Migrar no es un delito, sino un derecho. Es a partir de esta concepción que se decide cómo se construye la política migratoria en un país y cómo se trata a las personas que ingresan a nuestro territorio. México, es bien sabido, es un país con importantes flujos migratorios; sin embargo, ha optado por una política migratoria que carece de enfoque de derechos humanos. Nuestro país hace uso sistemático de la Guardia Nacional y otros cuerpos militarizados como aparatos de control, contención y disuasión migratoria; lo que es contrario a las disposiciones normativas nacionales e internacionales. Además, no hemos construido una política migratoria propia, sino que hemos permitido que las exigencias de Estados Unidos la determinen.
La militarización de la migración no es exclusiva del actual gobierno federal. En el sexenio de Vicente Fox se ejecutó la Operación Centinela y el Plan-Sur, donde intervinieron elementos castrenses. Felipe Calderón abordó la migración desde el ámbito de la seguridad nacional, lo que implicó la criminalización de personas en contexto de movilidad y el uso de las fuerzas armadas para la contención, orillando a las personas migrantes a optar por rutas más inseguras, con el consecuente incremento de homicidios, secuestros y desapariciones. Enrique Peña Nieto ejecutó el Programa Frontera Sur, que incluyó una agresiva estrategia de detenciones migratorias. En todos los casos, estas políticas públicas han estado determinadas por intereses estadounidenses.
Hay una fecha en el que esta militarización se vio recrudecida: 7 de junio de 2019, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores firmó la Declaración Conjunta México-EUA y el Acuerdo Complementario entre estos dos países. Este acuerdo implicó el despliegue de 6500 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en la frontera sur y 15 000 en la frontera norte. El objetivo era conformar un muro militar para detener a las personas migrantes y solicitantes de asilo que ingresan al país.
En este contexto los integrantes de la Fundación para la Justicia, en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil y la Red de Periodistas de a Pie, nos dimos a la tarea de documentar este proceso de militarización, con énfasis en sus consecuencias para los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. El resultado es el informe “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”, así como un micrositio electrónico, que a través de varios reportajes da voz a quienes han sido afectados y afectadas por estas políticas militares.
Tres elementos permiten sostener que la política migratoria mexicana se ha militarizado:
1. La intervención de la Guardia Nacional en la ejecución de la política migratoria, pues si bien la Constitución define a la Guardia como una autoridad civil, se ha constatado que su dirección, integración y formación son preponderantemente militares, con fundamento en una normativa no sólo incompatible con los estándares internacionales, sino también con la normativa migratoria doméstica.
2. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control migratorio sin ningún fundamento legal.
3. La colocación de militares y exmilitares en puestos estratégicos del Instituto Nacional de Migración (INM), incluyendo en estaciones migratorias.
La oposición a la participación de elementos castrenses en tareas que le corresponden a las autoridades civiles no se basa en criterios subjetivos o carentes de sustento. La formación, ideología y lógica de actuación de las Fuerzas Armadas —incluyendo a la Guardia Nacional— van encaminadas a brindarles las herramientas para derrotar a un enemigo y no para interactuar con la población civil. Las tareas civiles requieren de criterios, estrategias y comportamientos diferentes a las militares, sobre todo cuando implican interacciones con personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad y arrastran diferentes tipos de violencias.
Un ejemplo de las consecuencias humanitarias de militarizar la política migratoria son las detenciones y deportaciones arbitrarias de las personas migrantes y solicitantes de asilo, práctica que atenta contra los estándares internacionales. Estas detenciones frecuentemente se basan en criterios raciales, siendo el color de la piel y las características físicas el único factor a considerar para verificar si su estancia en el país es regular, e incluso para presumir que la documentación con la que cuentan es falsa. “Nos bajaron del autobús”, declara un migrante angoleño. “Escuchamos cuando los de la Guardia Nacional dijeron: ‘¡Que se bajen los negros!’ Les enseñamos nuestras tarjetas de visitantes por razones humanitarias y así nos detuvieron”.
Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 275/2019, resolvió que las revisiones migratorias en lugares distintos a las zonas de ingreso y salida del país son inconstitucionales; esto por resultar discriminatorias al basarse preponderadamente en las características físicas de las personas, convirtiendo a las personas indígenas y afrodescendientes en las principales víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Se trata de un precedente importante, que debería llevar al INM y especialmente a la Guardia Nacional a dejar de realizar estas detenciones.
