En el verano de este 2021, México ofreció pistas contradictorias a quien intenta comprender la política migratoria. Mientras se televisó —y todos celebramos— un acto de recepción hospitalaria para una delegación de jóvenes afganas refugiadas en el centro del país, en Tapachula miles de migrantes y solicitantes de refugio haitianos, pero también de Centroamérica y muchas otras regiones, esperaban información, ayuda humanitaria y respuestas eficaces a su solicitudes de refugio por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) a la intemperie; o bien, resoluciones concretas en torno a la figura de visitante por razones humanitarias que, decían, podía otorgarles el Instituto Nacional de Migración (INM).
La espera y el silencio, la pasividad y el disimulo como formas de gobernar la vida de esas familias se volvió insoportable. Ante ello, los solicitantes de refugio y migrantes, sobre todo familias de personas negras, acordaron caminar en caravana. Lo intentaron más de tres veces. Todos estos episodios de lucha migrante fueron fuertemente reprimidos con estrategias militares y abiertas violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios del INM.
Personas procedentes de Haití esperan a regularizarse en la estación migratoria de Tapachula, muchos vienen de Chile y Brasil. Fotografía: Encarni Pindado
Todo ello debería interpelar al debate entre la clase política y la sociedad civil sobre la xenofobia y el racismo, sobre la mutación de México de país santuario a país tapón, un territorio al que es muy difícil entrar por el sur y del que no se puede salir por el norte. Es impostergable, se evidenció con este último episodio de lucha migrante, hablar sobre el racismo social e institucional del México contemporáneo. Propongo dos postales para abonar a esta discusión.
La primera, una insurgencia migrante: otra vez caravanas desde Tapachula, la “ciudad cárcel”; otra vez familias, haitianos que han caminado desde muy lejos, luego de construir estadios y recintos deportivos para Brasil, después de unos años en Chile y de atravesar el tapón del Darién, en Panamá. Esta vez, como en los años anteriores, la agencia migrante fue “dispersada” por la violencia militar que desarticuló las caravanas. Los caravaneros fueron deportados masivamente y “en caliente”, incluso hubo niños arrancados de los brazos de sus núcleos familiares en plena noche por agentes migratorios que, dicen todos los testigos, actúan cada vez más con prácticas propias de fuerzas castrenses. Niños deportados a zonas inhabitadas en la frontera México-Guatemala, como postales de escarnio para las familias que se atreven a desafiar las leyes y las fronteras que los extranjerizan.
Separación de familias en vivo y a todo color para la hora estelar. Agresiones a la prensa que cubría el terrorismo de Estado contra mujeres centroamericanas separadas de sus hijas por agentes de migración en el sur-sureste de México. Espectáculo fronterizo al que, dando click, pudieron acceder millones de espectadores, sólo para constatar que las cuotas de odio contra los migrantes y refugiados en el continente americano no tienen fondo: son un pozo donde se acumulan desapariciones forzadas, secuestros, trata laboral y sexual, masacres, extorsiones, violencia sexual, asesinatos, encarcelamientos, deportaciones. La tolerancia social a la violencia institucional y social contra los cuerpos racializados y vulnerabilizados se ensanchó esos días.
Segunda postal. En una misma semana, los medios de comunicación captaron a agentes de la policía fronteriza del otro lado del muro y espectaculizaron el trato inhumano y degradante que otorgaron a otros solicitantes de asilo, negros y haitianos, en la frontera texana de Río Grande. Más que escarnio, para los más de 5000 solicitantes de asilo y migrantes acampados entre Ciudad de Acuña y Río Grande la imagen de la violencia contra otros cuerpos negros causó indignación; se viralizó y sirvió como postal de la capacidad para infringir daño que la Border Patrol tiene como potestad del otro lado del muro.
Todas éstas, imágenes y narrativas de odio y crueldad para “advertir” a quienes caminan hacia el norte que “no vengan”. Pero también tienen efecto entre quienes nos quedamos y les vemos pasar con carriolas y niños y niñas deshidratados. De ahí la pregunta: ¿cómo leen y digieren las audiencias —es decir, los pueblos que integramos la comunidad imaginada del México contemporáneo— el racismo institucional con el que se orquesta la contrainsurgencia militar contra la migración y el refugio?
Una respuesta posible que hiere es la indiferencia; otra, que asusta, es la xenofobia. Pero una que no es menor, y que nos interpela a articular la interpretación en torno a ella, es la de la indignación contra esa violencia de Estado y la empatía hacia las familias migrantes: acopios, manifiestos, albergues improvisados, aventones, escucha y mirada atentas a las historias que cuentan quienes caminan, posada en las plazas de sus pueblos, morada en los patios de sus casas, agua y comida para el camino.
Personas procedentes de Africa y Haití acampan frente a la estación migratoria Siglo XXI, junto a un grafiti que dice “Queremos oficio de salida”, “Mafia”. Fotografía: Encarni Pindado
Para desafiar el régimen militarizado de fronteras los migrantes intentan caravanas, ¿y nosotras y nosotros? Además de la violencia contrainsurgente en México estamos presenciando formas de antiracismo que ofrecen amparo a quienes caminan; prácticas de “hospitalidad incondicional”, como les llama el antropólogo iraní Shahram Khosravi,1 que podríamos traducir como estrategias para hackear el espectáculo fronterizo que he descrito antes.
Acciones individuales o colectivas que, puestas en común, en conversación, curadas en su conjunto, pueden reactivar la memoria corporal y sensorial de una sociedad que en otro tiempo supo hacer de santuario, cuando abrió los brazos y las instituciones a los perseguidos políticos de allende la mar y para miles de latinoamericanos que nutrieron nuestra vida social, cultural, política y económica —lo mismo los republicanos españoles que los campesinos indígenas guatemaltecos. Podemos tejer una continuidad de esa memoria con los actos de solidaridad manifiesta para los migrantes y refugiados que ahora están atrapados en la transitoriedad perpetua en esta geografía.
En ese sentido, además de esta hospitalidad incondicional, parece necesario activar los instrumentos legales que hacen de la Ciudad de México una metrópoli intercultural y un santuario. Y es que, si bien hay que reconocer y apoyar a los albergues de la sociedad civil en la CDMX, es imperativo que el gobierno capitalino despliegue esfuerzos para amparar a las familias desplazadas porque así lo mandata la Ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana de 2011. Es necesario ejercer presión colectiva sobre nuestros representantes en las cámaras y los funcionarios del gobierno de la ciudad; también se necesita poner el cuerpo: manifestarnos en la calle y en el espacio público virtual para demandar que se reactive institucionalmente nuestra capacidad de ser santuario. Hackear, así, no sólo el espectáculo fronterizo, sino la narrativa que ampara la militarización de la gestión de lo migratorio en México, que usa nuestros impuestos para separar familias empobrecidas.
Debemos exigir un alto a la violencia de Estado y, con los instrumentos legales ya disponibles, dar la bienvenida a los refugiados para construir entre todas y todos una vida que se pueda vivir y celebrar, aun en plena noche neoliberal.
Amarela Varela-Huerta
Profesora- investigadora. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Miembro del Nodo México del proyecto Inmovilidad en las Américas
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Véase: Shahram Khosravi, Yo soy frontera. Autobiografía de un viajero ilegal, Virus, Barcelona, 2021.