A raíz del arribo en la frontera sur de Estados Unidos de grandes poblaciones susceptibles a protección internacional, la administración Trump estableció las listas de revisión (metering list) y el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP-Migrant Protection Protocols), mejor conocido como “Quédate en México”. Dichos procesos, implementados en toda la frontera México-Estados Unidos entre enero de 2019 y marzo de 2020, forzaron a las poblaciones solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano.1 El programa MPP se interrumpió con el cierre de la frontera bajo el argumento del riesgo sanitario derivado de la pandemia. A partir de entonces el gobierno de Estados Unidos ha ejecutado deportaciones exprés para nuevos solicitantes, a quienes niega el derecho a una audiencia frente a un juez bajo el fundamento del título 42.
Ante tales contextos, Núñez y Heyman mantienen que las agencias estatales, de seguridad e incluso de rescate imponen un riesgo significativo a la movilidad humana. Al mismo tiempo, los autores sostienen que los propios migrantes ejercen diversas formas de agencia al limitarse y desafiar encubiertamente los controles de movimiento, las fuerzas político-legales, las restricciones de transporte y la mala salud, entre otros elementos que conducen a la inmovilización de las personas.2
A partir de la ejecución del MPP y del cierre de fronteras por la contingencia sanitaria, así como del inicio de las deportaciones bajo título 42, se concretó un escenario de securitización de la migración y del asilo. Este escenario, enmarcado en una frontera humanitaria y un corredor de deportación,3 fue administrado a través de control remoto, es decir, a partir de una serie de dispositivos de control socio-espacial que los gobiernos utilizan para regular la migración más allá de sus fronteras. Tales controles remotos tienen como utilidad filtrar y no simplemente excluir. Sin embargo, su razón de ser es la capacidad de excluir, expulsar y "sacrificar a las masas" según criterios cambiantes de admisión y rechazo.4
Desde la perspectiva de la gobernanza migratoria —la cual fundamenta las acciones de las agencias de Naciones Unidas— se reconocen las respuestas en acción humanitaria por parte de un entramado de actores sociales y políticos, quienes a través de alianzas estratégicas y de la acción pública han brindado asistencia y ayuda primaria en la frontera entre México y Estados Unidos.5 Desde una postura crítica, por su parte, Estévez concibe que la ejecución de las recientes políticas hacia poblaciones migrantes forma parte de una maquinaria necropolítica que, en lugar de garantizar protección a los perseguidos, se caracteriza por activar dispositivos de migración forzada y por el vacío del derecho a la protección internacional.6 Es decir, estas políticas no tienen la intención de proteger a las víctimas, sino de contener nuevas oleadas de migrantes, en el proceso poniendo a los migrantes en riesgo de muerte.
Ilustración: Jonathan Rosas
Manufacturas humanitarias y cambios vía control remoto
Durante su campaña electoral, Joe Biden enfatizó que terminaría con los Protocolos de Protección al Migrante (MPP). A partir de que el Colegio Electoral de Estados Unidos anunció el resultado de la elección en diciembre de 2020, y hasta la toma de posesión de Biden el 20 de enero de 2021, surgió una nueva ola de esperanzas y expectativas para diversas poblaciones atrapadas en el corredor de deportación entre México y Estados Unidos. Estas esperanzas emergieron a partir del final de un periodo trascendental en la historia de la migración y el asilo en Estados Unidos, uno cargado de violencia institucional, controversias, xenofobia, discursos de odio, racismo y desinformación por parte de la administración Trump.
El 18 de febrero de 2021, el presidente Biden presentó ante el Congreso de los Estados Unidos una propuesta de reforma legal que busca humanizar el sistema de migración. El presidente también anunció el fin del programa MPP, esto a través de una acción ejecutiva de política humanitaria caracterizada por la continuidad al seguimiento de casos activos ante cortes estadunidenses. Cabe destacar que la reforma propuesta por Biden estará sujeta a la aprobación del Senado, y también que la acción que puso fin al MPP únicamente especifica que se examinarán los casos que ya están activos y no dice nada respecto a la apertura de nuevas solicitudes de asilo. La acción ejecutiva tampoco considera los casos de deportación bajo título 42.
El programa Fin de MPP tiene por objetivo mejorar la situación de 25 000 personas que se encuentran inmovilizadas y dispersas en México desde 2019. Para este fin, el programa se enmarca en acciones estratégicas, acuerdos de colaboración, subcontrataciones y presupuestos colaborativos entre agencias de Estados Unidos y México, agencias de Naciones Unidas y varios grupos de la sociedad civil.7
La fase inicial, activada el 18 de febrero de 2021, consta del establecimiento de oficinas móviles de los Organismos Internacionales y socios implementadores en los Centros de Integración para Migrantes Leona Vicario, en Ciudad Juárez, y Carmen Serdán, en Tijuana; así como en el campamento de Matamoros. Además, la primera fase del programa busca dar seguimiento a la situación de personas que se encuentran fuera de estos espacios a través de CONECTA, un portal de internet administrado por ACNUR para el registro de personas cuyos casos de MPP hayan quedado pendientes ante cortes en Estados Unidos. La función del sitio web es fungir como medio de conexión para aquellos solicitantes que se encontraban varados y dispersos en distintas fuentes de hospedaje.
