¿Tránsito o resistencia? La migración como estrategia en contextos de conflictos socioambientales

Dos décadas atrás se argumentaba que los grandes movimientos migratorios constituían alternativas implementadas de cara a la crisis centroamericana y que estaba motivada por la búsqueda de mejores oportunidades laborales y económicas (Pacheco, 1993). No obstante, estudios más recientes reconocen el carácter multicausal de los flujos migratorios, identificando a la migración como un fenómeno social complejo en el que intervienen múltiples factores de expulsión y atracción.

La llegada del siglo XXI no estuvo exenta de diversos males sociales, sino que ha evidenciado la interrelación entre estos. En dicho sentido, el aumento del desempleo y del sector informal, la depreciación de los salarios, el endeudamiento de los pequeños y medianos productores, la desindustrialización, la destrucción del medio ambiente, la apropiación predatoria de las riquezas naturales, el aumento de la criminalidad, la violencia, el narcotráfico han aumentado la vulnerabilidad y exposición a riesgos de diversa índole en determinados sectores de la población (Caccia, 2006).

En contextos de pobreza social y bonanza ambiental, los proyectos de desarrollo emergen como alternativas de progreso y prosperidad bajo la promesa de subsanar los males existentes y brindar bienestar colectivo. El enfoque del crecimiento económico ha sido asociado como ideal de “desarrollo”, por lo que se ha cedido a la implementación de prácticas extractivistas, así como a la implementación de megaproyectos, frecuentemente bajo una modalidad Asociación Público-Privada (APP) (Muñoz y Cano, 2020).

En consecuencia, muchos gobiernos han cedido a la mercantilización de la vida y sus respectivos efectos colaterales que ponen en peligro no sólo a la biodiversidad de los entornos naturales sino a la especie humana misma (Mora, Hernández y Suriel, 2016). En la práctica, se ha podido constatar que en la mayoría de las ocasiones los beneficios para la comunidad no perduran, sino que sólo se ofrecen empleos temporales mientras, producto del manejo inadecuado, los entornos se degradan de forma irreversible (Ayales et al., 2019; Vega, 2010).

Según refiere el Atlas de Justicia Ambiental, se han registrado a nivel global al menos 3 342 conflictos socioambientales entre 1920 y 2020. Las disputas más recurrentes han sido por tenencia de tierra, exploración de yacimientos mineros, gestión del agua y explotación de recursos forestales. Entre las empresas implicadas destacan Royal Dutch Shell, Nigerian National Petroleum Corporation, Chevron, Vale y Monsanto Corporation.

Al analizar la distribución geográfica de los conflictos podemos constatar que India encabeza el listado de naciones con mayor recurrencia de conflictos socioambientales, seguida por Brasil, China y Estados Unidos. México se posiciona en el quinto peldaño con 135 confrontaciones entre comunidades y megaproyectos de desarrollo.

Ilustración: Estelí Meza

Conflictos socioambientales en México

Frente al despojo o instauración de prácticas de producción nocivas para el entorno, los territorios han sido escenarios de confrontaciones entre sus residentes y representantes de empresas transnacionales, del crimen organizado o de instancias gubernamentales (Muñoz y Cano, 2020). De ahí que los actores que intervienen en un conflicto socioambiental busquen la gestión y el dominio de recursos naturales y del ambiente, pero desde posturas e intereses antagónicos mediadas por elementos materiales o simbólicos (Copime, 2009).

Aunque tendencias contemporáneas plantean que la resolución de conflictos puede contribuir al cambio social, desde una óptica convencional se tiende a identificarlo como un obstáculo para el desarrollo de planes o políticas sociales por lo que debe ser evitado o subsanado (Copime, 2009). Ambas perspectivas están enfocadas al manejo y resolución de las disputas. Si bien alcanzar el consenso de las partes implicadas ayuda a evolucionar los contextos en beneficios para ambos, hay ocasiones en las cuales se ejerce poder en aras de suprimir al oponente.

