El campamento de Matamoros: símbolo de las restricciones de movilidad y vulnerabilidad migrante

A los pies de la Puerta México, una de las grandes piezas arquitectónicas de la frontera norte, permaneció durante dos años el campamento de migrantes más grande del país. Éste comenzó a formarse en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en una pequeña plaza pública donde se encuentra el edificio de Repatriación Humana del Instituto Nacional de Migración, frente al coloquialmente conocido “Puente Nuevo”.

Trabajé en el campamento realizando investigación de campo para escribir mi tesis doctoral. Caminar el campamento migrante —desde que las primeras familias desorientadas habitaron la plaza, hasta el día en que fue desmantelado— despertó en mí un cúmulo de emociones, aprendizajes y grandes desencantos que narraré en este texto. Mi intención es que conozcan algunas de las políticas migratorias que le dieron vida a éste y otros campamentos que continúan formándose en la frontera entre México y Estados Unidos.

Ilustración: Kathia Recio

Metering y el inicio

Es en abril de 2018, bajo órdenes del gobierno de Donald Trump, cuando todos los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos comienzan a accionar un protocolo conocido en inglés como metering, o regulaciones de entrada. Esta práctica ya se realizaba en San Ysidro, California, desde 2016; ahí, funcionarios de la agencia de aduanas y fronteras (CBP) optaron por recibir sólo a un número determinado de solicitantes de asilo por día para realizar entrevistas y determinar si calificaban para acceder al estatus de refugio. En Estados Unidos, la figura del asilo se define con base en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Dentro de este marco legal, una persona solicita asilo cuando ya se encuentra en territorio de ese país, o en un puerto de entrada.

Lo que ocurre cuando se pone en marcha el protocolo de regulaciones de entrada es que los oficiales de la CBP se plantan a la mitad del cruce fronterizo, justo en la línea divisoria de ambos países. Hacen esto con la finalidad de impedir físicamente que las personas puedan pisar suelo estadunidense y no consigan solicitar asilo conforme a derecho. Es así que las y los solicitantes deben apuntarse en listas de espera en el lado mexicano. Estas listas les otorgan un número de turno para poder tener una entrevista con las autoridades migratorias estadunidenses.

No obstante, la CBP no se encarga de elaborar esta lista y no existe formalmente ningún acuerdo para que las autoridades mexicanas la realicen. Debido a ello, las entidades encargadas de las listas varían según la organización que tenga cada localidad. En Matamoros, el listado era llevado por los mismos solicitantes de asilo y algunas de las organizaciones de la sociedad civil. Esta situación no provocó inmediatamente un aglomeramiento de migrantes en la frontera, pero sí condujo a un aumento en los cruces clandestinos. Los coyotes cruzaban a la gente, pero solamente a las orillas del río o en áreas patrulladas por agentes de la patrulla fronteriza, para que así pudieran entregarse a las autoridades migratorias y solicitar asilo estando en suelo estadunidense.

Remain in Mexico y la consolidación

La situación en la frontera se torna mucho más compleja hacia marzo de 2019, cuando un nuevo programa migratorio es puesto en acción. Los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), mejor conocidos como Remain in Mexico, son una acción del gobierno de Estados Unidos mediante la cual ciertas personas extranjeras que ingresan o buscan ser admitidas sin la documentación adecuada pueden ser devueltas a México durante la duración de sus procedimientos migratorios. La consecuencia era que aquellas personas que lograban cruzar mediante el coyotaje eran devueltas de forma casi inmediata. Familias completas eran regresadas a Matamoros sin explicaciones previas, con la promesa de que el gobierno mexicano les atendería de forma humanitaria y permanecerían en un albergue seguro durante su espera.

Esto nunca ocurrió. Las personas devueltas dentro del programa MPP permanecieron cerca de un mes viviendo a la intemperie a orillas de la Puerta México. Al ver el creciente número de personas viviendo en situación de indigencia, organizaciones de ambos lados de la frontera comenzaron a reunir recursos para abastecer a las personas de comida, casas de campaña, ropa y servicios médicos básicos. Con el tiempo, las líneas de casa de campaña se fueron extendiendo. En un inicio llegaron a albergar hasta quince personas cada una. Poco a poco, llegaron más casas de campaña; pero también cientos de personas eran devueltas cada día, hasta que fueron más de 2000. Ante esta situación, algunas familias comenzaron a construir hornos de tierra para poder cocinar sus propios alimentos.

