En las últimas semanas hemos visto mucho movimiento de funcionarios de alto rango vinculados con la diplomacia y las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Constantes pláticas y reuniones a nivel ministerial, llamadas telefónicas, visitas de mandos ejecutivos y hasta una invitación por parte de López Obrador para que el presidente Biden realice una visita de Estado a México. Si bien se observa un esfuerzo por regularizar la relación bilateral a partir de la diplomacia y no de amenazas arancelarias, y con ello delinear claramente las prioridades en la agenda bilateral actual, también se puede entrever que este ímpetu por unir voluntades parece conducir hacia una nueva fase en el endurecimiento de la frontera con corolarios poco beneficiosos para personas migrantes, desplazadas y solicitantes de asilo.
Ilustración: Belén García Monroy
Pero vayamos por partes. Algo importante que hay que señalar es que, en una época de reconfiguración del orden económico global, el gobierno mexicano actual va con Estados Unidos. En un marco de creciente polarización internacional respecto a la recomposición económica-política internacional, donde hay dos grandes actores fundamentales —EE. UU. y China—, el gobierno mexicano no sólo es partidario de que la región tiene que alinearse con Estados Unidos por ser lo más conveniente para el desarrollo de la misma, sino que López Obrador incluso impulsó esta línea en su discurso frente a los ministros latinoamericanos reunidos en la CELAC, por más que la opinión pública se haya enganchado en sus diferencias con la OEA y la histórica injerencia del imperialismo yanqui. En resumen, en el plano de la diplomacia y la economía internacional México va con Estados Unidos, y esto es algo que el gobierno de Biden ha recibido con muy buenos ánimos.
Por otro lado, ambos gobiernos comparten una visión regional de desarrollo, lo que impacta directamente en la noción de integración e interdependencia entre ambas naciones. Esta visión regional ha sido planteada por el presidente Biden desde sus discursos de campaña y en su plan de migración y fue corroborada por las visitas que Kamala Harris hizo a Guatemala y a México, donde se comprometió a invertir varios miles de millones de dólares para combatir lo que llaman “las causas de origen de la migración”. Por su parte, el gobierno mexicano también ha invertido en el desarrollo centroamericano, especialmente con la extensión del proyecto Sembrando Vida. Por supuesto, esta estrategia de desarrollo regional tiene que ver con la idea de evitar la salida de las poblaciones migrantes de su país.
La visión diplomática binacional respecto al tema de la movilidad transfronteriza tiene como último objetivo desalentar la migración hacia el norte. Las acciones al respecto no sólo se entienden a partir de la gestión militarizada de estos flujos; el desaliento a la migración también está delineado por la cooperación para el desarrollo de la región centroamericana. Esta es, precisamente, la visión en la que concuerdan los gobiernos de Biden y AMLO. Sin embargo, una visión limitada a invertir en la región para generar empleos tiene como punto ciego no observar que las personas migrantes están siendo expulsadas desde Centroamérica no sólo por motivos laborales, económicos o de pobreza, sino que se vinculan con problemas de descomposición del tejido social, de violencia exacerbada, de corrupción e impunidad institucionalizada e incluso de problemas socioambientales y extractivistas asociados a la injerencia desarrollista de países del norte. De esta manera, la migración desde esta región está relacionada en buena medida con la búsqueda de protección internacional, algo que no encuentran en su país.
Ahora bien, hay que entender las reuniones bilaterales de alto nivel, además, en el marco del largo cierre de la frontera debido a la pandemia. Desde el 21 de marzo de 2020 la frontera ha estado cerrada para los cruces no esenciales de sur a norte de ciudadanos no americanos, lo cual ha tenido un impacto severo en las economías de ambos países, pero especialmente para la región fronteriza. Otro de los grandes impactos ha tenido que ver con los procesos migratorios que se han agolpado en ciudades fronterizas mexicanas y que permanecen suspendidos en la incertidumbre mientras los procesamientos para la tramitación del asilo se resuelven a cuentagotas. Este tema ha tenido amplias repercusiones en la aprobación de la administración de Biden, y es en esa llaga donde la extrema derecha republicana no se ha cansado de poner el dedo al hablar de una nueva crisis descontrolada en la frontera. Estas reuniones, entonces, recuperan los temas prioritarios de la diplomacia bilateral como la economía regional, la seguridad en las fronteras y la migración, pero esta vez delineados por el contexto pandémico. Es este último tema, enmarcado en las políticas y estrategias para resguardar la seguridad nacional de EE. UU., lo que ha tenido un alto costo violatorio de derechos humanos de migrantes del que estamos siendo testigos en las regiones fronterizas.
Planteada la situación diplomática, y a pesar de que el cierre de la frontera se justifica con argumentos sanitarios, es imposible dejar de observar vínculos entre el mantenimiento de esta clausura fronteriza —que ya tiene casi año y medio— con el agolpamiento de flujos migratorios en ciudades fronterizas. El argumento enarbolado para cerrar la frontera ha sido la prevención de contagios transfronterizos, lo que a todas luces ha sido una medida contradictoria en tanto los cruces fronterizos de norte a sur nunca se prohibieron de manera tan estricta y deja ver que hay más razones políticas que sanitarias detrás del mantenimiento de este cerrojazo.
