En tiempos recientes, en vías de mejorar la imagen de Tijuana tras la administración xenófoba del ex alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovió durante su gobierno el discurso de Tijuana como ciudad santuario, discurso al que se le ha dado continuidad en la nueva administración tanto estatal como municipal. Sin embargo, ¿qué significa realmente que Tijuana sea una ciudad santuario? ¿Qué significa que, a pesar de que desde el gobierno se ha promovido este discurso de “ciudad santuario”, el 6 de febrero de este año en la madrugada, las personas migrantes que vivían en el campamento a las puertas de la garita internacional —entre ellos mujeres y menores de edad— fueran desalojadas con el apoyo de todas las fuerzas del estado presente?
De acuerdo con algunos testimonios de personas migrantes alojadas en el campamento de El Chaparral en Tijuana, se encontraban dormidas cuando escucharon llegar tanto a policías como a agentes de migración junto con funcionarios del Ayuntamiento de la ciudad. La reacción de las personas migrantes adultas fue de desconcierto, mientras que niñas y niños se encontraban en estado de alerta. Según comentaron, lo único que escucharon es que los agentes del estado les pedían que tomaran sus pertenencias porque comenzarían un desalojo de inmediato. Se les ofreció llevar a los migrantes a distintos albergues de la ciudad, pero no todos aceptaron ya que, algunas personas migrantes, a las ocho de la mañana, aún no comprendían muy bien lo que estaba pasando.
El panorama visual de lo que solía ser el campamento era desolador esa mañana: se podían ver varios camiones de basura, también maquinaria pesada que trabajaba para mover las casas de acampar donde pernoctaban los migrantes, cientos de objetos regados por el piso, también había comida que no pudieron recoger por la premura y sorpresa del desalojo, junto con ropa, juguetes y diferentes artículos. Al fondo estaban hombres, mujeres, niñas y niños viendo de frente cómo destruían sus casas de acampar, cómo la comida la tiraban a la basura o la aplastaban los camiones, ellos —me imagino—, pensaban con lágrimas en los ojos y resignación en su lenguaje corporal: “¿ahora qué sigue? ¿por qué no nos avisaron con anticipación para poder recoger nuestras pertenencias?”. Aunado a esto, un cerco con policías antimotines, decenas de agentes de la policía municipal y de la Guardia Nacional rodeaban el campamento. Mientras esto sucedía, los funcionarios de las distintas instituciones municipales se tomaban la foto del recuerdo.
Las acciones emprendidas por el gobierno estatal y municipal son un claro ejemplo que el discurso del gobierno de Tijuana como una ciudad santuario, es solamente eso, un discurso. Si bien es verdad que desde las décadas de 1970 a 1990 la ciudad ha tenido un gran crecimiento demográfico debido a la llegada de migrantes mexicanos que buscaban encontrar un mejor empleo en esta ciudad por la oferta del sector maquilador y de servicios, o que llegaban con la intención de cruzar a Estados Unidos para trabajar en el campo o, de igual forma, emplearse en el sector terciario. También, es cierto que los motivos de la migración nacional en ese momento no eran los mismos motivos por los que se mueven los migrantes el día de hoy. Por otro lado, la composición nacional en el campamento es diversa: ahí convivían tanto personas desplazadas por la violencia que azota a los estados de Guerrero y de Michoacán, como personas refugiadas que huyen de la violencia en países centroamericanos como: El Salvador, Honduras y Guatemala.
La composición de la ciudad de Tijuana sí es migrante, pero ningún nivel gubernamental —hay que decirlo—, ha hecho algo por brindar protección y seguridad a las personas migrantes que llegan a esta ciudad. Prueba de ello es el campamento de El Chaparral, que estaba por cumplir un año de haberse creado, y la presencia gubernamental fue escasa y centrada en crearles una frontera física al interior de la ciudad, mientras que las asociaciones civiles han hecho el trabajo más pesado de atención.
Desde el gobierno se retoma la idea de que Tijuana es “una tierra de oportunidades”, la cuestión está en preguntar: ¿para quiénes? Los migrantes no deberían ser vistos solamente como sujetos económicos que pueden hacer aportaciones en este ámbito y que favorecen con ello al desarrollo de la ciudad receptora, así como al lugar de origen. Verlos de esta forma significa poner sobre sus hombros la responsabilidad del desarrollo de los países y quitarles esa tarea a los gobiernos. Asimismo, al plantear que los migrantes buscan mejores condiciones de vida —como si esta fuera la única causa por la que migran—, se invisibilizan los problemas estructurales que generan la migración, y por ello, no son atendidos. ¿Y por qué serían atendidos esos problemas estructurales si la migración ha resultado en un negocio redituable para los gobiernos con las remesas y para las empresas empleadoras que pueden precarizar las condiciones laborales y el salario?
