En un seminario hace unas semanas un participante me preguntó, palabras más, palabras menos: ¿No crees que sería mejor que el ingreso al país de forma irregular fuera un delito nuevamente? En una plática reciente con la familia de un amigo, su padre —quien por cierto tiene un doctorado— decía: Es que vienen a quitarnos los empleos, México no tiene suficientes fuentes de trabajo para los mexicanos como para permitir que “otros” lleguen y nos los quiten. En una reunión informal —un par de meses después de que ingresó la primera caravana de personas migrantes en 2018— un ex-subsecretario de Estado apuntaba: Nos están invadiendo; es necesario fortalecer las fronteras.
Estos testimonios aislados no me permiten hacer una descripción generalizada de la percepción que la sociedad mexicana tiene de las personas migrantes en situación irregular. Lo cierto, sin embargo, es que múltiples estudios han mostrado las diferentes formas en las que la sociedad mexicana y las instituciones del Estado discriminan y violan los derechos humanos de estas personas, al menos desde que surgieron los primeros instrumentos de regulación de los flujos de inmigración en el país en 1909. Dichos instrumentos han definido a lo largo del tiempo —y a través de las prerrogativas del Estado— quiénes entran o no a territorio nacional, produciendo en el imaginario social percepciones que delimitan el trato que se les da a las personas extranjeras.
Las consecuencias evidentes y bien conocidas de estas percepciones son las violaciones de derechos humanos demostradas por diversos estudios académicos. Sin embargo, estos estudios no han tenido eco. Si bien hoy el texto de la Ley de Migración se refiere a las personas migrantes como sujetos de derechos independientemente de su situación migratoria —y no como productores de “degeneración en los descendientes”, como se les llamaba en comunicados oficiales de la Secretaría de Gobernación en el contexto de la Ley de Inmigración de 19261— en la actualidad el rechazo a las nacionalidades que ingresan al país de manera irregular sigue estando presente, ahora con fundamento en la seguridad nacional. Y ese rechazo sigue generando odio y miedo, como muestran los tres testimonios que relaté arriba.
Como parte de la comunidad internacional que protege los derechos humanos, México ha cumplido en la creación de instrumentos jurídicos que velen por dichos derechos. Sin embargo, en la práctica el respeto de los derechos humanos no ha pasado de las normas a la realidad. Se trata de un discurso mediático y políticamente correcto, pero estéril. Con esto no subestimo la relevancia de hablar y demandar respeto a los derechos humanos. Más bien, quiero poner a debate el uso de esta aparente “relevancia” del tema, que parece crear la ilusión de que para resolver el problema basta con cubrir en términos meramente formales con las demandas de las instancias internacionales. Cambiar la narrativa de respetar los derechos humanos desde el deber ser por una que emane de la comprensión del odio que está detrás de su violación tal vez nos permita tener otra perspectiva del problema, una que resulte más convincente para amplios sectores de la sociedad.
Consideremos, por ejemplo, el caso de Victoria Salazar Arriaza: la mujer salvadoreña que fue asesinada por la policía de Tulúm, Quintana Roo, el 27 de marzo de 2021. El video que recorrió las redes sociales muestra a Victoria tirada en el piso. Encima de ella, con la rodilla sobre su espalda, está uno de los cuatro policías que la detienen. Se escucha un grito de Victoria, silenciado por la mano del hombre que la presiona con su peso, quien ahora también coloca una mano sobre su cuello. Minutos después se observa el cuerpo de Victoria inmóvil. Nadie dice nada ante la agresiva detención de los policías. Nadie hace eco del grito de auxilio. Nadie llama una ambulancia cuando se observa el cuerpo inmóvil de la mujer. Nadie detiene a los policías cuando cargan el cuerpo y lo suben a la batea de su camioneta para llevárselo. Nadie repara que se trata de un ser humano. La percepción del incidente está predeterminada por esquemas históricos que sólo identifican lo que encaja con ellos.2 En una sociedad en la que la aceptación o no de un extranjero se sigue vinculando a su nacionalidad o a su apariencia, las personas que históricamente han sido rechazadas seguirán siendo vistas como una amenaza o con indiferencia. Como si carecieran de humanidad.
La muerte de Victoria se inscribe en un contexto de rechazo histórico a ciertas nacionalidades y culturas; una aversión fundada en lo que se cree que representan o por lo que se cree que van a propiciar en nuestro país.3 Lo irónico es que la apariencia física de Victoria no permitía determinar que era salvadoreña y no mexicana. ¿Por qué nadie hizo nada para evitar el fatal desenlace? ¿Cómo sabían que era salvadoreña? Dos elementos se reproducen aquí: el desprecio hacia nacionalidades como la salvadoreña, hondureña o guatemalteca —las que conforman el mayor porcentaje del flujo de personas irregulares en el país— y el miedo y desconfianza de las autoridades. Dos elementos que se refuerzan mutuamente y que sirven para justificar a cada uno de los actores, tanto aquellos que no actuaron como aquellos que lo hicieron de forma desmedida.
Quien se ajusta a la norma puede caer en el error de creer que la norma no existe. Tal vez no se percate de cómo excluye o denigra a otros y, a menudo, es incapaz de imaginar sus efectos.4 Difícilmente conocemos toda la normatividad que nos impone obligaciones y otorga derechos en los diferentes campos en los que nos movemos y desde los diferentes roles que asumimos dentro de una sociedad. Pero los derechos humanos se aplican a todas las personas; no solamente a “nosotros”. Como sociedad, debemos prestar atención al sentir de quien es despreciado y violentado a diario porque no se ajusta a la norma. Debemos pensar cómo nos sentiríamos en esa situación, aunque nunca nos haya pasado y creamos tener la certeza de que nunca nos va a suceder.
Valentina Rabasa Jofre
Investigadora posdoctoral en el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, UNAM
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
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1 Yankelevich, P. y Chenillo, P. “La arquitectura de la política de inmigración en México”, Nación y Extranjería, UNAM, México, 2009, pp. 187-230.
2 Emcke, C. “Odio y menosprecio. Segunda parte: racismo institucional (State Island)”, Contra el Odio, Taurus, España, 2017, pp. 48-60.
3 Meyer, E., y Salgado, E. Un refugio en la memoria: la experiencia de los exilios latinoamericanos en México, UNAM, Océano, México, 2002.
4 Emcke, ob. cit.