Las detenciones arbitrarias se efectúan sin presencia de personal del INM, a pesar de que la Ley de Migración señala que la Policía Federal —sustituida ahora por la Guardia Nacional— únicamente puede actuar en auxilio de la autoridad migratoria, lo que no puede significar una sustitución. Las autoridades con frecuencia detienen y deportan a personas sin individualizar cada caso. Esto convierte a la detención migratoria —independientemente de los eufemismos con los que se le llame— en la regla en lugar de la excepción que debería ser, de acuerdo con los estándares internacionales establecen que debería ser la excepción. Algo similar ocurre con las deportaciones en expulsiones colectivas, prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Tal es el caso de una mujer nicaragüense que se encontraba en territorio mexicano junto con sus tres hijos menores de edad, y que fue expulsada a pesar de contar con documentos que los acreditaban como visitantes por razones humanitarias. “Mis niños estaban llorando”, dice la mujer. “Tenían miedo de que los guardias nos fueran a disparar con esas armas grandes que cargan… Nos llevaron hasta Talismán y allá nos tiraron como basura”.
Nuestro informe corroborra que las mujeres migrantes en particular se encuentran expuestas a diversas formas de abuso de autoridad y violencia sexual, incluyendo la violación. Los testimonios son desgarradores: “Las mujeres afrodescendientes migrantes en todo México estamos expuestas en todo momento”, señala una mujer haitiana. “No podemos ocultarnos; nuestro color de piel es visible, nuestro color de piel, que molesta a los racistas. El Guardia Nacional y el INM, que nos tratan de prostitutas, que nos hacen gestos groseros, que nos persiguen cuando estamos caminando… Ellos le podrán tener algo de miedo a nuestros hombres, pero a nosotras no. Nosotras no somos seres humanos para ellos. Somos para ellos, como basura”. Por su parte, una mujer hondureña narra situaciones igualmente terribles. “Desnudan a las mujeres”, refiere esta mujer, quien estuvo detenida en una estación migratoria en Chihuahua. “Les meten los dedos por la vagina o les meten un cañón”.
Estos delitos con frecuencia quedan impunes a causa del miedo que estas mujeres sienten al estar detenidas y en manos de sus agresores, así como a causa de las barreras culturales, el desconocimiento de sus derechos y el temor a las represalias. El resultado es que este tipo de abusos se siguen perpetrando. La situación se vuelve aún más grave si consideramos que estas personas migrantes en ocasiones son detenidas en lo que podría llamarse “cárceles militares”, pues algunas estaciones migratorias están bajo control de la Guardia Nacional.
A pesar de que la ley prohíbe el uso de la fuerza para efectos de control migratorio, se han documentado casos en los que las autoridades han incluso recurrido al uso de armas de fuego, en ocasiones causando la muerte de personas migrantes. Esto ocurrió, por ejemplo, en Chiapas en marzo de 2021, cuando un efectivo del Ejército privó de la vida a un ciudadano guatemalteco. Algo similar sucedió en octubre de 2021, cuando integrantes de la Guardia Nacional dispararon sobre un vehículo en el que viajaban migrantes provenientes de distintos países, lo que trajo como consecuencia la muerte de una persona cubana y lesiones para otros cuatros migrantes.
Las muertes de personas en contexto de movilidad también son consecuencia de omisiones por parte de las autoridades. Tal es el caso de una mujer haitiana que transitaba con su esposo e hijo de once meses. Las autoridades no sólo se negaron a proporcionarles la asistencia médica que requerían, sino que también les impidieron buscarla por su cuenta, lo que resultó en la muerte de la mujer. “Estaban el INM, la Guardia Nacional y la policía”, relata el esposo de la mujer. “Estaban todos. Fui directo a donde estaban, a su caseta […] No hubo primeros auxilios. Nadie le dio oxígeno o algo cuando estuvo tirada en el piso. Estuvo cinco horas sufriendo, atrás de una camioneta. Allí tirada. Muy doloroso todo. Verla así. Yo les pregunté si podía tomar un taxi o pedir ayuda a quien pasara, pero me dijeron que no me podían dejar ir porque estaba en detención allí con ellos”.
Estas son solamente algunas de las voces contenidas en el informe, que no pretende ser exhaustivo, pero sí hacer un llamado urgente para que se desmilitarice la política migratoria; para que la Guardia Nacional y otras fuerzas militares dejen de participar en gestión migratoria; para que dicha gestión regrese a la Secretaría de Gobernación, como lo establece la ley; para que se suspendan todo tipo de acuerdos internacionales que impulsan la militarización y la violación masiva de derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de asilo; para que no se detenga a niños, niñas, adolescentes y personas solicitantes de asilo, porque esto es contrario a los estándares internacionales; para que se desmilitarice y se transforme el Instituto Nacional de Migración; para que México determine sus políticas migratorias bajo principios de derechos humanos y no bajo una visión de seguridad nacional; y para que Estados Unidos deje de impulsar la militarización de la migración —por así convenir a sus intereses— dado que esto traerá también graves consecuencias para nuestra democracia.
Ana Lorena Delgadillo Pérez
Directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Eduardo Rojas Valdez
Abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.