“No dejar a nadie atrás”, decía el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al comenzar la pandemia de covid-19. A dos años de los primeros casos, debemos hablar sobre la securitización de la salud. Las políticas públicas que decenas de paises implementaron para mitigar la transmisión del nuevo coronavirus han tenido resultados contrarios a las recomendaciones de la OMS, contribuyendo al aumento de la xenofobia, la discriminación y la violación a los derechos humanos de las personas migrantes.
Ilustración: Patricio Betteo
Para comprender estos fenómenos, imaginemos los enormes barcos que llegaban a Ellis Island en Nueva York a principios del siglo XX, llevando entre sus cubiertas a cientos de personas que se abrían espacio entre las multitudes, para que, como sucede al inicio de Novecento de Alessandro Baricco, de repente, una persona de entre tantas viera primero América. “Hay uno en cada barco”, dice Baricco, “esas son personas que siempre han tenido ese instante impreso en la vida […] Cuando eran niños podías mirarlos a los ojos, y si mirabas de cerca, ya veías a América”.
Veías América. Pero, al bajar los migrantes las escalinatas de los barcos en ese estado de romantización del viaje, iniciaba un proceso de revisiones de salud. En la fila, las personas eran revisadas “a ojo”. Las autoridades migratorias y de salud confiaban en que el personal médico podría indicar si había problemas de salud mentales o físicos con solo ver a la persona durante unos segundos y así decidir si se requería de una inspección más detallada. A quienes no pasaban la revisión médica, en el mejor de los casos, se les devolvía a sus países; en el peor, existen registros de personas que pasaron años enteros en el centro de internación sanitaria de Ellis Island.1
Las sociedades modernas suelen buscar que todas las personas puedan acceder a la salud sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, como vemos en el ejemplo de Ellis Island, el cuidado de las personas migrantes puede caer en la medicalización y securitización de la salud. Otro ejemplo de ello es la forma en la que países europeos realizan hoy en día diagnósticos médicos y vacunación a todas las personas que llegan buscando asilo a sus países, en ocasiones sin reflexionar sobre el lugar de origen o de tránsito.2 La excepción son los Países Bajos, donde las autoridades de salud sólo aplican la vacunación contra la polio o el tamizaje contra la tuberculosis a personas que provienen de países donde estas enfermedades son prevalentes.
La práctica de devolver personas migrantes a sus países de origen por cuestiones de salud —o al menos usando la salud como una excusa— ha sido común a lo largo de los siglos XX y XXI. Pensemos, por ejemplo, en las reacciones de las autoridades migratorias de diversos países ante las epidemias de ébola, de influenza AH1N1 y de Zika. Pensemos, también, en las prohibiciones que hasta la fecha limitan la movilidad de personas que viven con VIH en diversos países del mundo.
La securitización de la salud, entonces, existe desde hace más de cien años. Se manifiesta a través de políticas de detención por cuestiones sanitarias y a través de la medicalización de las personas migrantes. Una de las manifestaciones contemporáneas más radicales de este fenómeno es el uso que el gobierno de Estados Unidos ha hecho del Título 42 —un artículo de su ley que permite la expulsión sumaria de extranjeros durante crisis de salud pública— en la frontera con México. Esta sección del código civil estadunidense se ha vuelto célebre en el último año, pero existe desde 1944. A pesar de su uso en contra de migrantes, el Título 42 no es parte de un reglamento o ley en cuestiones migratorias, sino que pertenece a las ordenanzas de los servicios de salud, en específico a aquellas que regulan a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).
En marzo de 2020, durante el gobierno de Donald Trump, el CDC emitió la primera orden que limitaba la entrada de personas que buscaran ingresar a Estados Unidos desde Canadá o México, sin importar su país de origen. En este punto el texto del Título 42 parecía contradictorio: mientras que una parte deja abierta la posibilidad de que las personas pudieran entrar a Estados Unidos tras una revisión caso por caso, otra sugiere que, durante una crisis sanitaria, todas las personas extranjeras que se encuentren detenidas, que no cuenten con documentación o que busquen entrar al país de forma “ilegal” al país serán devueltas a sus países de origen.
