Contexto de impunidad para las personas LGBTQI
El pasado 9 de marzo, el Pulso, diario que circula en el estado de San Luis Potosí publicó: “Guatemala endurece penas por aborto y prohíbe matrimonio entre el mismo sexo”. Además, el oficialismo de dicho país denominó a la ciudad de Guatemala como “Capital Pro Vida de Iberoamérica”. El asunto es una visible representación de cómo el sector político de aquel país históricamente ha negado el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero también enérgicamente ha bloqueado las uniones civiles de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, la historia de las personas LGBTQI (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, queer e intersexuales) que habitan el llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) ha sido una de constante acoso, persecución, criminalización, estigma, discriminación y atentados a la vida.
Según Amnistía Internacional, los países del triángulo norte son los más violentos por los altos niveles de inseguridad que se vive. Las mujeres, las lesbianas, los homosexuales, bisexuales y la personas transgénero están más expuestas y son afectadas directamente por su identidad de género y orientación sexual. A causa de esta violencia, del exacerbado machismo, la homofobia y por la violencia social que generan las pandillas locales, por ejemplo, en El Salvador tiene lugar un fenómeno de desplazamiento interno forzado de las personas LGBTQI, en el que se obliga a este grupo a realizar trabajo sexual y actos delictivos en contra su voluntad. De lo contrario, atentan contra sus familiares, son asesinados o se cometen transfeminicidios. En entrevista, Gabriel Gasteazoro, abogado en movimientos sociales en aquel país, señaló que si en una comunidad rural de El Salvador, se comete un transfeminicidio “se activa una especie de alerta en otros miembros de la comunidad, lo cual significa que es momento de abandonar su hogar”. Las pandillas tienen controladas las regiones más vulnerables y marginadas del país. Incluso, Gasteazoro contó que en Zacatecoluca la Paz, hay una cárcel para mujeres trans, encerradas principalmente por delitos menores y que en la mayoría de los casos fueron obligadas a cometerlos. Ellas se sienten más seguras dentro que fuera, pues su esperanza de vida en aquel país es de sólo 35 años.
Por “la discriminación por su identidad u orientación sexual, ejercida a través de las amenazas a su vida por la pandillas; también a causa de extorsiones efectuadas por los mismas estructuras criminales” el desplazamiento interno forzado se vuelve insuficiente. Para las personas LGBTQI dentro de los países que conforman el “Triángulo Norte” todos los espacios son inseguros, y en la mayoría de las ocasiones los lleva a cruzar las fronteras internacionales como migrantes o como personas LGBTQI solicitantes de asilo. Huyen de sus países de origen para buscar en México y en Estados Unidos protección y seguridad, buscan recuperar su dignidad. Human Rights Watch concluyó: “Los gobiernos del Triángulo Norte no brindan una protección adecuada a las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, y éstas deben sortear graves obstáculos si intentan obtener asilo en Estados Unidos”.
Discriminación y violencia en el camino hacia “el norte”
Cuando salen de Guatemala, Honduras y El Salvador, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI tienen que seguir transitando por los caminos de la violencia y la discriminación, y hay pocos datos estadísticos sobre esta dramática travesía. Las cifras oficiales rara vez existen y sólo las ONGs y ciertos albergues a lo largo de México han trabajado para documentar los ataques por homofobia, lesbofobia y transfobia. Lo anterior afecta su desplazamiento, pues son blanco de ataques por el estigma de su origen nacional y sufren intimidación, amenazas, agresiones físicas y psicológicas, violencia verbal y sexual, violencia por sus mismos compañeros de viaje, secuestro por parte del crimen organizado y asesinato.
En México, la mayoría de las ocasiones “son insultados por la propia autoridad migratoria, por su identidad de género, amenazados y les quitan el poco dinero que traen”. A pesar de que la Ley Internacional de Derechos Humanos prohíbe cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual o por identidad de género, la violación a estos derechos es recurrente dentro de los propios grupos de migrantes, así como de la autoridad mexicana; se les sabotea su derecho al asilo y muchas ocasiones son presionados a firmar el “regreso voluntario”.
Sobre la discriminación sufrida en los grupos en tránsito, por ejemplo, Jaqueline Villegas Solalinde, encargada de la atención psicológica para personas migrantes en La Casa del Migrante de San Luis Potosí, nos relató: “Si poníamos a una mujer trans en el espacio reservado para las mujeres, nos decían cosas como ‘¿Por qué está aquí si es hombre?, ¿Cómo se va bañar con nosotras si tiene pene?’. Sin embargo, en este espacio no permitimos la discriminación por orientación sexual”.
En la caravana migrante que salió de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de octubre del 2018, se fue conformando poco a poco un contingente de personas LGBTQI, los cuales públicamente se autonombraron como tal. Después se separarían a su llegada la Ciudad de México por la constante discriminación y violencia recibida por los propios miembros de la caravana. A partir de lo anterior lograron una gran visibilidad, sin embargo, las personas migrantes de la comunidad LGBTQI se encuentran en México ante una doble vulnerabilidad, ser personas en tránsito y tener una orientación sexual no heterodoxa. Son los migrantes menos visibles, lo que provoca abuso y violencia en su contra.
