En palabras de Esteban, víctima de la violencia generalizada en México (pseudónimo, trece años de edad,originario de Aguililla, Michoacán), su desplazamiento forzado en compañía de su madre, tres hermanas y tres sobrinos obedeció a que “mataron a mi apá y ya empezaron con cosas”. En palabras de Fernanda (pseudónimo, doce años de edad, originaria de Sahuayo, Michoacán),víctima de la violencia proveniente del crimen organizado, la amenaza de los delincuentes recibida por su abuela paterna que llevó a la huida intempestiva de su madre, su hermana y su propia abuela fue: “‘Ya sabemos dónde tienen a las niñas. Vas a ver si no te la dejo como picadillo y te la sirvo en un plato para que te la tragues’”. Por su parte, Alejandra (pseudónimo, dieciséis años de edad, originaria de Morelia, Michoacán), víctima de violencia familiar ejercida por el padre, salió huyendo con su mamá y cuatro hermanos cuando la violencia sostenida a lo largo de años llegó a su cúspide: “Yo era una niña; tenía como ocho, nueve años cuando me sucedió eso [abuso sexual] y lo denunciamos [al padre], pero la policía nunca hizo nada […] nunca encontraron las suficientes pruebas. Ellos como que querían que yo hubiera quedado embarazada. No sirvió nada de lo que yo declaré, nunca lo encerraron, solamente le dieron una orden de aprehensión [sic] para que se retirara de la casa. Se retiró por un tiempo, pero al poco tiempo él se metió a la casa y ya no se quiso ir. Nos empezó a golpear, a agredir y más a mí porque yo soy la que había denunciado”.
Estos y otros testimonios forman parte del informe “Es mucho daño lo que yo tengo”. Niñas, niños y adolescentes desplazados forzados internos en la frontera norte de México (Silva y Alfaro, 2022) realizado por las autoras como resultado de una investigación financiada y coordinada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El estudio tuvo como objetivo identificar y analizar la manera en la que el desplazamiento forzado interno afecta las condiciones de vida y los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) que se encuentran con sus familiares en las fronteras de Tijuana y Mexicali, B. C., a la espera de solicitar protección internacional en Estados Unidos. Condiciones de vida en materia de acceso a la educación, a la seguridad y a la salud física y mental, principalmente. A partir de una metodología cualitativa y poniendo énfasis en la infancia, el trabajo contribuye al conocimiento del desplazamiento forzado interno del tipo “gota a gota”, es decir, aquel que se realiza de manera individual o en unidades familiares, distinguiéndose de los episodios de desplazamiento de 20 personas o más que ocurren de manera simultánea.1
Entre los principales hallazgos y puntos discutidos en la investigación, se encuentra en primer lugar, la manera en que niñas, niños y adolescentes visualizan el grado de exposición a distintos tipos de violencia en sus lugares de origen, de los cuales no sólo tienen amplio conocimiento, sino que forman parte de su experiencia de vida, siendo el DFI el último eslabón en la cadena de riesgos y agresiones, produciéndose una vez que sus progenitores —comúnmente la madre como figura capital de protección— perciben que llega el punto máximo de vida o muerte.
Esto subraya que el DFI es fundamentalmente una problemática social y no sólo un fenómeno de movilidad. Una problemática social producto de violencia estructural e institucional, al hacer referencia a las condiciones en las que se encuentra y se desarrolla actualmente una parte de la infancia en México, con afectaciones en el tejido social, la familia y las comunidades. Sin embargo, desde los esfuerzos gubernamentales para sustentar una urgente política pública, el DFI se percibe predominantemente como un problema de movilidad humana. Así lo sugiere la iniciativa pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno (Poder Legislativo, 29 de septiembre de 2020),2 la cual contempla como principal brazo ejecutor a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ya que tanto las personas refugiadas en México como las desplazadas internas responden a una movilidad de carácter forzado (Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de COMAR, entrevista personal, 2020).