Ser una ciudad santuario significa brindarles protección, seguridad y certeza en los ámbitos político, económico, social y cultural. Significa no ser perseguidos por las instituciones de seguridad pública, por los agentes de migración o por la Guardia Nacional y, sin embargo, son hostigados constantemente. Este discurso de Tijuana como “ciudad santuario” para inmigrantes, comenzó a promoverse desde la administración del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, cuando en una reunión en Tijuana, con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que “Baja California es considerado un santuario de migrantes y una tierra de oportunidades para quienes buscan un mejor futuro”. Incluso, antes de cerrar su administración, Bonilla inauguró un albergue con el nombre de “Santuario Migrante”. En la reunión señalada, bajo una retórica unificadora del fenómeno migratorio, Bonilla reconoció ser hijo de una familia de migrantes, al igual que ha hecho la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero. Sin embargo, aunque traten de generar un vínculo de unidad con la población migrante aceptándose a sí mismos como hijos de familias migrantes, la realidad es que hay una brecha enorme entre ellos y la población migrante y refugiada que llega a Tijuana, por un lado, por su composición étnica, y por otro, por su clase social y las condiciones de desigualdad y precariedad en la que han vivido toda su vida.
Esta visión de las “ciudades santuario” tiene relación directa con el movimiento Santuario en Estados Unidos que inició en la década de 1980, cuando el activista Jim Corbett y el reverendo John Fife, iniciaron una campaña en Tucson, Arizona para brindar asistencia los refugiados centroamericanos que se encontraban huyendo de sus países por los conflictos armados. Corbett se encargó de reunir fondos para pagar las multas de los refugiados detenidos en la frontera y les ofreció refugio seguro en su casa y gestionó que otros vecinos y amigos hicieran lo mismo. De esta forma, se fue articulando la red de “casas seguras” para personas refugiadas centroamericanas. El objetivo del Movimiento Santuario fue, principalmente, ocultar a los refugiados centroamericanos hasta que la política migratoria de Estados Unidos cambiara, ya que el gobierno estadunidense se empeñó en caracterizarlos como “migrantes económicos”, lo que deslinda al gobierno de la responsabilidad de acogerlos protegerlos, y facilita la deportación.
La red del Movimiento Santuario se articuló de tal forma que sus lazos se extendieron hasta la frontera México-Guatemala, en donde miembros de distintas congregaciones religiosas participaron. Pero el movimiento Santuario no se limitó a las iglesias, en el proceso se sumaron los esfuerzos de albergues, universidades, oficinas de asesoría legal que, unidas, decidieron asistir a los refugiados centroamericanos para atender sus necesidades inmediatas, la primera de ellas: brindar protección segura para evitar la deportación a sus países de origen.
Antes, como ahora, la labor de crear espacios santuario para personas migrantes y refugiadas ha sido, en los hechos, una ardua tarea de las asociaciones civiles de defensa de las personas migrantes, y sus albergues; mientras que, en el discurso, los gobiernos se cuelgan de las acciones de dichas asociaciones civiles para construir un imaginario de Tijuana como un santuario migrante para mejorar su imagen. Sin embargo, no es así porque el gobierno no les provee protección, al contrario, los acosa, los criminaliza y tira a la basura no sólo sus casas y pertenencias, como lo hicieron en el desalojo, sino también sus sueños de seguridad y certeza jurídica.
Priscilla Alexa Macias Mojica
Maestra en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
Referencias
Canales, A. I. E pur si Muove. Elementos para una teoría de las migraciones, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2015; y Márquez Covarrubias, H. Diccionario crítico de migración y desarrollo. Universidad de Zacatecas, México, D. F., 2012.
Redacción, “BC, tierra de oportunidades: Bonilla Valdez”, El Mexicano, 6 de julio de 2021.
García, M. C. Seeking refuge. Central American Migration to Mexico, the United States, and Canada, University of California Press, Berkeley, 2006.
Stoltz Chinchilla, N., y otros. “The Sanctuary Movement and the Central American activism in Los Angeles, Latin American Perspectives, vol. 36, no. 6, 2009.