El objetivo de la fase inicial fue revisar caso por caso la situación individual de los migrantes y facilitarles el cruce de la frontera a través de los puertos de entrada a Estados Unidos. Estos cruces se dieron en grupos de entre 25 y 30 personas por día. El proceso comprende varias etapas: primero, se revisan los casos activos de MPP; después, se aplica una prueba diagnóstica de covid a los migrantes; más adelante, se les ofrece una consulta médica y la interpretación de sus resultados clínicos; luego, se les ofrece asistencia para mitigación de riesgos y se registra la salida de los migrantes; finalmente, los migrantes son trasladados al puerto de entrada, donde cruzan en compañía de oficiales de protección de la Organización Internacional para la Migraciones.
Además, en esta primera fase los esfuerzos se han concentrado en trasladar a quienes se encontraban en el campamento de Matamoros; esto para deshabilitar un espacio que originalmente era temporal. Las acciones iniciales en los Centros de Integración para Migrantes (CIM) constaron en atender los casos activos que hubieran esperado más tiempo. Posteriormente, los CIM, además de continuar con su función de albergue, continuarán con la recepción de personas forzadas a esperar en México bajo el MPP que estaban dispersas en otros lugares y que se registren vía CONECTA para acudir a su revisión de caso y eventual traslado a los puertos de entrada.
La estrategia Fin de MPP abrió nuevas líneas en la logística humanitaria y ha tenido implicaciones para diversas poblaciones susceptibles a protección internacional, al reabrir la posibilidad de continuar el proceso de solicitud de asilo bajo el régimen de protección internacional de refugiados. No obstante, queda pendiente registrar los criterios con los que las cortes decidirán a quién otorgarle el asilo durante los próximos meses; esto por los precedentes que dichas decisiones podrían dejar asentados. Sin embargo, el carácter de selectividad ha sido muy específico, y la frontera humanitaria continúa operando bajo las condiciones de atrapamiento, contención y expulsión para todos aquellos nuevos solicitantes que han sido deportados bajo título 42.
De acuerdo con FitzGerald, la metáfora del control remoto no debe ser tomada de forma literal, ya que, independientemente de la eficacia de los dispositivos de control, a los gobiernos se les escapa de las manos el control del volumen de los flujos migratorios. En el caso de las poblaciones migrantes susceptibles a protección internacional en la frontera México-Estados Unidos, se ha evidenciado que —a pesar del fortalecimiento de las estructuras de deportabilidad y de la ejecución de políticas de externalización, contención y atrapamiento— la maquinaria migratoria, como dijera Galileo, sin embargo se mueve… Tanto así, que en tiempos recientes la industria de la migración y el rescate ha resurgido en el norte de México, por no decir nada del hecho de que nuevos flujos migratorios continúan llegando a la frontera.
Los retos en las manufacturas humanitarias se transforman, pero continúan con la oleada de expectativas que pronto se ha convertido en un factor de atracción sin fundamento. No obstante, las acciones ejecutivas de Biden han sido claras y específicas en una dialéctica entre vidas por salvar y vidas por arriesgar. Podría incluso decirse que los discursos de política migratoria por parte de su administración podrían tomar un camino de “políticas de vida” al momento de la revisión de los casos de MPP. De acuerdo con los postulados de Fassin, estas posibilidades serían el destello de un humanitarismo que da un valor y significado específicos a la vida.8 Así, esta aproximación a la migración se diferencia de la biopolítica foucaultiana —entendida como “la regulación de la población”— en el sentido de que no se relaciona con las tecnologías del poder ni con el control de las poblaciones, sino en la evaluación de los seres humanos y la forma de concebir el significado de su existencia.
Emilio Alberto López Reyes
Estudiante del Doctorado en Estudios de Migración en El Colegio de la Frontera Norte.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Paris, M. D. (2020). “La extraterritorialización de la espera y la negación del derecho al asilo en Estados Unidos”, en dossier LASA Forum, 52 (2), pp 75-79.
2 Núñez, G. y Heyman, J. (2007) “Entrapment Processes and Immigrant Communities in a Time of Heightened Border Vigilance”, en Human Organization: Winter 2007, 66(4), pp. 354-365. https://doi.org/10.17730/humo.66.4.v32mp32167k8l705.
3 Lemberg-Pedersen, M. (2020) “The Humanitarianization of Child Deportation Politics”, Journal of Borderlands Studies, DOI: 10.1080/08865655.2020.1835524
4 FitzGerald, D. (2019). Refuge beyond reach: How rich democracies repel asylum seekers. US, Oxford university press
5 Organización Internacional para las Migraciones (2021). Indicadores de Gobernanza de la Migración Perfil 2020 – Estado de Chihuahua. OIM. Ginebra.
6 Estévez, A. (2018). El dispositivo necropolítico de producción y administración de la migración forzada en la frontera Estados Unidos-México. Estudios fronterizos, 19, e010. Epub 22 de mayo de 2018. https://doi.org/10.21670/ref.1810010.
7 Lascoumes, P. y Galès, P. (2014). Sociología de la acción pública. México: El Colegio de México.
8 Fassin, D. (2009). “Another Politics of Life is Possible”. Theory, Culture & Society, 26(5), 44–60. https://doi.org/10.1177/0263276409106349.