Cuadro 1: México. Número de conflictos socioambientales originados entre el 1920 y 2020 según tipología

Fuente: Construcción propia a partir de los datos del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas)

Entre los proyectos que provocaron más confrontaciones se encuentran los relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción. No obstante, la mayor cantidad de personas afectadas residía en contextos rurales en los que se dieron disputas relacionadas con infraestructura y entorno construido que perjudicaron a más de 30 millones de habitantes.

Cuadro 2: Tipología de conflictos ambientales por estado. Periodo 1920- 2020

Fuente: Construcción propia a partir de los datos del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas)

La alta complejidad de los diferentes conflictos socioambientales, unida a la multiplicidad de actores, ideologías e intereses colectivos que intervienen, ha propiciado la organización y designación de líderes de representatividad como estrategias frecuentes en las comunidades afectadas. Estas personas denominadas líderes sociales o comunitarios han adquirido una gran visibilidad, principalmente cuando no se arriba a consensos. En consecuencia, se procede a la denuncia pública y se exponen las irregularidades de actores políticos o empresariales.

Cuadro 3: Ambientalistas asesinados en México en 2019

Fuente: Construcción propia a partir de los datos de Global Witness (2020)

La organización Global Witness señala que en México ocurrieron al menos 18 asesinatos de personas defensoras de los territorios y el medio ambiente en el año 2019, cifra que ubica a la nación en el cuarto lugar a nivel mundial (Global Witness, 2020). Entre los riesgos a los cuales están expuestos los activistas, la Organización de las Naciones Unidas reconoce la desaparición forzada, asesinato, criminalización, amenazas, extorciones, agresiones, acoso de diversa índole, violencia sexual y exclusión sistemática (ONU, 2012).

Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo de 20 años, Gregorio Chaparro Cruz, fueron encontrados muertos fuera de su casa el 1 de mayo de 2019, en la ciudad de El Chapote, en el noroeste de México. Asesinos a sueldo, supuestamente por encargo de los madereros, dispararon contra los dos defensores indígenas tarahumaras como represalia por su lucha para detener la deforestación ilegal en sus tierras ancestrales en la Sierra Madre (Global Witness, 2020).

Otro ejemplo de conflicto socioambiental suscitado en México es la construcción de la presa La Parota, a lo largo del río Papagayo, en el estado de Guerrero. La disputa, iniciada en el año 2003, confrontaba los intereses de las comunidades y los de la Comisión Federal de Electricidad. La iniciativa hidroeléctrica buscaba proporcionar energía a las industrias extractivas, maquiladoras, grandes centros turísticos y ciudades de la región oriental de México; y se integraría a una red de megaproyectos encaminada a aportar electricidad a las redes energéticas del sur de los Estados Unidos, la nacional y a la centroamericana (Cifuentes, 2007).

La CFE ingresó ilegalmente en tierras comunales en 2003 y comenzó a ejecutar obras sin consulta ni información a los campesinos sobre la afectación que llegaría a implicar el desalojo de comunidades enteras (…) Inundarían 17 000 hectáreas de selva mediana y baja caducifolia, tierras de cultivo, carreteras y puentes; significaría el desalojo de 25 000 personas y la afectación de más de 75 000 campesinos río abajo, además de que el cierre del cauce del río dejaría sin agua por varios años al puerto de Acapulco (Chávez, 2010).

Como se puede constatar, las afectaciones de la implementación de megaproyectos puede traer connotaciones negativas en el plano económico, laboral y ambiental, al mismo tiempo que aumenta los niveles de vulnerabilidad de las personas afectadas. De ahí que la oposición a los megaproyectos constituya un acto de defensa de los derechos humanos y de justicia ambiental.