Un segundo resultado del estudio se relaciona con el análisis de la frontera México-Estados Unidos en la que se detiene la huida de NNA y sus familias. En ese contexto, parecen ubicarse en un estado de suspensión de sus espacios sociales de los que han quedado desprendidos; suspendidos en sus acciones, en sus derechos, cargando costos, además, en su formación escolar, en su salud física y, sobre todo, en su estado emocional. Lapso en el que se profundizan sus pérdidas, la precariedad y la vulnerabilidad. Tomando en cuenta las fases del desplazamiento forzado interno de prevención, desplazamiento, regreso, reasentamiento y reintegración señaladas en los Principios Rectores del Desplazamiento Interno,3 la contención y el atrapamiento en Tijuana y Mexicali para quienes buscan asilo en Estados Unidos formaría parte de la fase de desplazamiento en la que predomina “una movilidad intempestiva, perentoria, de huida”,4 por lo que entraña un estado de contingencia al que corresponde la ejecución de medidas urgentes de protección a la vida e integridad de las personas DFI y de asistencia humanitaria por parte de las autoridades, siendo el ente responsable. Actualmente, se advierte que en las ciudades de estudio es la sociedad civil y los organismos internacionales los que mayormente operan la atención del conglomerado de personas en movilidad, incluidas las personas DFI.
Como tercer punto, destacó que la salud mental de NNA y sus madres es una de las grandes necesidades pendientes de cubrirse en esa fase transitoria en la frontera, donde se condensan los costos de las violencias y del desplazamiento. Las manifestaciones emocionales declaradas fueron: duelos complejos resultado del asesinato de familiares, la separación de familiares cercanos, la pérdida del patrimonio, la pérdida de capital social y el desarraigo. Particularmente, en niñas, niños y adolescentes los efectos emocionales gravitan en torno a su construcción identitaria y su sentido de pertenencia, dada la abrupta salida. Igualmente, se observó una afectación emocional diferenciada en función de los tipos de violencia vivida: mientras que la violencia del crimen organizado es disruptiva, desde la visión de NNA, sin dejar de ser de extremo impacto y perturbadora, finalmente la advierten como una agresión externa perpetrada por “otros”. Pero la violencia familiar es sostenida y adquiere modalidades distintas, sea física, psicológica y/o sexual. Cuando las agresiones se dan por parte del padre, los relatos documentados de las y los adolescentes mostraron que no sólo experimentan miedo, sino también rabia y tristeza, perdurando un sentido de traición proveniente del padre, al constatar sus agresiones recurrentes. Varias de las personas entrevistadas en los albergues estiman que la atención psicológica que llegan a recibir es ocasional, discontinua e insuficiente. Es así como en la frontera domina la angustia: la lógica es que el peligro no queda anclado geográficamente en su lugar de residencia habitual del cual salieron huyendo, sino que de alguna manera se porta consigo (fueron y siguen siendo víctimas). Frente a la espera indefinida para solicitar asilo en Estados Unidos,5 los daños a nivel psicológico se multiplican y requieren un abordaje inmediato e integral.
De tal manera que las causales y el evento de DFI mismo violentan, de tajo, prácticamente todos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes mexicanos: el derecho a la protección de la salud y a la educación; a la seguridad jurídica y al debido proceso; a vivir en condiciones de bienestar y al sano desarrollo integral; el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, así como el derecho a la participación, cuando se advierte poca o nula apertura de canales de comunicación para informarse y que sus opiniones sean escuchadas y atendidas. Todo lo cual, los desdibuja como sujetos de derechos.
Aída Silva Hernández
Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora Nacional Nivel I. Investigadora posdoctoral en El Colegio de la Frontera Norte y profesora en la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California.
Beatriz Alfaro Trujillo
Doctora en Ciencias de la Salud. Profesora en la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Es socia fundadora de la asociación civil Profesionalización e Investigación en Salud Pública.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Pérez, B. G., Barbosa, L. A., y Cabada, P. D. Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México Informe 2019, CMDPDH, 2020.
2 Actualmente el DFI en México se reglamenta junto a otras probelmáticas en la Ley General de Víctimas (Poder Legislativo, 9 de enero de 2013). Poder Legislativo (2013). Ley General de Víctimas. Diario Oficial de la Federación, 9 de enero.
3 Comisión de Derechos Humanos (1998). Principios rectores de los desplazamientos internos. CDH-Naciones Unidas.
4 Salazar, L. M. “Modalidades del desplazamiento interno forzado en México”. En: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 35(76), UAM, México, 2014, pp. 53-81.
5 Desde marzo de 2020 quedaron suspendidos los procesos de solicitud de asilo en Estados Unidos debido a la pandemia por Covid-19, al considerar que implicaba entradas “no esenciales” al país. Las unidades familiares documentadas en la investigación llevaban entre un año y una semana inmovilizadas en Tijuana o Mexicali, B. C.