El largo cierre de la frontera entre México y Estados Unidos durante la pandemia responde a una probada lógica de securitización1, 2 y de medicalización de las relaciones internacionales3 donde el covid-19 se está planteando como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.4 Desde la lógica securitista, las fronteras geopolíticas son el lugar idóneo para cerrarle el paso a esa amenaza. Lo verdaderamente complicado al respecto es que, desde sectores muy influyentes en la política norteamericana, la población migrante —especialmente la que proviene de México y Centroamérica— lleva años siendo construida como una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.,5 especialmente a partir de la caída de las Torres Gemelas y del combate a la migración con los mismos recursos que al terrorismo o el narcotráfico. En esta coyuntura pandémica, las voces más extremistas plantean a las personas migrantes ya no sólo como una amenaza para la nación americana en los términos que lo planteaba Fukuyama (una comunidad que no quiere integrarse a EE. UU. y que culturalmente ganará terreno causando divisiones al interior de la sociedad norteamericana), sino como una amenaza portadora del virus SARS-CoV-2. Esa es la lógica, de fondo, que mantiene activas las devoluciones expeditas bajo el Título 42, una normativa que permite expulsar a migrantes que cruzan de manera irregular con base en una legislación de salud pública durante emergencias sanitarias, y no con base en una legislación migratoria. Al mes de julio, se han registrado más de un millón de eventos de expulsión bajo el Título 42 durante la pandemia, una situación sin precedentes.
Uno de los acuerdos que han destacado ambas delegaciones desde sus respectivas instancias de comunicación es la cooperación en la gestión de los flujos de manera ordenada, segura, regular y apegada al respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, o sea, en los términos que plantea el Pacto Mundial sobre la Migraciones. Sin embargo, este discurso ha sido muy útil como un instrumento que justifica detenciones y expulsiones bajo el argumento de regularizar y ordenar los flujos; es decir, es una narrativa que en los últimos años ha funcionado más para restringir las movilidades poblacionales que para permitir su flujo. El acuerdo en términos de una migración ordenada y regular parece apuntar, en primer lugar, a que también se espera que México continúe cooperando como un país de contención de migrantes, algo no muy diferente a lo que sucedía en la administración de Trump. La diferencia está en las formas: la administración de Trump orilló a México a hacerlo bajo la amenaza de eclosionar la economía mexicana con la imposición de aranceles. Sin embargo, el fondo sigue siendo similar. En ese sentido es que parece que entramos en una nueva etapa en el endurecimiento de la frontera en donde la contención migratoria sigue sucediendo en las fronteras, pero ahora bajo acuerdos diplomáticos. Así, no sólo se reproduce, sino que se agudiza, lo que desde los ámbitos académicos se le llama externalización de fronteras:6 que el aparato fronterizo de Estados Unidos, por ejemplo, se extienda hacia las zonas limítrofes del sur con la cooperación de países como México.
Por último, aunque en los meses de junio y julio se tenía una perspectiva positiva respecto a la reapertura de la frontera con Estados Unidos (sobre todo porque las ciudades fronterizas igualaron las tasas de vacunación con sus homólogas en EE. UU., a partir de las donaciones de vacunas del país vecino), lo cierto es que estas gestiones se han complicado por la nueva alza en los contagios de covid-19 asociados a la variante Delta. A pesar de sus esfuerzos, la Cancillería no ve factible la reapertura de la frontera. Sin embargo, de nuevo es preciso hacer un vínculo analítico que no se está visibilizando: la enorme cantidad de migrantes agolpados en la frontera en búsqueda de solicitar asilo en Estados Unidos, así como el elevado número de detenciones, representa un reto en términos del discurso público a favor o en contra del presidente Biden. Parecería ser que la incertidumbre respecto a la posición en torno a la gestión migratoria influye de manera directa en mantener este cierre fronterizo. La mayor acusación que se le hace a Biden desde los sectores más conservadores y radicales en Estados Unidos es la de su debilidad en la frontera. Hace apenas unas semanas Trump lo acusó de ello y fue replicado por todos los opinólogos antinmigrantes, conservadores y buena parte de la derecha política. Es una bandera con la que lo seguirán atacando. En tanto no encuentre una solución al procesamiento claro y seguro de tantos migrantes, parece ser que mantener cerrada la frontera es algo que le ayuda a conservar su fortaleza ante los ataques discursivos en su política interna. El gobierno mexicano, por lo tanto, tendrá que seguir estas derivas.
Juan Antonio Del Monte Madrigal
Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte. Co-coordinador del Observatorio de Legislación y Política Migratoria y editor de Observatorio Migrante.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Buzan, B., Wæver, O., y de Wilde, J. Security: A New Framework for Analysis, Boulder, Lynne Rienner Publisher, 1998.
2 Andreas, P. Border Games. Policing the U.S.-Mexico divide. Londres, Cornell University Press, 2009.
3 Basile, G. “La triada de cuarentenas, neo- higienismo y securitización en el Sars-CoV-2: matriz genética de la doctrina del panamericanismo sanitario”, Idep Salud, Clacso, 2020.
4 Del Monte, J. A. “La securitización de la frontera México-Estados Unidos en tiempos pre y pospandémicos”, Nómadas, Universidad Central, ene-jun, núm. 54, 2021, pp. 83-99.
5 Chavez, L. La amenaza latina. Construcción de inmigrantes, ciudadanos y la nación. Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 2021.
6 Stock, I., Üstübici, A., y Schultz, S. U. “Externalization at work: responses to migration policies from the Global South”, Comparative Migration Studies 7, (48), 2019.