Con apenas 13 años de edad, Daniel —seudónimo— ya había cruzado la frontera Tamaulipas-Texas de forma irregular en siete ocasiones; de éstas, fue deportado en cinco. En una entrevista realizada en el año 2018, narró que tenía dos meses trabajando para un pollero que había conocido por un amigo, él cruzaba “por el [río] Bravo a los pollos” o migrantes y le pagaban “muy bien”. La primera vez que su madre supo lo que él hacía, se molestó y preocupó; después, ante la precariedad familiar, lo vio como un ingreso útil. Chicos como Daniel forman parte de algunos niños, niñas y adolescentes que cruzan la frontera, aunque engañados o amenazados por actores criminales de la región para participar en el tráfico de migrantes como enganchadores o guías.
Hace casi una década, el Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB) en México los definió como niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se caracterizaban por residir en ciudades fronterizas, estar involucrados en redes de tráfico de personas o trabajar como guías de migrantes. En la literatura académica fueron adjetivados como menores de circuito debido a que se encuentran en movimiento constante por la frontera México-Estados Unidos. En los medios se les etiquetó como polleritos, coyotitos incluso muleritos, en alusión a los apodos que reciben los adultos que se dedican al tráfico de migrantes o de drogas, suscitando un debate en torno a la criminalización y los derechos de los menores.
A diferencia de “los niños sin papeles” que en 2014 llegaron a Estados Unidos y orillaron a Barack Obama a declarar una emergencia humanitaria en la frontera, o de los niños migrantes separados de sus padres y “enjaulados” en 2018 durante la administración de Donald Trump; incluso a diferencia de las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos o centroamericanos que hoy en día llegan o cruzan la frontera por razones de reunificación familiar, estudio, trabajo o asilo, el registro y las historias de los menores de circuito han tenido poco eco. De hecho, en la prensa y academia mexicanas apenas tomaron visibilidad al iniciar el siglo XXI y, en la frontera de Tamaulipas, en la última década.
En esta última región fronteriza, los menores de circuito conforman una subpoblación de niñez migrante vulnerable, pero también con capacidad de agencia dentro de sus posibilidades. La gran mayoría radica en ciudades fronterizas, son de estratos socioeconómicos bajos y de familias “disfuncionales” en las que, a veces, algún familiar realiza actividades ilícitas. Algunos abandonaron sus hogares para irse a vivir con amigos o solos; otros se hicieron responsables del ingreso familiar ante la ausencia paterna. También hay casos de menores de circuito con familias con ingresos estables, quienes fueron enganchados por amigos o conocidos, o bien ingresaron al tráfico de migrantes por la “aventura” de cruzar la frontera. En menor medida, hay casos de menores de circuito que provienen del interior de la República mexicana, quienes fueron “invitados” por supuestos familiares o amigos con la idea de “mejorar” su situación económica.
Ilustración: Patricio Betteo
El fenómeno no es para menos. En el penúltimo año de gobierno de Trump, 2019, a pesar de la política migratoria de tolerancia cero, 1829 menores de circuito mexicanos fueron repatriados por la frontera Tamaulipas desde Estados Unidos; mientras que al finalizar el año 2020, en plena pandemia, se repatriaron 1358. Para chicos como José —seudónimo—, de 16 años de edad, la explicación era simple: siempre hay que “chambear” y cuanto más difícil es cruzar la frontera, ya sea por vigilancia o pandemia, más se gana.
En su mayoría los menores de circuito son niños o adolescentes de entre 10 y 17 años de edad, pero también hay niñas: en 2019, por ejemplo, del total de menores de circuito repatriados, 45 eran niñas y en 2020 fueron 40. Sin embargo, para unos y otros la idea de dinero “fácil” traficando migrantes para organizaciones criminales se viene abajo cuando no cumplen con las expectativas de éstas y son víctimas de castigos para hacerlos obedientes, disciplinados, leales y subordinados: golpes con tablas o lazos, amenazas directas a familiares o incluso la muerte, por no cumplir con cuotas, no informar o delatar. Paradójicamente, mientras que para algunos menores los castigos son muestra de violencia, para otros son una vía para obtener beneficios simbólicos: haber sido golpeado poco o nada significa ser leal y tener la oportunidad de cambiar de estatus o estar cercanos a los espacios de poder en las organizaciones criminales.
