La Bogotá de los migrantes venezolanos: un contexto de recepción en tiempos de pandemia y crisis social

Ubicada a 550 kilómetros de la frontera con Venezuela, Bogotá, esa ciudad fría enclavada en Los Andes septentrionales, con una población que expresa la diversidad cultural colombiana al ser el principal polo de las migraciones internas y el desplazamiento forzado por cuenta del conflicto armado,¹ se ha convertido en la mayor receptora del flujo migratorio venezolano.²

Se estima que finalizando 2020 se encontraban en la ciudad 337 594 migrantes venezolanos, el 19.5 % del total del flujo migratorio que ha llegado a Colombia desde 2015, y que asciende a 1.7 millones de personas (Migración Colombia, 2021). Este incremento demográfico de casi el 5 % supone inminentes tensiones sociales y culturales para una urbe de 7.6 millones de habitantes.

En la capital colombiana, que ha fungido como epicentro de la agenda neoliberal del siglo XXI en el país, persiste una marcada desigualdad que se expresa en la segmentación espacial y la segregación socioeconómica. Si bien la ciudad había tenido siempre mejores indicadores sociales que el resto del territorio nacional —gracias a una autonomía fiscal y una capacidad económica que posibilitaron mayor inversión en infraestructura y política social—, actualmente, igual que el resto del país, se ha sumergido en una grave crisis socioeconómica agudizada por los efectos de la pandemia y la profundización de las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque, que precarizan aún más las condiciones de vida de la población y que han desatado un creciente descontento ciudadano expresado en sucesivas oleadas de protesta social, en medio de una violenta represión policial.

Esta coyuntura de movilización social también supone riesgos para los migrantes. Algunos mandatarios locales han declarado públicamente que el “vandalismo” y los “desmanes” son provocados por migrantes venezolanos, e incluso algunos han sido expulsados sin que se les garantice el derecho al debido proceso. Argumentado “razones de seguridad nacional”, en el marco de las movilizaciones de noviembre de 2019 fueron deportados 59 migrantes y en las protestas de los últimos días van cerca de diez casos. Todas estas variables críticas convergen mientras Bogotá se venía configurando como contexto de recepción.

Ilustración: Gonzalo Tassier

La incursión de los migrantes en el espacio urbano: pautas de asentamiento e informalidad

Los migrantes venezolanos se han asentado en buena parte del espacio urbano y en municipios aledaños del área metropolitana, mayoritariamente en los sectores populares del occidente y el sur de la ciudad, zonas que resaltan por su alta densidad poblacional, lo que se relaciona con el aumento de la informalidad y la demanda de servicios sociales.³ El Centro es otra de las zonas donde se han instalado, haciéndose especialmente visibles en el espacio público, ya que muchos pueden incorporarse a las dinámicas de la economía informal, e incluso algunos recurren a la mendicidad.

La mayor expresión económica de la segregación en Bogotá es la informalidad, particularmente visible en prácticas como el “autoempleo”, en las que resaltan las ventas ambulantes, los repartidores que utilizan aplicaciones de entregas y quienes se ubican en el sector de servicios. Antes de la pandemia, cerca del 60% de la población migrante se ubicaba en espacios de empleabilidad de la economía informal y apenas el 20 % contaba con un empleo formal (Personería de Bogotá, ACNUR, 2020). Por otra parte, en 2018 se observa la incursión de las mujeres migrantes en las dinámicas del trabajo sexual en la ciudad, sólo en ese año, del total de mujeres que realizaba esta actividad, el 32.7 % provenía de Venezuela (OMEG, 2018).

Al no tener que demostrar un estatus migratorio regular, los espacios-tiempos de la informalidad se vuelven una opción práctica para los migrantes, a pesar de que conllevan mayores riesgos. En el estudio realizado por la Personería Distrital y ACNUR (2020), el 40% de los inmigrantes venezolanos manifestó haber sido víctima de asaltos o robos, lo cual se relaciona, según lo refieren ellos mismos, con el desconocimiento que tienen del espacio urbano.

