En diciembre de 2022 se cumplieron dos años de operación de unos de los proyectos de asistencia humanitaria más grandes que han surgido en el país en la última década. Se trata de un albergue que tiene la particularidad de ser el primer centro diseñado y construido con apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Atención a Refugiados (ACNUR) para atender y acompañar de manera prioritaria a personas refugiadas o solicitantes del reconocimiento de esta condición que llegan a la ciudad de Tapachula, Chiapas. Opera con un modelo que busca establecer trabajo colaborativo con actores locales, nacionales e internacionales (públicos y privados) que tienen presencia en el sur de México y otras regiones del país y que convergen en la atención y prestación de servicios especializados a las poblaciones refugiadas.
El albergue cuenta con una capacidad instalada de 256 camas distribuidas en módulos para acoger a hombres, mujeres, familias, niñas, niños y adolescentes, personas de la comunidad LGBTTTIQ+. Ofrece servicios de alimentación, higiene, atención médica, asesorías jurídicas y psicológicas, una escuelita para niñas, niños y adolescentes mientras sus familiares trabajan o están realizando trámites migratorios o de protección internacional. Como parte de una estrategia de sostenibilidad y trabajo con la comunidad, han desarrollado un huerto con plantas medicinales y hortalizas (cilantro, espinaca guía, malanga, yuca, tomatillo, pepino, chile jalapeño, serrano y habanero, piña, plátano macho y guineo y calabaza) y una granja de 7500 m² para el pastoreo de gallina, cuya producción de alimentos se destinará al albergue y a una cooperativa local. Con dicho proyecto se ha beneficiado a 115 personas refugiadas que reciben becas económicas por su colaboración en el huerto, mientras están a la espera de la resolución de sus trámites o en el proceso de desarrollo de su plan de vida.
La organización cuenta además con un equipo de futbol 7 (Internacionales HyS), conformado por personas refugiadas que son y han sido beneficiarias del albergue y que compiten con otros equipos locales en un torneo de la ciudad como parte de una estrategia de convivencia pacífica.
Tan sólo en 2022 ofrecieron servicios a 1852 personas que duraron albergadas un promedio de 45 días. De esta población, 574 fueron niñas y niños en edades de los 0 a los 11 años, mientras que se recibieron a 165 adolescentes. De tal suerte que entre ambos grupos conformaron un grueso de 739 personas, cerca del 40 % de la población total atendida. Del total de la población adulta, el 5 % se identificaban como personas de la comunidad LGBT+, 39 % mujeres y 56 % hombres. Las nacionalidades de proveniencia fueron fundamentalmente de Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Haití y Cuba, aunque en menor cantidad, también acogieron a personas de países del continente americano como Colombia, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Chile, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago. De Asia provenientes de Afganistán, Irán, India, Pakistán, y de África provenientes de Somalia, Angola, Congo, Sudáfrica, Nigeria, República de Ghana.
Instalado en uno de los epicentros más complejos para las dinámicas de movilidad humana en el continente, este espacio operado por sociedad civil, además de una iniciativa necesaria e importante por la magnitud del proyecto y la labor que realiza, lleva en su nombre dos palabras que se han vuelto cruciales e igualmente necesarias para atender y acompañar los procesos de movilidad humana en años recientes: Hospitalidad y Solidaridad, ambas cruciales para resemantizar y resignificar las respuestas institucionales hacia las poblaciones migrantes y refugiadas que transitan o van a permanecer por algún periodo en nuestro país.
Para lograr tal cometido, conviene traer a colación cómo el año 2018 marcó un antes y un después en la conformación de flujos masivos en tránsito por el país, no sólo por la magnitud de estas dinámicas, sus perfiles, demandas, formas de organización o rutas, sino porque también a raíz de la presencia de ellas y ellos, se han evidenciado transiciones importantes en materia de implementación de la política migratoria y de protección para personas en movilidad en el país que han tenido impactos directos en la vida de cientos de miles de ellas.
