Alguna vez en un congreso de migrantólogos una investigadora me contó que ella y otras colegas suyas habían sido invitadas a una reunión binacional México-Estados Unidos para conversar sobre la política fronteriza del futuro. El grupo mexicano presentó sus trabajos primero. Las y los pares norteamericanos observaron en silencio una serie de estudios de caso, etnografías, autoetnografías, y en general estudios empíricos en ciencias sociales y políticas que versaban todos, sobre aspectos muy específicos de la realidad de las personas en condiciones de movilidad. Al terminar su exposición, sus homólogos norteamericanos, extrañados, manifestaron que los estudios eran extraordinariamente interesantes, pero no abordaban para nada el motivo de la reunión que era reflexionar qué tipo de política fronteriza deberíamos tener. A continuación, los asistentes norteamericanos procedieron a exponer sus trabajos sobre ética aplicada a las fronteras, teoría política que fundamentaban las políticas fronterizas, teoría de las relaciones internacionales aplicada al transnacionalismo fronterizo, etcétera. Las investigadoras y los investigadores mexicanos estaban claramente enfocados en entender y documentar los hechos; mientras que sus pares norteamericanos articulaban principios éticos para buscar el bien común con planes y proyectos institucionales y jurídicos.
La anécdota podría ser simplemente un chusco malentendido si no fuera porque en el fondo nos da una pista para entender dos rasgos muy perniciosos del diseño y ejecución de la política fronteriza mexicana: es meramente reactiva y no proviene de una discusión profesional, articulada, plural y seria sobre los principios que deben determinar el tipo de fronteras que las mexicanas y los mexicanos deberíamos tener. Todas y todos vimos al gobierno mexicano tambalearse, completamente sobrepasado, cuando las caravanas migrantes saturaron su capacidad de respuesta, o cuando el covid requirió la suspensión de las actividades administrativas y dejó a la administración pública incapacitada para dar respuesta a las solicitudes desesperadas. Parece que, a pesar de que la migración es un fenómeno persistente, el gobierno mexicano no es capaz de planear, ni para su operación ordinaria ni para los momentos de crisis.
Para explicar mi punto, la pista que nos proporciona la anécdota tiene que emparejarse con otros casos parecidos. De hecho, esta falta de análisis fundamentado y planeación no es un rasgo único de las políticas fronterizas, sino del ejercicio no profesionalizado y ético de la administración pública en México. Por ejemplo, si la autoridad no puede eliminar la corrupción y establecer buenas prácticas en una dependencia, mejor la elimina sin considerar a sus beneficiarios; si no puede gestionar la recolección de la basura en la alameda central, entonces retira los botes de basura, sin consideración de los residentes que tienen que tolerar las inundaciones ocasionadas por la acumulación de deshechos. Así, de alguna manera, el problema se ha eliminado, pero no desde un ejercicio profesional y ético que persiga el bien común gradualmente. De manera tristemente similar, por ejemplo, las políticas de asilo y refugio en México funcionan bajo esquemas de rechazo sistemático en detrimento de los derechos humanos de las personas en movilidad. O bien, en el peor de los casos, las solicitudes simplemente son ignoradas por la autoridad, a veces durante años. Como en el caso de los botes que son retirados para no resolver el problema de la basura, el largo tiempo de espera y los obstáculos administrativos son parte de una política de contención migratoria que evita analizar y planear para el bien común.
Cuando la pista que nos proporciona la anécdota se junta con estos rasgos mexicanos del diseño institucional, de políticas y de la actividad legislativa, tiene el potencial de ayudarnos a entender las causas de la falta de planeación y ética pública. Naturalmente esto tiene muchas razones inmediatas: las políticas migratorias suelen depender de los ciclos electorales, los tomadores de decisiones responden a intereses de corto plazo, los recursos humanos no se encuentran profesionalizados ni capacitados, etcétera. Pero un fenómeno institucional suele tener también causas estructurales. La metáfora de la estructura sirve para señalar causas que permean ampliamente distintos niveles organizativos de las principales instituciones políticas, económicas y sociales. El reto de resolver un problema estructural es que no se puede atender el problema más que abordándolo en su totalidad. La educación suele ser una de las herramientas más eficaces para abordar en su totalidad un problema. Pero en este caso temo mucho que la educación misma sea más bien parte del problema y no de la solución. Esto último necesita ser explicado.
Sospecho que, en México, las instituciones de educación superior y de posgrado dedicadas a las ciencias sociales, así como los centros de investigación, sufren de un mal que se llama colonialismo cultural. Quizás una manera fácil de entender este mal es recordando el reclamo que Pranoti Surve —una connotada analista de inteligencia y seguridad india— publicó en Linkedin. Surve reclamaba que las y los especialistas en seguridad que no son originarios de Norteamérica y Europa, y que son excelentes en su trabajo, no son apreciados por la comunidad de especialistas de los países desarrollados. A pesar de su excelencia, sólo los toman como fuentes de información; pero nunca realmente como analistas. El análisis de los datos recabados por las fuentes locales es siempre elaborado por especialistas norteamericanos y europeos. El reclamo de Surve destaca que los especialistas de los países desarrollados piensan que los científicos sociales de los países en desarrollo están mejor situados para entender e interpretar los hechos porque han crecido y vivido en esos lugares, pero no están preparados o capacitados para analizar la información con fines prospectivos y normativos. En este caso, el término colonialismo cultural trata de ayudarnos a entender como un problema que la discusión acerca de cómo deberían ser las cosas para afrontar los grandes problemas políticos, económicos y sociales, se lleva a cabo entre pares de Norteamérica y Europa; pero, en esa discusión, los especialistas originarios de los otros países sólo contribuyen como fuentes de información.
La anécdota con la que comencé es preocupante porque podría ser resultado de cómo este tipo de colonialismo cultural está poderosamente impreso en la estructura de los currículos y líneas de investigación de universidades y centros de ciencias sociales y políticas en México. En particular, en los excelentes posgrados y centros de investigación dedicados a estudiar el fenómeno migratorio, no se estudian ni enseñan las disciplinas normativas y prospectivas, que son las que precisamente sirven para planear de manera ética. La ética aplicada, la filosofía política y la teoría de las relaciones internacionales analizan qué opciones de soluciones son más justas y legítimas. Esas recomendaciones son insumos para que las teorías del diseño institucional, de la producción legislativa y de la intervención social las conviertan, a su vez, en productos útiles para que los tomadores de decisiones promuevan reformas y estructuren políticas públicas no sólo reactivas sino también prospectivas. En cambio, a pesar de su excelencia, los centros y posgrados donde se estudia la migración —el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur, la Maestría en Estudio Migratorios de la Ibero, entre muchos otros— se concentran casi por completo en preparar recursos humanos para que se desempeñen mayormente como fuentes, describiendo y diagnosticando los males nacionales. Aún peor: en ocasiones, incluso, tratan de evitar por entero la discusión normativa y prospectiva, creyendo que con ello evitan el colonialismo, para que otras personas fuera del país tengan las discusiones importantes.
Enrique Camacho Beltrán
Investigador independiente nacional nivel 1 del SNI. Ha impartido cursos de ética de las fronteras en la UNAM, La Universidad Panamericana y La Ibero.
El autor agradece el apoyo de Erick Nava Galindo en la investigación de este escrito.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.