Así, ocurren una serie de desplazamientos intraurbanos que van trazando en el proceso de descifrar la ciudad, para ubicar nuevos posicionamientos y configurar las materialidades y espacialidades de su nueva vida cotidiana.

Los embates de la pandemia y el empobrecimiento de la ciudad: algunos indicadores sociales

A partir de 2017, la paulatina masificación de la migración venezolana en Bogotá ha tenido un impacto significativo en la dimensión demográfica y el reajuste de algunos indicadores sociales, a lo cual se suman las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Mientras en 2016 se calculaban 12 000 migrantes venezolanos, en 2019 se registraron más de 357 000, y en 2020, a pesar del covid-19, la mayoría permaneció en la ciudad.

Migrantes venezolanos en Bogotá⁴

Con el advenimiento de la pandemia 3.1 millones de personas se ubicaron por debajo de la línea de pobreza en Bogotá, que pasó del 27.2 % en 2019 al 40.1 % en 2020, mientras la pobreza extrema aumentó de 4.2 % a 13.3 %, esto es 1.1 millones de personas. Por otro lado, la tasa de desempleo, que había pasado del 8.7 % en 2015 al 10.9 % en 2019, alcanzó el 18.2 % en 2020.⁵

El aumento del desempleo ha intensificado la precariedad de los migrantes, pues su presencia en sectores altamente impactados es mayor que la de colombianos. Esto se suma a las barreras que enfrentan para acceder a los derechos ciudadanos más básicos, pues aunque cuenten con un estatus regular, son más proclives a todo tipo de explotación, incluso en muchos casos devengan alrededor del 30 % menos que los locales por hacer el mismo trabajo (Graham y Guerrero, 2020).

Ser migrante en tiempos de covid-19: riesgo e incertidumbre ante el confinamiento de la vida cotidiana

A pesar de las medidas de confinamiento escalonado implementadas en el último año en Bogotá, persiste una acelerada dinámica de contagios por covid-19 que se relaciona con la particularidad de ser una de las ciudades más densamente pobladas de América Latina, con un promedio de 24 643 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto supone una gran dificultad para la gestión de la pandemia, que se suma a variables como el inevitable uso del sistema de transporte masivo y la incertidumbre de una inmensa mayoría de pobladores que sobrevive día a día en la informalidad.

Con 763 255 casos confirmados hasta finales de abril de 2021, en Bogotá se concentra el 27 % de los contagios de covid-19 reportados en Colombia, así como el 22 % de las 70 848 muertes registradas, siendo los estratos socioeconómicos bajos (1, 2 y 3) los más afectados, con el 87.4 % de las defunciones (DANE, 2021). 28 062 casos corresponden a migrantes venezolanos, de los cuales 14 568 se encuentran en el Distrito Capital, con un estimado de 427 fallecimientos.

Los indicadores del semáforo de evaluación de la pandemia llevaron a decretar la alerta roja generalizada finalizando el pasado mes de abril, dado el mayor nivel de transmisión comunitaria y la ocupación del 91 % de unidades de cuidados intensivos, mientras se alternaban medidas que incluyen toque de queda nocturno y cuarentena obligatoria los fines de semana.

Sumado a esto, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, ha promovido una desafortunada narrativa que alienta la xenofobia al relacionar la inseguridad de la ciudad con la migración venezolana. Además, al inicio de la pandemia afirmó públicamente que la ciudad no tenía por qué asumir el costo social de la migración internacional, mientras ocurrían desalojos de familias de migrantes que no podían seguir pagando la renta de sus viviendas por cuenta del confinamiento decretado y otras medidas restrictivas que habían ocasionado la pérdida de sus fuentes de ingreso. Incluso algunas familias quedaron en situación de calle e improvisaron campamentos mientras que el Distrito gestionaba su salida de la ciudad en buses que los llevaban hacia la frontera.

