijan requisitos difíciles de cumplir para las y los migrantes).
Como resultado, muchas personas migrantes carecen cotidianamente del acceso a servicios. También suelen evitar cualquier contacto o queja ante las autoridades por temor a la deportación. Ello es particularmente grave en un contexto de alta delincuencia, violaciones de derechos humanos y contingencia sanitaria: generalmente, las personas se rehúsan a denunciar crímenes o incluso (a pesar de la pandemia) a buscar tratamiento médico, a no ser que no tengan opción.
El deporte es por excelencia una herramienta de integración. Desarrollar instalaciones deportivas a lo largo del país y promocionarlo entre las personas migrantes ayuda a un mejor acomodo. Jóvenes centroamericanos procedentes del albergue “Embajadores de Jesús”, localizado a cinco kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos en Tijuana (Baja California), acuden cada dos días al Centro Deportivo Gran Tenochtitlán, donde organizan partidos, ‘arman la reta’, con jóvenes locales. Renato Miller para Proyecto: Social Cohesion. Towards an Integration Policy for those on the Move in Mexico (DEI-CIDE)
¿Cómo influye el arreglo institucional?
La falta de una política de integración no es atribuible solamente al gobierno actual. Como lo ha señalado Pablo Yankelevich,3 desde hace más de un siglo México tiene una política migratoria racista diseñada para no dejar entrar a personas extranjeras (o a quienes se conciba como personas extranjeras). La norma ha sido mantener las barreras de ingreso y permanencia en México, con algunas excepciones históricas que se han confundido equivocadamente con “tradiciones”. Pero lo cierto es que la única y comprobable “tradición” es la xenofobia institucionalizada: un nacionalismo patriótico que sostiene incluso conductas discriminatorias en las ventanillas de atención, y que hasta se expone, con orgullo, cuando se propone alguna iniciativa (legislativa o de política pública) para cambiar el statu quo.
Por esta razón, hay que reconocer los avances importantes derivados de los esfuerzos incansables de la sociedad civil y la academia especializada, que han peleado y obtenido grandes logros con relación al marco jurídico y al arreglo institucional. La Ley de Migración de 2011, la Unidad de Política Migratoria y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados son logros importantes que merecen ser identificados y destacados como conquistas para la igualdad.
Sin embargo, son insuficientes y, en la actualidad, incluso algunos de esos logros están en riesgo. Destaca, sobre todo, el vaciamiento de los procesos institucionales ordinarios (que incluyen mecanismos de coordinación entre niveles y órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil) y la toma de decisiones centralizada en una Comisión Intersecretarial creada por Decreto que carece de sustento legal y procesos de consulta.
Principales recomendaciones
Así pues, aunque en los últimos años ha habido avances normativos importantes, persiste la lógica de la exclusión de personas migrantes. Es urgente construir una política nacional coherente, eficaz y coordinada para integrar socialmente a quienes migran a México. La aproximación al tema debe ser integral, porque los avances fragmentados por temática consumen una gran cantidad de recursos y energía, pero no logran desmantelar el sistema de exclusión en su conjunto.
En ese sentido, habría que emprender acciones decididas en cuatro frentes:
1. Diagnosticar de forma clara la situación de las personas migrantes (p. ej. contemplarlas en las diversas encuestas del gobierno federal), y analizar las buenas prácticas para la inclusión que se han emprendido en distintos estados y municipios.
2. Coordinar la respuesta gubernamental con base en los mecanismos previstos por la ley, con vías para la participación social y la colaboración de diversos órdenes de gobierno, así como con asignaciones presupuestales suficientes.
3. Profundizar el estudio y combate de prácticas discriminatorias, con mecanismos de control y una estrategia de capacitación amplia para el funcionariado.
4. Impulsar proactivamente —a través de las dependencias competentes— que la opinión pública en torno a la migración sea favorable, mediante campañas amplias que desmientan prejuicios y promuevan información veraz.
Lo anterior requiere de un esfuerzo concertado entre órdenes y poderes de gobierno, sociedad civil, actores internacionales y academia. Sólo así se podrá hacer frente no sólo a los retos institucionales, sino también a los prejuicios sociales —pues, como demuestran los datos nacionales que hemos recabado a través de una encuesta sobre actitudes hacia la migración, urge combatir la cerrazón hacia quienes provienen de Centroamérica y/o migran por necesidad. Situaciones como el cambio de gobierno en Estados Unidos, así como las experiencias positivas a nivel local, alientan hacia el cambio de paradigma necesario. México debe estar a la altura del desafío de una sociedad cada vez más diversa.4
Alexandra Haas Paciuc
Directora Ejecutiva de Oxfam México.
Elena Sánchez-Montijano
Profesora Investigadora Titular, DEI-CIDE. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra.
Roberto Zedillo Ortega
Especialista en igualdad y no discriminación. Maestro en Sociología por la Universidad de Cambridge.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Una discusión más amplia de esta situación se puede encontrar en Haas, Alexandra y Sánchez-Montijano, Elena (2020) “México, un país de destino de migrantes”, Observatorio Migrante, nexos, 19 de agosto.
2 Este artículo resume los principales hallazgos del informe Cohesión social: Hacia una política de integración de personas en situación de movilidad en México. Dicha publicación, que se nutre de diversas colaboraciones, tiene como base una metodología mixta. En ese sentido, deriva de una revisión documental y bibliográfica, más de veinte entrevistas en profundidad con una diversidad de actores involucrados en la integración de migrantes, visitas de campo, material fotográfico y una encuesta de opinión con representatividad nacional.
3 Yankelevich, Pablo (2020) “Los otros. Raza, normas y corrupción en la gestión de la extranjería en México, 1900-1950”. México: El Colegio de México.
4 Este texto se enmarca en el proyecto “Social Cohesion: Towards an Integration Policy for those on the Move in Mexico” dirigido desde la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y con el apoyo de Open Society Foundations. Las personas autoras son coordinadoras del informe Cohesión social: Hacia una política de integración de personas en situación de movilidad en México.