Una de las justificaciones del uso del Título 42 es que, debido a la pandemia, las personas no deben permanecer en ambientes confinados como los centros de detención. Sin embargo, de acuerdo con las leyes migratorias y de refugio, no es estrictamente necesario que las personas estén confinadas durante la espera; de hecho, Estados Unidos tiene programas piloto para permitir que los extranjeros esperen con sus familiares en el interior del país. Así, el gobierno estadunidense está usando a la salud pública como una herramienta para negar derechos. El propio Anthony Fauci, asesor médico del presidente de Estados Unidos y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha dicho públicamente que las personas migrantes no son una fuente importante de contagio, sino que el problema está al interior de Estados Unidos.3
Si bien en julio de 2021 el gobierno estadunidense dejó de aplicar el Título 42 a migrantes menores de edad, las consecuencias para las familias han sido devastadoras. Para apreciar el tamaño de la tragedia, basta con recordar las agresiones que las autoridades migratorias estadunidenses y mexicanas recientemente propinaron a las personas haitianas y de otras nacionalidades que buscaban cruzar la frontera entre Texas y Chihuahua, ignorando los acuerdos internacionales. Estas personas fueron devueltas a sus países tanto desde Estados Unidos como desde México. En este último país, el Instituto Nacional de Migración (INM) llegó incluso a declarar que las devoluciones eran voluntarias.
Cuando se presenta una pandemia, como bien dice Vincent Chetail, es urgente y necesario implementar las mejores políticas públicas en salud. Sin embargo, y a pesar del mundo interconectado y global en el que vivimos, un gran número de países cerró sus fronteras para intentar disminuir la transmisión del nuevo coronavirus, priorizando lo local e individual sobre lo social y colectivo. El cierre de fronteras es una clara violación de los acuerdos y normas internacionales sobre salud pública global. Pensemos, por ejemplo, en el principio de no devolución, que según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 “afirma que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad”.
Durante los primeros meses de la pandemia, la reconocida revista científica The Lancet publicó un texto que explica porque las decisiones sobre el cierre de fronteras deberían tener sustento y evidencia científica y seguir las recomendaciones de la OMS, esto para evitar violaciones al Reglamento Sanitario Internacional. Esto no sucedió, pero incluso si dejamos de lado la legislación internacional y la discusión de los tratados y regulaciones, cabe recordar que la salud es un derecho humano.
Controlar una pandemia es un tema de cooperación internacional que implica disminuir conflictos e inequidades, implementar mejoras en los sistemas de salud, tomar decisiones con sustento y evidencia científica. Pero se trata siempre, además, de una cuestión de derechos. Como dicen los autores del artículo de The Lancet: “Las respuestas ancladas en el miedo, la desinformación, el racismo y la xenofobia no nos salvarán de brotes como el covid-19”. En vez de cerrar fronteras —que implica violentar a los derechos de las personas migrantes, en búsqueda de refugio y a muchas otras comunidades en movilidad— debemos tomar acciones con base en la salud pública: ofrecer vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos. Todo esto sin medicalizar a las personas migrantes y sin hacer distinciones con base en su situación migratoria. Debemos evitar la securitización de la salud, porque vendrán más pandemias, más barcos y más trenes, y deberán abrirse los caminos. Cierro con otra cita de Baricco: “De vez en cuando cerraba los ojos y volvía al barco a escuchar a los emigrantes que cantaban ópera”.
Itzel Eguiluz
Becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Véase: Bateman-House, A., y Fairchild, A. “Medical examination of immigrants at Ellis island”, Virtual Mentor 10, pp. 235–241, 2008.
2 Véase: Krämer, A. y Fischer, F. Refugee Migration and Health: Challenges for Germany and Europe, Ed. Springer, 2019.
3 Véase: “Fauci: Expelling immigrants ‘not the solution’ to stopping Covid-19 spread”, CNN, 2021.