Hace 41 años las y los primeros refugiados guatemaltecos llegaban a México huyendo de la violencia provocada por el conflicto armado interno en Guatemala, iniciado desde la década de 1960, pero profundizado entre 1981 y 1983 durante los gobiernos de Fernando Romeo Lucas García y de Efraín Ríos Montt. Una parte de las y los refugiados atravesaron la frontera México-Guatemala y se asentaron en Chiapas de manera temporal, mientras que otra se desplazó a distintos estados de la República Mexicana, principalmente a las entidades fronterizas del norte. Organizaciones civiles y religiosas, como el Frente Nacional Contra la Represión o el Comité Cristiano de Solidaridad, documentaron que al menos 200 000 personas refugiadas guatemaltecas ingresaron a México.
Ilustración: Patricio Betteo
Al existir una histórica dinámica migratoria transfronteriza de trabajadoras y trabajadores guatemaltecos que laboraban de manera temporal en las fincas cafetaleras en la región del Soconusco, el gobierno mexicano, entonces presidido por José López Portillo, criminalizó y deportó a las y los refugiados guatemaltecos. Estas acciones fueron justificadas con el señalamiento que la migración guatemalteca encontraba sus motivaciones en la búsqueda de empleos, por lo que se les caracterizó como migrantes económicos para evitar reconocerles jurídicamente como personas refugiadas.1 Más tarde, y apoyado por la Comisión de Ayuda a Refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fue que 46 000 personas guatemaltecas fueron reconocidas como refugiadas. Sin embargo, esto sólo representó un cuarto de la población refugiada de origen guatemalteco registrada por las organizaciones civiles y religiosas.
La criminalización e invisibilización de las y los refugiados guatemaltecos tuvo que ver con su condición de clase y sus características étnicas. La mayoría de las y los refugiados guatemaltecos eran campesinos pobres e indígenas mayas que pertenecían a distintos grupos étnicos, tales como el quiché, el mame, el kanjobal, kakchiquel, kekchí, entre otros. En este momento se hace necesario recordar que el proyecto mexicano de nación ha tenido que ver con la promoción del mestizaje, por ello, el gobierno mexicano, a través de sus primeras leyes de migración (1908 y 1926), así como la Ley General de Población, (1936, 1947 y 1974) promovió la inmigración de lo que llamaba “extranjero ideal” o “migrante útil”, es decir, la inmigración, principalmente, de extranjeros europeos o estadunidenses, que fueran intelectuales, investigadores, científicos, artistas, etc., que contaran con un ingreso que les permitiera sostenerse a sí mismos y a sus familias, y que en este sentido fueran indispensables y asimilables al país.2
En repetidas ocasiones, Diana Torres Arciniega —entonces directora de Servicios Migratorios— hizo señalamientos en contra de las y los refugiados guatemaltecos. Como recogen los registros de Manuel Buendía: “Exigió que el gobierno imponga severas restricciones al refugio y que solo conceda asilo ‘cuando la presencia extranjera represente un beneficio’. […] Les echó en cara venir a crear problemas tan graves a México ‘tales como robos, fraudes, lesiones, asaltos, pandillerismo’. […] Ellos traen ‘aumento de población, desempleo, pobreza, promiscuidad, ignorancia, delincuencia, falta de integración social, cultural y política’”.3 Ante esta criminalización, y la posibilidad de ser deportados, las y los refugiados se alejaron de la frontera México-Guatemala y se dirigieron a otros estados, pero principalmente a ciudades fronterizas del norte de México, como Tijuana, ya sea para asentarse en ellas o para utilizarlas como ciudades de tránsito hacia Estados Unidos.
Las y los refugiados guatemaltecos utilizaron rutas migratorias tradicionales para desplazarse hacia el norte, tales como la ruta del Pacífico y la ruta del Golfo; la primera fue la más utilizada. Estas rutas representaron algunos peligros para las y los refugiados guatemaltecos, tales como asaltos, robos, secuestros por parte de traficantes de personas, la detención de autoridades migratorias y policiales que los extorsionaban para permitirles transitar por México o que los detenían y los deportaban. Cabe destacar que la deportación representaba la posibilidad de perder la vida en Guatemala, ya que se encontraban huyendo de la violencia de Estado.