Visto desde un enfoque sociológico, este fue el primer paso de lo que sería un proceso de organización más complejo en el que empezaron a observarse líderes y voceros que ayudarían a coordinar distintas actividades y procesos de comunicación con las ONG y los gobiernos de ambos países. Un ejemplo fue la creación de tiendas comunitarias donde se administraban las despensas y se repartían equitativamente según el número de familias representadas por cada uno de los líderes.

La temporalidad indefinida —covid-19 y Título 42—

Hasta antes de 2020, todo aquello pretendía ser una situación temporal. Pero, debido a la propagación del covid-19 y la puesta en marcha del Título 42, todas las audiencias de solicitud de asilo fueron suspendidas de forma indefinida y lo que se suponía sería un campamento temporal se convirtió en un asentamiento permanente. Es así como, ante el desconocimiento de los efectos del virus, la falta de experiencia de las ONG y de reconocimiento oficial por parte del gobierno mexicano y de los organismos internacionales, así como el creciente descontento de la población local ante la cada vez más visible presencia de solicitantes de asilo, se tomó la decisión de reubicar a las personas en un área conocida como “El Bordo”.

El Bordo es un área de usos recreativos, con suelo de tierra y grava, localizada junto al Puente Nuevo a las orillas del Río Bravo. La zona fue cercada en su totalidad y se establecieron puestos de vigilancia para controlar entradas y salidas. Esta transformación tuvo una serie de repercusiones para el campamento vinculadas a problemas de salud, higiene y seguridad. En cuestiones de salud e higiene, resaltan la infestación de roedores, víboras y mosquitos debido a la cercanía con el río. También se presentaron fuertes inundaciones y una peligrosa crecida del río durante el huracán Hanna, así como graves casos de deshidratación e hipotermia (según la temporada del año). No obstante, la seguridad fue el tema más crítico, sobre todo por las noches debido a la presencia del crimen organizado, la ausencia de iluminación y el aislamiento. Decenas de mujeres fueron violadas mientras el campamento estuvo activo, desaparecieron personas y varios cuerpos fueron encontrados en el río, entre los que destaca el de Rodrigo, líder de los migrantes guatemaltecos. Algunos días se escuchaban cantos y risas entre las líneas de casas de campaña pero, en el fondo, las sonrisas se encontraban sumidas en la desesperanza, el terror al crimen organizado, el miedo al abandono y la ansiedad por no saber cuánto duraría aquella temporalidad indefinida.

Biden, ¿el desmantelamiento?

Recuerdo bien aquella mañana que visité el campamento y Joe Biden había sido reconocido como el ganador de la elección. Era una mañana con lluvia y frío, pero el campamento sonreía y se emocionaba con cautela. Subrayo cautela, así como cuestiono el desmantelamiento. A pocos días de la toma de protesta del presidente Biden, escuchamos, entre expresiones de felicidad, el anuncio del principio del fin del Remain in Mexico. Solicitantes de asilo de todos los países podrían cruzar ordenadamente para continuar sus procesos migratorios. Muchas familias comenzaron a empacar inmediatamente; otras, no sabían qué esperar —pero la ilusión estaba ahí, más presente que nunca. Finalmente, el 26 de febrero cruzaron las primeras familias y el 8 de marzo comenzó el desmantelamiento definitivo. No obstante, esta historia no termina ahí y por eso acentúo el cuestionamiento.

Para el nuevo gobierno de Estados Unidos, el campamento simbolizaba la forma de hacer política de Donald Trump y, casi como mandato, había que desaparecerlo. Sin embargo, las políticas migratorias que lo gestaron no han sido erradicadas y las familias mexicanas, caribeñas y centroamericanas siguen siendo devueltas a México bajo los protocolos de expulsión del Título 42.

Se desmanteló un símbolo, pero la esencia de una política migratoria restrictiva que vulnera los derechos humanos de los migrantes sigue ahí, más presente que nunca en la forma de un nuevo campamento, ahora en Reynosa, donde más de 1000 personas viven en una pequeña plaza frente al puente internacional Hidalgo. Cierro diciendo que, como en un ciclo que no termina, me encuentro hoy caminando el campamento migrante en Reynosa recorriendo las líneas de casas de campaña en la Plaza de la República. Y mientras nuevamente escucho risas y lamentos llenos de desesperación, se despierta en mí una vez más ese cúmulo de emociones, aprendizajes y, sobre todo, grandes desencantos.

 

Bertha Alicia Bermudez Tapia
Estudiante de doctorado en Sociología de la Universidad de Colorado en Boulder

Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.