Políticas de acogida: alcances y limitaciones

En 2018 el Estado colombiano estableció una política de atención de derechos para los migrantes venezolanos que ordenó a las entidades territoriales garantizar el acceso a salud, educación y asistencia humanitaria para los migrantes.⁶ En marzo de 2021 el Gobierno colombiano adoptó el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos en Colombia, mecanismo que contempla básicamente dos acciones para la regularización: el Registro Único de Migrantes Venezolanos, que inició el 5 de mayo, y la expedición del Permiso por Protección Temporal, al cual podrán postularse tras registrarse. Esto es relevante teniendo en cuenta que el 56 % de migrantes, cerca de un millón de personas, se encuentra en condición irregular.

Si bien Bogotá es la ciudad que más ha avanzado en la adaptación y generación de políticas de acogida de este flujo migratorio,⁷ éstas son reactivas e insuficientes, pues básicamente han sido orientadas desde el nivel nacional y, en gran parte, mediadas por las agencias de cooperación internacional, así que se reducen al cumplimiento de metas de atención desde la inercia de operación institucional de la política pública y carecen de una lectura del contexto de recepción.

Mientras tanto, la llegada de venezolanos continúa, y a pesar de la crisis que converge en este contexto de recepción, la mayoría de los que han llegado prefiere permanecer en Bogotá. De esta manera, el paisaje urbano y la producción de las espacialidades continúa matizándose con la incursión de una gran diversidad de migrantes que se evidencia tanto en la interseccionalidad de sus posicionamientos (género, sexo, edad, raza) como en sus distintos orígenes de clase (empresarios, técnicos, profesionistas, estudiantes, jubilados, entre otros), ampliando así el arco de diversidad que habita esta ciudad.

Erik Jerena Montiel
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante del Doctorado en Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte.

Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.

Referencias

DANE (2021). Boletín técnico Estadísticas Vitales – EEVV Defunciones por COVID-19 2 de marzo de 2020 al 11 de abril de 2021.

Graham, J. y Guerrero M. (2020). El efecto del COVID-19 sobre la inclusión económica de los venezolanos en Colombia. Policy Paper 189. Center for Global Development and Refugees International.

Migración Colombia (2021). Distribución de Venezolanos en Colombia 2020.

Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG) (2018). Reflexionemos sobre las actividades sexuales pagadas en Bogotá.

Personería de Bogotá, ACNUR (2020). Informe sobre la situación de las personas provenientes de Venezuela en Bogotá, D. C..

Proyecto Migración Venezuela (2020). ¿Más integrados de lo que creemos? Migración venezolana en Bogotá y municipios vecinos.

¹ En 2018 ACNUR ratificó que Colombia sigue siendo el primer lugar en el mundo con más desplazados internos, al sumar cerca de 7.7 millones de personas desarraigadas desde 1985.

² Se calcula que más de cinco millones de personas han migrado de Venezuela, de las cuales 4.1 millones se han dispersado por América Latina y el Caribe y cerca de medio millón en Estados Unidos.

³ Los migrantes se han integrado territorialmente de acuerdo a sus posibilidades, siguiendo la pauta de asentamiento poblacional de los diferentes niveles (estratos) socioeconómicos. El 60 % se concentra en las espacialidades de los estratos bajos —en los que se encuentra el 50 % de los residentes locales—, alrededor del 30 % en el estrato medio, y en menor medida, cerca del 7 %, en los estratos altos (Proyecto Migración Venezuela, 2020).

⁴ Elaboración propia con datos de Migración Colombia.

⁵ Datos consultados en DANE.

⁶ Documento CONPES 3950 de 2018.

⁷ El gobierno de Bogotá, en sintonía con las políticas del nivel nacional, ha invertido desde 2017 cerca de 13 millones de dólares para atención en salud de los migrantes venezolanos. En 2020 alrededor de 85 000 se encontraban afiliados al Sistema de Salud, se reportaron 23 000 atenciones de urgencias y se atendieron 5 659 partos. Actualmente hay 45 000 niños y adolescentes en el sistema educativo, lo cual corresponde al 7.4 % de las matrículas. Además, a finales de 2018 se puso en funcionamiento el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM) para articular la oferta de la cooperación internacional y de algunas ONG con los servicios sociales del Distrito.