Según expertos de diversas disciplinas, mantener cerrada la frontera es una acción innecesaria para contener la pandemia desde el punto de vista de la salud pública. Sin embargo, la administración de Donald Trump, en connivencia con el gobierno mexicano,1 se empeñó en mantener cerradas las garitas terrestres de los límites nacionales a todos los cruces no esenciales de personas no ciudadanas. Contradictoriamente, no sólo los cruces de estadunidenses hacia México han fluido con normalidad durante toda la contingencia, sino que, a lo largo de 2020, el gobierno norteamericano mantuvo en funcionamiento el aparato de deportación.2 Y aunque Joe Biden ha intentado quitarse la mancha de haber sido el segundo al mando de la época en la que Obama fue tildado como el “deportador en jefe” por la histórica cantidad de personas expulsadas de ese país, lo cierto es que las deportaciones desde Estados Unidos continúan a la orden del día.
A pesar de que la administración Biden anunció en su primer día una serie de acciones en materia migratoria, entre las cuales se encontraba una moratoria de 100 días para suspender las deportaciones, las expulsiones de migrantes en Estados Unidos no han cesado. Una semana después del anuncio, una corte federal en Texas bloqueó dicha moratoria, lo que en buena medida ha permitido que estas remociones sigan siendo llevadas a cabo.3 Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil han calculado que, desde la llegada de Biden al poder hasta el 16 de febrero de 2021, habrían sido deportadas 26,248 personas migrantes bajo el título 42: el estatuto del Código de Estados Unidos que se ocupa del bienestar y la salud pública.
Con el pretexto de la emergencia global por covid-19, la administración Trump puso en operación el título 42 para expulsar expeditamente a personas no deseadas en Estados Unidos. Las expulsiones llevadas a cabo bajo el Título 42 no tienen nada que ver con las disposiciones legales migratorias, sino con regulaciones en torno a la salud pública. Las secciones 362 y 365 de esta norma autorizan que el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) determine quiénes representan un riesgo severo para la nación en términos de salud pública al ingresar al país. Es bajo esta orden que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha impuesto serias restricciones para personas que llegan a Estados Unidos desde México o Canadá.
Tan sólo de marzo a septiembre del año fiscal 2020 197 043 personas fueron expulsadas bajo el Título 42 desde la oficina del CBP, lo que contrasta con los 185 884 removidos por Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia tradicionalmente encargada de deportar a personas desde el país del norte. Lo anterior quiere decir que tan sólo en medio año se expulsó a más personas bajo la normatividad vinculada con la seguridad sanitaria que bajo la regulación migratoria. Dado que ICE emite reportes estadísticos de acuerdo a años fiscales, aún no conocemos el dato de las personas deportadas desde octubre pasado; sin embargo, el CBP sí ha continuado reportando mensualmente las expulsiones bajo el Título 42, que al mes de enero sumaban 444 621 desde el advenimiento de la pandemia.
Ilustración: Víctor Solís
Un dato esclarecedor respecto hacia quiénes están dirigidas las expulsiones amparadas en el Título 42 tiene que ver con la abrumadora diferencia de expulsados por la frontera con México respecto a la de los expulsados a través de la frontera con Canadá. Evidentemente la lógica de seguridad sanitaria ha estado funcionando durante toda la pandemia para detener los flujos migratorios de sur a norte, lo que lleva a pensar cómo siguen operando las lógicas xenófobas hacia la migración proveniente del sur.
Expulsados bajo el Título 42 de marzo de 2020 a enero de 2021
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Frontera con México |
444 159 |
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Frontera con Canadá |
995 |
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Total |
444 621 |
Fuente: Elaboración propia con datos del CBP
Después de la caída de las Torres Gemelas en 2001 fuimos testigos de cómo el terrorismo, el narcotráfico y la migración se convirtieron en un asunto de seguridad nacional para la lógica político-administrativa. Ahora, a casi un año del inicio de la pandemia, hemos podido corroborar cómo es que el gobierno norteamericano ha instrumentado una serie de acciones políticas que convierten los asuntos relacionados con la salud pública en una amenaza para la seguridad nacional, lo que ha permitido sostener un aparato administrativo de deportación que justifica sus prácticas en la lógica de la seguridad sanitaria.
A lo largo de 2020, la administración Trump construyó la imagen de la enfermedad como un agente externo que pone en riesgo el sostenimiento de los intereses nacionales. Bajo esta lógica, el covid-19 ha devenido en la excusa perfecta para mantener un régimen de deportaciones que hemos vivido a lo largo del siglo XXI, y que fue particularmente feroz en la era Obama-Trump. En ese sentido, estas acciones pueden leerse desde la gobernanza americana como el devenir de las personas migrantes en factores externos que pueden contaminar a la sociedad estadunidense. Acusar a los migrantes de acarrear enfermedades, por cierto, no es un tema nuevo para las autoridades norteamericanas; baste recordar cómo, durante el programa Bracero, los oficiales norteamericanos rociaban la cabeza de los migrantes mexicanos con un insecticida, que hoy está prohibido, con el objetivo de desparasitarlos, pues se creía que por ser migrantes que venían de México, llegarían con piojos e insectos que podrían infectar a la sociedad de acogida.
Lo cierto es que el Título 42 permite continuar reproduciendo estas ideas en un momento en el que las personas migrantes provenientes del sur son representadas como patentes focos de infección y por lo tanto necesitan ser expulsadas del país. Claramente el Título 42 deviene en la coartada perfecta para justificar una táctica de expulsión con base en la discriminación estructural de tintes xenófobos que permea a los sectores más radicales de la sociedad y la política estadunidenses. La moratoria extendida por el presidente Biden a las deportaciones estaba vinculada con aquellas efectuadas al amparo de la ley migratoria; en ningún momento se pensó en detener aquellas que se llevaban a cabo bajo el Título 42. En tanto esta administración no detenga dicha orden, la discriminación estructural con base xenófoba —que tanto caracterizó al gobierno de Donald Trump— seguirá operando en este tipo de acciones que justifican en problemas de salud pública una rápida expulsión de migrantes no deseados en dicho país.
Juan Antonio Del Monte Madrigal
Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte. Co-coordinador del Observatorio de Legislación y Política Migratoria y editor de Observatorio Migrante.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Desde marzo del 2020, los gobiernos de México y Estados Unidos han estado aplazando estas restricciones mes tras mes.
2 Se ha acusado al gobierno norteamericano de ser un “superdiseminador” del Covid-19 hacia otros países bajo los vuelos de deportación y los retornos forzados a través de ciudades fronterizas, después de que se ha sacado a la luz que los Centros de Detención de ICE estaban llenos de contagios de Covid. El caso de personas deportadas a Guatemala es quizá el más emblemático al respecto.
3 Varias organizaciones de la sociedad civil en favor de los migrantes en Estados Unidos han señalado que, aún con la existencia de esta orden de la corte tejana, la decisión final de detener las deportaciones radica en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) según la Suprema Corte.