Los albergues y la recuperación de la dignidad
A partir de la visibilidad que adquirió el contingente LGBTQI en la caravana migrante de octubre de 2018, ese mismo año entró en función Casa Arcoíris y en 2019 Jardín de las Mariposas en Tijuana, Baja California; Casa Migrante Respetttrans en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en 2020 abrió sus puertas Rainbow Bridge en Matamoros, Tamaulipas. Las instituciones mencionadas funcionan como albergues temporales para personas migrantes y personas solicitantes de asilo LGBTQI. Además, ofrecen servicios de salud, atención psicológica y asesoría jurídica. Estas redes de apoyo en el norte mexicano han hecho eco en otras latitudes del país.
San Luis Potosí es uno de los puntos geográficos clave en el ramal ferroviario hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas y un punto histórico obligado de tránsito de personas migrantes. Ahí, la Casa de la Caridad del Migrante, S.L.P. ha ofrecido los servicios de albergue, salud, atención psicológica y jurídica desde hace más de 17 años. En ella, según su orientadora, Jaqueline Villegas Solalinde “tenían un espacio reservado para las personas migrantes LGBT, pero por la pandemia y los filtros sanitarios que se tenían que hacer, fue clausurado y se volvió de nueva cuenta a un espacio común, es decir, dividir sólo entre hombres y mujeres, sin importar su orientación sexual”. Sin embargo, a pesar que este es un espacio libre de discriminación por identidad de género, es un albergue abierto para todas las personas migrantes.
El 2 de febrero de 2022 abrió sus puertas en la ciudad de San Luis Potosí Orquídea A.C., asociación y casa de asistencia que busca atender las necesidades que vive la comunidad LGBTQI que han sido desplazadas de sus hogares por el rechazo familiar, la discriminación laboral y la segregación de la llamada “vida en sociedad”. Según palabras de Francisco Olvera, fundador y presidente de Orquídea: “Se dice que cuando se rompe un flor de una orquídea, la flor de atrás saca un pequeño tallo para agarrarla y no termine de caerse y es por eso que nace proyecto orquídea porque unos a otros nos damos la mano para no caernos”.
Además de atender a la comunidad LGBTQI en general, Orquídea es una casa abierta para las personas migrantes y solicitantes de asilo que han sido forzadas a huir de sus países por razón de su identidad de género. Olvera añadió: “Deben existir espacios seguros, espacios para la protección de sus derechos humanos, en este caso para su paso por México y debemos mitigar la discriminación y violencia de la que son objeto en estos procesos migratorios, tanto por su origen nacional y orientación sexual”. La preocupación de la sociedad civil y de la comunidad LGBTQI de San Luis Potosí se han unido a los esfuerzos para procurar que las personas migrantes y los solicitantes de asilo de esta comunidad reciban albergue, comida, servicios de salud, atención psicológica y asesoría legal, pero sobre todo, que puedan recuperar su dignidad.
La mayoría de las personas migrantes y solicitantes de asilo integrantes de la comunidad LGBTQI y que emigran a México y Estados Unidos huyen de la violencia y la impunidad de la que son objeto en sus países de origen. Hoy pueden encontrar en nuestro país la Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiados LGBT México (Redapm), la cual está integrada por 24 organismos que velan por su seguridad. En San Luis Potosí, a partir de este año, Orquídea A.C. se une a este esfuerzo humanitario para hacer que ese éxodo forzado sea menos peligroso y más digno.
Saúl Iván Hernández Juárez
Doctor en Historia por El Colegio de México y docente adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
Referencias
ACNUR, “Condiciones actuales de la población LGBTI en El Salvador, durante el periodo 2020-2021”, UNHCR/CNUR/COMCAVIS TRANS, diciembre de 2021.
Amnistía Internacional, “No Safe Place”, noviembre de 2017.
Human Rights Watch, “Persecución de personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras. Las barreras para el asilo que impone Estados Unidos bloquean el camino hacia la seguridad”, octubre de 2017.
Ortiz Kenia, Castañeda-Camey y Rubén García Sánchez. “Migrantes lgbt+ en las caravanas migrantes hacia Estados Unidos: dilemas y posibilidades para la construcción de hospitalidad”, Centro Scalabriano de Estudios Migratorios, Revista Interdisciplinaria de movilidad humana, vol. 28, num. 60, 2020.
Entrevistas
Francisco Olvera Herrera, Presidente de asociación Orquídea, Casa de Asistencia Social para personas de la diversidad sexual. 7 de marzo de 2022.
Jacqueline Villegas Solalinde, Lic., en Psicología. Martes 8 de marzo de 2022.
Gabriel Gasteazoro Franco, abogado en movimientos sociales en San Salvador, El Salvador. Martes 8 de marzo de 2022.