Hoy se cumple un año de que comenzara a tomar forma el campamento de migrantes frente a la garita de El Chaparral en la ciudad de Tijuana. No obstante, este asentamiento ya es historia. El pasado 6 de febrero, un operativo en el que participaron los diferentes niveles de gobierno obligó a los migrantes a desalojar el campamento. Tras su cierre, resulta conveniente analizar y reflexionar acerca de la experiencia y de las acciones realizadas por los diferentes actores involucrados: migrantes, miembros de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y actores gubernamentales.
A finales de octubre del año pasado, autoridades municipales se presentaron en el campamento. Lo cercaron, hicieron un conteo de su población —donde resultaron ser alrededor de 740 migrantes—, y entregaron credenciales a sus residentes —mismas que fueron necesarias para que pudieran entrar y salir—. El objetivo principal era impedir que nuevos migrantes sustituyeran a quienes dejaban el campamento y reducir la cifra de residentes ofreciéndoles pasajes para regresar a sus lugares de origen o reubicándoles en albergues de la ciudad. En gran medida las autoridades lograron su propósito y, ahora que sólo quedaban 380 migrantes, procedieron a desalojarlos.
Desde las 4:00 de la madrugada del 6 de febrero las autoridades mexicanas iniciaron un operativo para desmantelar el campamento migrante. El operativo contó con más de 200 miembros de seguridad —entre policía local, agentes del INM y Guardia Nacional (GN), así como funcionarios de los tres niveles de gobierno—. Las autoridades reportaron que el desalojo se produjo de manera pacífica; entre los migrantes, son varias las escenas de llanto, desolación, estupefacción e indignación. Declaraciones a media voz ante los medios de comunicación. Se quejan amargamente de que no les avisaron con antelación, de la manera en que llegaron las autoridades de madrugada, de que no les dieron tiempo de recoger sus cosas, de que no se tuvo en cuenta lo que habían sufrido ahí durante meses. Los operarios de limpieza, una excavadora y dos buldóceres se encargaron de derribar las casas de campaña y de convertirlas, junto con los enseres que contenían, en revoltijos informes que posteriormente desecharon en contenedores y camiones de basura.
En unas pocas horas no quedó ningún rastro del campamento frente a la Garita de El Chaparral. Los migrantes fueron llevados al Centro Integrador para el Migrante “Carmen Serdán” y a cuatro albergues de las OSC y organizaciones religiosas; algunos fueron apoyados para regresar a sus lugares de origen y otros más buscaron dónde alojarse en Tijuana. ¿Estarán en mejores condiciones de las que estaban en El Chaparral? ¿Tendrán un lugar donde alojarse indefinidamente?
Aprendizajes del campamento migrante de Tijuana
El análisis de los principales acontecimientos en el campamento de migrantes permite extraer una serie de lecciones sobre el actuar de los diferentes actores sociales.
En primer lugar, el campamento fue en buena medida resultado de las políticas estadunidenses que generaron expectativas en la población migrante de que en algún momento podrían solicitar asilo en aquel país, especialmente con el cambio de administración. También de las políticas de rechazo frontal a la entrada de los flujos migratorios más desfavorecidos y de bajos recursos mediante políticas de militarización de la frontera México-Estados Unidos. Miles de migrantes, especialmente los que salieron de sus países de origen por la pobreza extrema y la violencia, no tuvieron opción de regresar a sus países, tampoco encontraron acomodo en México ni se les permitió solicitar asilo en Estados Unidos. Por lo tanto, tratando de alcanzar el “sueño americano” se quedaron “atrapados” en ciudades fronterizas del norte del país en situación precaria.
En segundo lugar, el campamento también fue producto de la inexistencia de espacios suficientes para el alojamiento y asistencia de población migrantes en ciudades fronterizas como Tijuana, pese al esfuerzo de las OSC por cubrir este déficit por medio de casas de migrantes, albergues y otros lugares de alojamiento. Los tres niveles de gobierno mexicanos —municipal, estatal y federal— no hicieron lo suficiente por generar los espacios adecuados para atender a esta población —más allá de experimentos, en gran medida fallidos, como el Centro Integrador para el Migrante “Carmen Serdán” o el “Santuario Migrante” del gobierno del estado—, ni atendieron cabalmente los flujos de migrantes que se asentaron en El Chaparral.
