Recientemente se llevó a cabo la cumbre de América del Norte, donde México recibió a los mandatarios de Estados Unidos y Canadá. En dicho evento, se realizaron acuerdos trilaterales para el desarrollo de la región. Los acuerdos a los que se sumieron las discusiones y luego se materializaron en compromisos, giraron en torno a seis puntos: 1) cambio climático y medio ambiente, 2) competitividad, 3) seguridad regional, 4) salud, 5) migración y desarrollo, y 6) diversidad, equidad e inclusión.
Sin embargo, más allá de las intenciones que podría tener la firma de estos acuerdos en cuanto a la formulación de políticas migratorias en los tres países, es interesante cuestionarse sobre las formas en las que se brindará la atención a las personas migrantes, especialmente quienes lo hacen de forma no regular o de aquellas que solicitan protección internacional.
Uno de los acuerdos firmados en la cumbre tiene como objetivo la creación de un “Centro de Atención al Solicitante” de refugio de los Estados Unidos, el cual, dicen, estará en algún lugar —no definido aún— en la frontera sur de México. Por un lado, este centro representa la extensión del borde fronterizo de Estados Unidos con México y perpetúa la idea de que la república mexicana es un muro más para miles de migrantes que desean llegar a EE. UU, recreando al país como un contenedor de cuerpos expulsados y castigados, reforzado desde el programa estadunidense “Quédate en México” y la institución-extensión del “Título 42”.
Contar con dicho centro en la frontera sur de México trae consigo problemas, especialmente para el territorio que lo albergará y también para la población migrante. Un espacio de este tipo, en una región que ha demostrado que no se da abasto para la atención de la población migrante, con una historia de pobreza, olvido y rezago parece ser más una estrategia de contención que una oportunidad para facilitar los procesos migratorios; tal vez sea un proceso que beneficie a Estados Unidos, pero que sinceramente no coadyuvará en las condiciones de migración segura, ordenada y sobre todo humana en México. Puesto que, en la Declaración de Norteamérica, han acordado que:
Las personas que crucen irregularmente la frontera de Panamá, México o Estados Unidos después de la fecha de este anuncio no podrán acogerse al proceso probatorio [de Estados Unidos] y serán expulsadas a México, que aceptará el retorno de 30 000 personas al mes de estos cuatro países que no utilicen estas nuevas vías.
Aceptar el retorno de ese número de personas expulsadas de Estados Unidos es una postura humanitaria que colabora en la ubicación y protección de las personas que son expulsadas de América del Norte. Sin embargo, la expulsión en sí ya representa una forma de ejercicio de poder sobre las personas migrantes “irregulares”, una forma de aplicar en ellos políticas que colocan a los cuerpos como indeseados y, por supuesto, una violación al derecho humano de la no-devoluación.
El proceso de “devolución” representa un trauma que descoloca a la persona víctima al situarla en una nación muchas veces nueva y que, sobre todo, puede representar un espacio de inseguridad en aspectos como la estabilidad laboral, de vivienda, alimentaria y de salud. A ello se suma que suele ser un lugar que no permite la protección de la integridad de las personas, como aquellas pertenecientes a la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans y quienes se asumen en la diversidad sexo-genérica (LGBT+).
En dichos acuerdos parece interesante el enlace que hacen los puntos de migración y el de diversidad e inclusión, sobre todo a la luz de los constantes cambios que los flujos migratorios han tenido en los últimos cinco años, donde la presencia de mujeres y personas que se identifican como LGBT+ ha cobrado mayor presencia en el grueso de la población migrante. Esto permite pensar en que parte de los motivos del desplazamiento forzado se debe a situaciones relacionadas con la exclusión y la violencia por razones de sexo-género,1 el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, los discursos y acciones de odio hacia las personas LGBT+, tanto en los países de origen, como países de acogida (México en este caso).
Aunque en la actualidad se están generando una serie de políticas públicas para la protección de los migrantes a nivel internacional, hace falta la mirada específica sobre personas LGBT+ que migran de sus países de origen. En México, desde el año 2017 se ha tornado más visible la migración de estas personas, todo esto debido a que se han suscitado migraciones colectivas desde Centroamérica con el objetivo de transitar por el país para llegar a los EE. UU., como las caravanas trans-migrantes.
Esto ha implicado que varios sectores de la sociedad civil, que velan por los derechos de este grupo, se pronuncien para solicitar la ayuda del Estado con la creación de políticas públicas para la atención y salvaguarda precisa de estas personas. Por ello es necesario que se consideren los procesos de inclusión en contextos transfronterizos, pues estas regiones de tránsito están en constante reformulación.
En México no existen protocolos de atención definidos para personas migrantes LGBT+, las instituciones mexicanas como el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) no cuentan con protocolos de atención propios. En algunos casos se guían por las recomendaciones emitidas por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR), la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y algunas organizaciones civiles.
Aunque en ocasiones estas recomendaciones son consultadas por las instituciones para llevar a cabo cursos y capacitaciones para su personal, solamente existen desde el discurso, pues a partir de distintas narrativas y denuncias de personas migrantes LGBT+ en México puede constatarse que no existe un trato humano y respetuoso de la identidad sexo-genérica que las personas han decido encarnar.2 Entonces, el personal de atención en las estaciones, garitas y oficinas migratorias y de la Comar no está capacitado para brindar servicio respetuoso de la identidad a las personas migrantes LGBT+.