En mi trabajo de investigación sobre el refugio guatemalteco en Tijuana, iniciado a principios de 2020, rastreé a las y los refugiados guatemaltecos en la prensa local de la década de 1980 y 1990. Aparecían, principalmente, en las notas policiacas como “criminales” por haber violado la Ley General de Población, pero también como víctimas de la corrupción institucional, de violaciones a sus derechos humanos por parte de la policía y de las autoridades migratorias, así como de los asaltos, robos, extorsiones y secuestros de particulares que hacían de la migración un negocio. En esta revisión observé que no se les reconoció como personas refugiadas, sino como migrantes económicos e indocumentados, por lo que eran sujetos de deportación. En Tijuana, al ser identificados por la policía municipal como extranjeros, eran llevados a la cárcel pública municipal en espera de que las autoridades migratorias se encargaran de deportarlos, es decir, autoridades de distintos niveles e instituciones trabajaban en conjunto, no sólo para detenerlos y deportarlos, sino para detenerlos y ver la posibilidad de obtener dinero a cambio de dejarlos transitar por la ciudad para intentar cruzar a Estados Unidos.
En mi trabajo de campo entrevisté a un pequeño grupo de personas de origen guatemalteco, en su mayoría mujeres, entre las que había tanto personas refugiadas como migrantes por motivos económicos. Algunas de ellas confirmaron lo que encontré en la revisión hemerográfica, que fueron secuestradas y extorsionadas por particulares, pero también por autoridades migratorias y policiales, y fueron utilizadas con fines clientelares por partidos políticos para las elecciones locales de 1989. La mayoría de las personas entrevistadas tiene entre 20 y 40 años viviendo en Tijuana y, en ese lapso de tiempo, no todas han tenido la oportunidad de regularizar su situación migratoria y han vivido en la invisibilidad institucional. Esto les ha privado de la posibilidad de integrarse a la sociedad y de reivindicar sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales que les son inherentes. Si bien no todas las personas que entrevisté son refugiadas, algunas de ellas salieron de Guatemala empujadas por la violencia, la pobreza y la desigualdad profundizada en el periodo de posguerra, es decir, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Esto cuestiona el concepto jurídico de refugiado actual, en el cual no se contemplan otros tipos de violencia además de la estatal, ni la pobreza y la desigualdad surgidas de la implementación o profundización de sistemas políticos y económicos, como el neoliberalismo, impulsados por los países que dirigen la economía mundial, así como por sus organismos financieros internacionales.
Las caravanas de migrantes centroamericanos de 2018, así como las que este año se han organizado, han consolidado una nueva forma de migrar, ya no de manera individual, sino en grupo y de manera masiva, en un intento por protegerse de las violencias que han sufrido históricamente en su tránsito por las rutas migratorias en México. Basta recordar la reciente imagen de un agente del Instituto Nacional de Migración pateando la cabeza de un migrante. Si bien los conflictos armados en Centroamérica vieron su final en la década de 1990, sus remanentes continúan afectando a la región; por ello, en la actualidad vemos grandes movimientos migratorios hacia el norte en búsqueda de protección y de una mejor calidad de vida que los gobiernos de sus países no les han brindado.
En Tijuana, así como en el resto del país, la migración centroamericana sigue siendo criminalizada, un sector de la población (incluyendo autoridades locales) considera a las y los migrantes como “invasores”, y apela a su deportación. El gobierno actual, en todos sus niveles, continúa viendo la migración internacional como un problema, y mientras sea de esta manera la criminalización continuará. Cuando los gobiernos hablan de integración, deben hacerlo más allá de la inserción laboral, en el sentido de que las y los migrantes y refugiados puedan acceder a derechos políticos, sociales y culturales para que dejen de esconderse por el miedo. En este sentido, el gobierno mexicano tiene una deuda con las y los migrantes y refugiados guatemaltecos, que no parece tener intenciones de saldar a pesar de su muy nombrada tradición de asilo.
Priscilla Alexa Macias Mojica
Estudiante de la Maestría en Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 El gobierno mexicano no fue Estado Parte de la Convención sobre el Estatuto para los Refugiados de 1951, ni del Protocolo de 1967 hasta el año 2000. En los primeros años de la década de 1980 su política de asilo se rigió por las Convenciones sobre Asilo Diplomático y Asilo Territorial (ratificadas respectivamente en 1957 y 1981), hasta que en 1984 se adhirió a la Declaración de Cartagena con la que se amplió el concepto jurídico de refugiado. Sin embargo, la figura de refugiado fue añadida a la legislación interna hasta 1990 con la reforma a la Ley General de Población.
2 Véase Palma Mora, Mónica. De tierras extrañas. Un estudio sobre la inmigración en México, 1950-1990. Segog, México, D. F., 2006; y Yankelevich, Pablo. Los otros. Raza, normas y corrupción en la gestión de la extranjería en México, 1900-1950. El Colegio de México, CDMX, 2019.
3 Manuel Buendía, “Red Privada”, El Mexicano, 27 de mayo de 1982. Archivo personal de José Luis Pérez Canchola.