Sin duda los menores de circuito son víctimas de una violencia estructural que persiste en México desde la llamada “guerra contra el narcotráfico”, pues ello propició que innumerables menores de la frontera norte fueran enganchados o reclutados por la fuerza en organizaciones delictivas. Aunado a ello, la crisis humanitaria que se vive en la frontera desde 2018 con el arribo de migrantes en caravanas, los Protocolos de Protección a Migrantes y la espera en ciudades fronterizas, fortaleció economías ilícitas en las que más niños, niñas y adolescentes fueron incorporados como fuerza de trabajo a pesar del “interés superior de la niñez”, la Ley de Derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, o instituciones como las Procuradurías de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.
En la frontera de Tamaulipas las organizaciones criminales son conscientes de dichos vacíos institucionales de protección a la niñez migrante; prueba de ello es que para el reclutamiento de menores de circuito han identificado su vulnerabilidad social (procedentes de familias pobres), jurídica (la inpunibilidad delictiva por su minoría de edad) y su capital geográfico (residentes o conocedores de la frontera). Lo anterior ha permitido a los criminales reforzar sus grupos y actividades ilegales desde un enfoque pragmático: los menores de edad, además de ser vulnerables, son “baratos” y reemplazables.
Sin embargo, no siempre ha sido así. A mediados del año 2014, el tráfico de migrantes se vio “afectado” por un programa que instrumentó la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Algunos menores de circuito de Tamaulipas señalaron que cuando fueron detenidos por la migra, no fueron repatriados a México de inmediato, sino enviados a San Antonio, Texas, para ingresar a un programa cuyo nombre no recordaban. Se referían al Juvenile Referral Process (JRP), un programa piloto implementado en el sur de Texas, que tuvo como objetivo: “Estandarizar el tratamiento de menores de edad contrabandistas para interrumpir el crimen organizado, retirar a los menores del ciclo de contrabando, e impedir el reclutamiento continuo de traficantes de menores de edad. Los menores de edad pueden ser puestos en el programa cuando admiten o se ha documentado su actividad criminal”.
Claramente, el programa tenía más un propósito de inteligencia que de rehabilitación o protección de menores de circuito mexicanos. En cualquier caso, los grupos delictivos perdieron, temporalmente, parte de “su personal”, por lo que tuvieron que reemplazarlo contratando a otros. Sin embargo, a corto y largo plazo vieron la ventaja en ello: el trabajador de un albergue en la frontera narraba que algunos menores de circuito le habían contado que, cuando regresaron del programa JRP, fueron recontratados para traficar migrantes o drogas, pero sus contactos o jefes inmediatos les preguntaban en qué había consistido el programa. Es decir, mientras que las autoridades estadunidenses usaron el programa con fines de inteligencia, los grupos del crimen organizado aprovecharon la estancia de los menores como una experiencia de contrainteligencia. Inesperadamente, el JRP desapareció, o al menos eso se supuso, pero las actividades de los “menores de circuito” continuaron.
Actualmente, a pesar de la vulnerabilidad que vive esta subpoblación en la frontera México-Estados Unidos, ya sea a nivel familiar, comunitario o en las propias organizaciones criminales, se carece de un programa regional de atención integral que les brinde a los menores de circuito oportunidades de desarrollo social y cultural. Algunos esfuerzos aislados han sido el “Programa del Centro de Seguimiento y Monitoreo de Niñas, Niños y Adolescentes de Circuito”, implementado en Ciudad Juárez en el trienio 2013-2016, o bien el programa “Mis Pies Sobre Nuestras Raíces”, iniciado en Matamoros en 2020 y cancelado al empezar la contingencia sanitaria por covid-19, aunque últimamente se ha reactivado.
Desde esta perspectiva, es evidente que ni Trump, la pandemia o el nuevo gobierno de Joe Biden han frenado los flujos irregulares o las actividades de organizaciones criminales que trafican con migrantes y usan a menores de edad para tal fin. El coordinador de un albergue en Tamaulipas, por ejemplo, narraba que en plena pandemia los menores de circuito eran repatriados de inmediato por agentes de la Patrulla Fronteriza, “nomás los dejaban a mitad del puente” sin esperar a alguna autoridad mexicana. Enseguida ellos volvían a cruzar, evidenciando un problema estructural y binacional en materia de atención a esta subpoblación de niñez migrante en la frontera México-Estados Unidos.
Tamara Haydée Segura Herrera
Doctora en Ciencias Sociales, egresada del CIESAS-Occidente
Oscar Misael Hernández-Hernández
Profesor investigador en El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Sociales
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.