Ello incrementa los procesos de exclusión y actitudes de discriminación, tanto desde el “perfilamiento racial”, la introspección corporal, hasta el no reconocimiento de la identidad encarnada, se convierten en biopolíticas de Estado que permean en el libre goce de los derechos humanos. Resultará interesante ver cómo estos países abordarán a través de los planes o proyectos migratorios las características especiales de esta población. Sobre todo en un país como México, que por un lado se encuentra en tránsito sociocultural para abrirse al cuestionamiento de ideas machistas y heterosexistas históricamente encarnadas en la población y sus instituciones y, por el otro, logra la inserción de la población migrante y retornada en el país.
Es necesario que los manuales de atención al usuario y a los tramites de los distintos organismos en materia de migración en el país hablen sobre las problemáticas que enfrentan personas no cis-heterosexuales; es decir, que visibilicen la diferencia que existe en la decisión de comenzar un tránsito migratorio, ya que el desplazamiento forzado de estas personas son respuesta a la imposibilidad de una plena realización de sus identidades sexo-génericas.
En este sentido, conviene que se institucionalicen cursos y capacitaciones en esta temática, donde se sensibilice a los funcionarios y las funcionarias que lleguen a trabajar con personas migrantes de la diversidad sexual para humanizar el trato y reducir la exclusión y discriminación de la que pueden llegar a hacer víctima. También es de vital importancia que se reconozca dentro de las estructuras de las instituciones la vulnerabilidad de estos migrantes para posibilitar el tránsito hacia la (re)construcción de una identidad civil, social y cultural. También, es imprescindible el establecimiento de un código de conducta, ética y comportamiento para el personal que atiende a personas en situación de migración o refugio, el cual indique las formas de conducirse y, sobre todo, considere amonestaciones en caso de no cumplir.
Por otro lado, es necesaria la caracterización de las rutas de desplazamiento, conocer cuáles son la frecuencia con la que se transitan, el índice de violencia contextualizada en esos espacios y cuáles son los agentes claves en la atención de estas personas en su paso por el país. De esto resulta una atención más focalizada y cercana, lo que implica que estas zonas o rutas de desplazamiento estén en constante resguardo por el personal de migración y seguridad pública. Ello implica la creación de estadísticas de conocimiento sobre el índice de personas LGBT+ migrantes, ya que no se cuenta con un número preciso, lo que permite pensar que este sector migrante ha sido invisibilizado.
Será interesante observar cómo los países desarrollarán en la práctica cada uno de los acuerdos que tomaron. Sobre todo es necesario vigilar los procesos migratorios que se sucitarán en un futuro inmediato, puesto que parece ser que se han recrudecido los contextos de precariedad que producen la migración forzada, no solamente en los países del Triángulo Norte de Centroamérica sino también en las rutas emergentes provenientes de lugares como Rusia, Venezuela, Haití, Jamaica y ciertos países de África.
La intensificación de flujos migratorios de personas LGBT+ que ven en Estados Unidos como un territorio abierto al disfrute del derecho de vivir la identidad sexo-génerica que desean, permite ver que en en muchos países del mundo aún no se cuentan con medidas y politicas que posibiliten una vida digna a las personas, sobre todo aquellas con otras nacionalidades cuyas vidas corren riesgos importantes, y que la migración de forma “irregular” tiene menos costos y riesgos que quedarse en sus territorios de origen. México tendrá que crear un gran aparato que soporte los nuevos flujos migratorios y las devoluciones que Estados Unidos realice. Pero sobre todo, tendrá que fortalecer sus instituciones, de manera especial el INM y la Comar, sensibilizando a su personal con las historias de vida de las personas no cis-heterosexuales migrantes.
Ernesto Zarco Ortiz
Investigador posdoctoral Conacyt en El Colegio de la Frontera Norte
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Zarco, O. E. A., y Chacón, R. K. J. “Dispositivos de seguridad y sexualidad en la frontera sur de México: biopolíticas en mujeres transgénero centroamericanas”, Tabula Rasa, 33, 2020, pp. 137-163.
2 Zarco, O.E.A. “Mampitos de la 12. Análisis socio espacial de las corporalidades migrantes no heterosexuales en Tapachula, Chiapas”, Castillo, R.G. (Ed). Migraciones centroamericanas en México Procesos socioespaciales y dinámicas de exclusión, 2023 pp. 127-142; Pérez, R. N. R. “Sociabilidades y migración de las travestis/trans sudamericanas en el AMBA: solidaridades, tensiones y conflictos”, Cuadernos Intercambio; 19 (2), 2022; Winton, A. “Queer mobilities and the work of messy survival”, Ethnic and Racial Studies, 1-(21), 2022; Valenzuela, V.F.J., y Anguiano, T. M-E. “Nos une el dolor. Vulnerabilidad y resiliencia de personas migrantes centroamericanas trans y gays en tránsito por México”, Estudios Fronterizos, 23 (107), 2022.