A casi dos años de que el mundo se enfrentara a un proceso de distanciamiento físico, social y emocional a raíz de la pandemia de covid-19, las formas en que nos relacionamos han cambiado, así como la manera en que ocupamos los espacios y cómo nos organizamos en torno a una nube de incertidumbres, desesperaciones, muertes de personas cercanas y lejanas, negocios en decadencia e incremento de nuestras ansiedades. Estas cuestiones nos han permitido revalorar las formas en las que habitamos nuestros territorios y, sobre todo, el proceder con nuestros cuerpos como espacios de disputas.
Ilustración: Patricio Betteo
Todo parece indicar que estas circunstancias sólo las cuestionamos personas en posiciones privilegiadas, quienes tenemos un empleo que nos permita realizar nuestras labores desde casa, salvaguardar nuestras vidas en hogares libres de violencia y tener acceso a servicios de salud de calidad y a las políticas de los Estados para la aplicación de las vacunas contra el covid-19. Sin embargo, existen sectores periféricos, abyectos, empobrecidos y encarecidos que no cuentan con estos privilegios. Tal es el caso del sector migrante o en desplazamiento constante en México, para el cual las posibilidades de resguardarse contra el covid son prácticamente nulas. Esta situación de vulnerabilidad viene de la mano de la exclusión de la que estas poblaciones son víctimas, así como de las políticas del gobierno que no las toman en cuenta y del miedo que estas personas sienten de ser vistos como portadores de enfermedades.
Durante la pandemia, la idea de que las personas en desplazamiento son canales de transferencia del virus se ha visto reforzada: los migrantes son vistos como una amenaza para la población que habita los lugares de exilio. Más allá de las discusiones en torno a los procesos de exclusión y discriminación, esta cualidad de “importación” de las enfermedades se debe principalmente a que los agentes patógenos (virus o bacterias) viajan como un polizonte en el cuerpo de cualquier persona en movilidad. Aunque cualquier viajante puede ser ese vehículo, con los migrantes la percepción de riesgo se exacerba debido a estructuras de pensamiento que asocian a los migrantes con lo insano, sucio, descuido e inseguro: cualidades negativas que son vistas como marcas corporales de la pobreza en quienes migran en condiciones no privilegiadas.
Por eso, la pandemia que aún vivimos ha incrementado los discursos de exclusión hacia las comunidades migrantes del país. Basta con darse una vuelta por las redes sociales y leer los discursos de odio de personas, medios de comunicación y autoridades del gobierno mexicano para darse cuenta de que, sumado al odio del migrante, existe el miedo a ser contagiado por ellos. Esto, claro está, sin pensar en la calidad de salud del otro.
Las posibilidades de que una persona pueda transmitir la enfermedad a otras aumentan debido a factores estructurales, como el alojamiento de estos grupos en espacios con condiciones insalubres, la invisibilidad de esta población en los procesos de contención pandémica y el fracaso del sistema de salud pública a la hora de controlar las enfermedades infecciosas.
La Secretaría de Salud (SSA) informó que hasta el 25 de octubre de 2021 sus agentes habían estudiado a 13 942 migrantes sospechosos de portar covid-19, de los cuales 2699 resultaron positivos, y que 104 personas de la población migrante en México habían fallecido a causa de la enfermedad desde principios de 2020. La SSA también ha informado que los estados con mayor población migrante infectada son la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Quintana Roo, Baja California, Querétaro, Jalisco y Guanajuato. Las personas en la muestra son principalmente originarias de Honduras, Estados Unidos, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Cuba. Por su parte, la mayoría de las muertes por covid-19 eran de personas originarias de Estados Unidos, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Sin embargo, parece extraño que las dos principales fronteras del país, Tijuana y Tapachula, no aparezcan entre los primeros lugares de los informes anteriores. Basta con ver los reportes de los medios de comunicación sobre las caravanas migrantes, la hacinación de migrantes en los centros de detención en condiciones insalubres —donde se excede la capacidad máxima de personas sin distanciamiento social y sin mascarillas— y las largas filas en oficinas gubernamentales como la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado (Comar) o el Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante mi trabajo de campo en Tijuana, pude percatarme de que la situación allí no era muy diferente de aquella que los medios reportaban, aunque la posición geográfica y política de la frontera Norte ha permitido una mejor distribución de las vacunas y la imposición de protocolos más definidos para la prevención del contagio. Sin embargo, los albergues de la ciudad fronteriza están llenos más allá de su capacidad de migrantes que esperan la aceptación de su solicitud de refugio de Estados Unidos. Sumado a esto, los miles de personas que viven en el campamento de migrantes instalado en el puerto fronterizo de El Chaparral y las personas que viven en la calle son factores que deberían hacernos cuestionar las cifras de la SSA.