En tercer lugar, aunque este campamento se configuró como un espacio de alojamiento y asistencia para los migrantes mientras esperaban la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos, esto no quiere decir que los migrantes fueran meramente sujetos pasivos carentes de agencia. Por ejemplo, los residentes del campamento dieron sobradas muestras de capacidad de agencia política colectiva: tomaron un espacio público para establecer el campamento; se manifestaron en varias ocasiones en la garita de San Ysidro para reclamar su derecho al asilo, y se manifestaron después del desalojo para que se sus pertenencias desechadas durante el operativo fueran restituidas.
En cuarto lugar, las acciones de las organizaciones religiosas y OSC fueron clave a la hora de atender y solidarizarse con las necesidades de los migrantes en el campamento: comida, ropa, calzado, útiles de limpieza, entrega de casas de campaña, atención psicosocial, apoyo con trámites legales, consultas médicas, etc. La mayoría de ellas tuvo que generar esquemas de atención novedosos ante los desafíos que imponía esta nueva expresión del fenómeno migratorio, mostrando una gran capacidad de aprendizaje y adaptación para generar respuestas rápidas ante las vicisitudes que pasaban los migrantes y las oportunidades ofrecidas por las políticas estadunidenses.
En quinto lugar, para muchos migrantes, la permanencia de los migrantes en el campamento de un modo insospechado: la excepción al título 42. Por medio de esta política, que operó desde mayo hasta inicios de agosto, muchos de los migrantes pudieron ganar acceso al territorio estadunidense —entre ellos cientos de personas que se alojaban en el campamento—, con un escrutinio menos exigente de sus casos que en otros procesos legales de protección internacional. La excepción del título 42 es un ejemplo más de política migratoria inconsistente y contradictoria: se puso en marcha y luego se canceló sin que se midieran sus consecuencias sobre los flujos migratorios y los derechos humanos de personas en movilidad. Entre otros nefastos efectos para los migrantes, el título 42 impedía que la mayoría de los migrantes pudieran solicitar asilo ante las autoridades estadunidenses. La excepción permitió que bajo determinadas circunstancias de gravedad sus beneficiarios quedarán eximidos de la aplicación del título 42. Siendo en sí una política favorable a los migrantes, su implementación implicaba responsabilizar a las OSC de identificar a los migrantes que podrían acreditar los requisitos para poder ser beneficiados por esta política. La excepción al título 42 fue el trasfondo que generó una dinámica de importantes entradas y salidas en el campamento. A medida que cientos de migrantes del campamento fueron cruzando, otros migrantes nuevos llegaban atraídos por esta vía legal. Quienes se integraron al campamento fueron muchos más de los 2000 que en algún momento se estimó residieron en El Chaparral. Esta política también generó tensiones entre los diferentes grupos según origen étnico-racial por la competencia para que sus casos fueran procesados.
En sexto y último lugar, la manera en que el XXIV Ayuntamiento de Tijuana “tomó cartas en el asunto” a partir del mes de octubre, mediante el cercado y el posterior desmantelamiento del campamento, plantea varias interrogantes. Si se estaba promoviendo la criminalización discursiva con un conjunto de declaraciones y acciones que asociaban al campamento con actividades criminales. Si el cierre definitivo del campamento no fue sino una forma de desplazar el problema de la gestión migratoria hacia donde sea menos visible: a albergues y otros lugares donde importen menos desde el punto de vista político.
Cabe preguntarse: ¿seguirán ausentes las medidas de los tres niveles de gobierno para la atención a los flujos migrantes que llegan a la ciudad de Tijuana? ¿Restablecerá Estados Unidos el derecho al asilo o seguirá optando por la hipocresía y la insolidaridad?
Eduardo Torre Cantalapiedra
Profesor-investigador del Departamento de Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Norte
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.