Como resultado de la movilización popular en el caso antes referido surgió el Consejo de comunitarios propietarios de tierras y comunidades en contra de la construcción de la presa La Parota (Cecop) el cual, en articulación con el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas (Mapder), convocó a numerosas protestas públicas. En las manifestaciones hubo confrontación entre los congregados y el cuerpo policial, que dejaron un saldo de dos muertes. Además, se denunciaron actos de corrupción, la criminalización de activistas, el uso de violencia como método de coerción, el desplazamiento de 25 000 personas y afectaciones a otras 75 000 debido a los impactos en el ecosistema. Como resultado, el tribunal falló a favor de la justicia ambiental y el proyecto fue cancelado (EjAtlas, 2015).

La migración como alternativa

Tal como define la teoría del sistema mundo, las migraciones son consecuencia de contextos de estructuras de clases y conflictos, en los que se agudizan las desigualdades (Bolaños, 2012: 18; Gómez, 2010: 95). La privatización, así como las afectaciones progresivas de los entornos, pudieran conducir a la movilidad, voluntaria o forzada, una vez que los individuos tengan limitado el acceso a los recursos naturales.

En contextos rurales existe una mayor dependencia hacia el medio ambiente, por lo que los cambios desfavorables en el territorio, de origen natural o antrópico, exponen a la población a una doble vulnerabilidad, social y ambiental (Oswald et al., 2014). Los actos de violencia asociados a los conflictos o la degradación de las condiciones ambientales debido al manejo inadecuado de los entornos en la ejecución de megaproyectos pudieran afectar no sólo a las comunidades donde se desarrollan, sino también a las circunvecinas (Altamirano, 2014).

De ahí que los conflictos socioambientales pueden influir en la decisión de migrar, dentro o fuera del país, cuando los residentes vean afectados los medios o recursos para satisfacer sus necesidades. En casos de mayor riesgo, la movilidad pudiera resultar una estrategia de supervivencia.

Loraine Morales Pino
Estudiante del Doctorado en Estudios de Migración de El Colegio de la Frontera Norte.

Referencias bibliográficas

Asamblea General de la ONU (2012), “Situación de los defensores de los derechos humanos. Informe preparado por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 64/164 de la Asamblea General”. Consultado el 17 de enero de 2021.

Ayales, I., Blomstrom, E.,  Solis Rivera, V.,  Pedraza D. y Perez Briceño, P.M. (2019), Migraciones climáticas en el Corredor Seco Centroamericano: integrando la visión de género. Consultado el 17 de enero de 2021.

Caccia, S. (2006), América Latina y la crisis de la democracia. Instituto Polis. Consultado el 17 de enero de 2021.

Cifuentes Carbonetto, M. (2007), El conflicto del proyecto hidroeléctrico represa La Parota. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Consultado el 17 de enero de 2021.

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Congreso de ciencias ambientales (Copime) (2009). Los conflictos socio ambientales: enfoque desde la planificacion colaborativa. Consultado el 17 de enero de 2021.

EjAtlas (2015) Presa La Parota, México. Consultado el 18 de enero de 2021.

Global Witness (2020), Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.

Mora Pérez, A. R., Suriel Rodríguez, J. M., & Hernández Mondejar, W. (2016). “Intensidad y patrones del efecto redistributivo de la migración interna en Cuba y República Dominicana. Según DAM y DAME. Rondas censales 2000 y 2010”. Revista Novedades en Población, 12(23), 97-108.

Muñoz Meléndez, G. y Cano, J. (2020), Los derechos indígenas ante el agotamiento del programa extractivista en América Latina en Territorios, Neoextractivismo y Derechos Indígenas en Latinoamérica. En desarrollo.

Oswald Spring, Ú., Serrano Oswald, S. E., Estrada Álvarez, A., Flores Palacios, F., Ríos Everardo, M., Gunther Brauch, H., Ruiz Pantoja, T. E., Lemus Ramírez, C., Estrada Villanueva, A. & Cruz Rivera, M. T. M. (2014). Vulnerabilidad social y género entre migrantes ambientales. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias- Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM). Cuernavaca, México.

Pacheco, G. (1993). Migraciones forzadas en Centroamérica. Evolución psicosocial. Nueva Sociedad, 27, 114-125.

Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.