Se puede deducir que las estrategias de protección a la población migrante en México —principalmente aquella que migra en condiciones precarias— son ineficientes. Así, la salud de estas personas se ve comprometida por factores como la alimentación inadecuada y el estrés provocado por circunstancias como la persecución y por las condiciones políticas en sus países de origen. En consecuencia, es fundamental mostrar que el contexto social encarecido en el que se encuentran inmersos los migrantes los hace aún más vulnerables a las enfermedades infecciosas. Así, los proyectos que busquen apoyar a las personas en movilidad en México deben de tomar en cuenta procesos para salvaguardar la salud de las personas migrantes. Esto representa un nicho de oportunidad para luchar contra la pandemia, ya que permite un amplio alcance poblacional y que las organizaciones y comunidades de migrantes sean parte del contexto nacional de salud.
Entonces, es importante prestar atención a las estrategias de los propios migrantes para hacer frente a la inequidad de acceso a políticas de salud pública. En este sentido, recopilar narrativas digitales en Tijuana para el proyecto “Humanizando la Deportación” de la Universidad de California en Davis me permitió observar las formas en que los albergues —quienes los administran y quienes los habitan— se organizan para sobrevivir a la pandemia. En espacios como el Jardín de las Mariposas, la Casa Arcoíris, Juventud 2000 y el Borderline Crisis Center, los migrantes alojados se protegían unos a otros, demostrando que, aunque las políticas de salud pública los consideran cuerpos que no importan, dentro de las paredes de estos espacios todos y todes deben tener la oportunidad de vivir y mantener su salud mientras se cumple el deseo de “cruzar” a un mejor espacio.
Así, seguir pautas como medir la temperatura corporal, usar desinfectante y mascarilla facial y mantener un sano distanciamiento (sobre todo para las visitas) se ha convertido en una nueva práctica corporal: un ejercicio que nos obliga a ver por el otro cuando las instituciones se han olvidado de este sector. Estar en un albergue puede así convertirse en un acto que legitima o deslegitima a los individuos y sus acciones proyectos, coartando el acceso a las áreas y espacios de interacción social de la vida cotidiana.
En estos espacios existen historias de vida migrante que nos hablan de conflicto, discriminación y desigualdad, pero también de estrategias de supervivencia comunitaria, donde la oralidad (la reproducción de rutas y lugares de desplazamiento) y el acompañamiento de unos a otros son y seguirán siendo de suma importancia. Los migrantes comparten rutas de viaje, albergues y agentes y organizaciones que brindan alimentos, como el proyecto Comida Calientita. En tales circunstancias, las condiciones de vida compartida mueven a la acción.
La migración es un fenómeno social que no se detendrá. Prueba de ello es que ni siquiera el peligro que representaba la pandemia la detuvo. Para las personas migrantes, el deseo de transformar sus vidas fuera de su países de origen es más fuerte que el miedo. Resulta entonces interesante ver cómo esos rasgos simbólicos y vivenciales de pérdidas y recompensas, muertes y renacimientos, apegos y desprendimientos y nostalgias y esperanzas se mezclan en proporciones distintas en cada persona y en cada momento del nuevo aquí y ahora, donde los migrantes aún se desplazan en un mundo hostil y que aún convive con el covid-19.
Ernesto Zarco Ortiz
Postdoctorado en el Global Migration Center, Universidad de California en Davis
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.