Como ha sido ampliamente documentado, la llegada de la primera caravana desde Centroamérica se dio en el marco del cambio de administración gubernamental en el país, la cual, se supuso, traería grandes cambios en la gestión migratoria. Se afirmó que se pasaría del modelo de restricción y selectividad basado en el enfoque de seguridad nacional, a una política más humana. A partir de entonces, hemos pasado por una cantidad inusitada de acciones, programas, estrategias que más bien han consolidado el enfoque que se dijo se cambiaría. En estos cuatro años, hemos sido testigos de despliegues de agentes federales del Instituto Nacional de Migración en conjunto con la Guardia Nacional para resguardar la frontera norte y sur del país, operativos de contención, en los que, por cierto, se documentaron excesos en el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios, implementación de centros integradores en ciudades fronterizas del norte de México, campamentos en ciudades de la frontera sur, expedición de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias de manera generalizada y, en otros momentos para situaciones similares, Formas Migratorias Múltiples; adicionalmente se ha forzado al sistema de protección internacional como única vía para permanecer en el país, y en paralelo se han dejado transitar caravanas apostando al desgaste y desesperación de las personas.
En todo este convulso escenario, desde 2018 han arribado, se han formado y disuelto más de una veintena de las denominadas caravanas migrantes; los flujos migratorios han permanecido constantes y las respuestas institucionales han sido no sólo insuficientes, sino que, además, cargadas de un alto componente restrictivo que busca resolver lo inmediato y no lo esencial de las problemáticas asociadas a los procesos de movilidad humana. En poco más de cuatro años de administración gubernamental se han llevado a cabo más de 960 000 eventos de presentación1 de personas migrantes ante la autoridad migratoria. Con alrededor de 444 000 eventos de devolución2 a los países de origen de estas poblaciones. Asimismo el gobierno mexicano ha entregado en el mismo periodo poco más de 276 000 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias3 y aproximadamente 231 000 oficios de salida.4 Por su parte, en cuatro años la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió poco más de 350 000 solicitantes de la condición de refugiado de más de una centena de países.
A este escenario han contribuido sin duda las disposiciones del gobierno norteamericano, que de igual manera ha propiciado condiciones de riesgo y vulnerabilidad para las personas migrantes y refugiadas, a través de medidas como el protocolo de protección a migrantes —también conocido como programa Quédate en México— implementado en 2019, el título 42 dispuesto con la pandemia en el año 2020, la extensión de dicha medida para poblaciones venezolanas en octubre de 2022 y a inicios de 2023 para personas de Haití, Cuba y Nicaragua.
Por otra parte, la pobreza, la violencia, la pandemia y las catástrofes ambientales en la región del norte de Centroamérica, el Caribe y algunos países de Sudamérica han seguido propiciando un escenario en el que la movilidad humana ha tenido un papel muy importante con sus respectivas expresiones (de forma individual, colectiva o masiva las como caravanas). En este escenario, México ha quedado en medio de una situación que exige generar respuestas basadas en un enfoque pleno de derechos, protección humana y coordinación interinstitucional.
En ese sentido, miles de personas migrantes y refugiadas han quedado en una especie de limbo mientras permanecen en nuestro país. Imposibilitadas de regresar a sus países precisamente por las condiciones que motivaron su desplazamiento y con posibilidades cada vez más remotas para poder ingresar a Estados Unidos, México se ha convertido de a poco en un destino necesario para las personas migrantes y refugiadas. Es precisamente esta necesidad y realidad la que ha hecho que organizaciones de sociedad civil, fundamentalmente albergues distribuidos a lo largo del territorio nacional, pongan de manifiesto que se puede hacer mucho con poco y que existen otras alternativas posibles. A través de muchos de estos proyectos e iniciativas, las personas no sólo reciben un lugar digno y seguro para pasar los días, sino sobre todo un lugar para concluir sus procedimientos migratorios o de reconocimiento de la condición de refugiado, asesorarse en materia legal, equilibrarse emocionalmente, tener calma para desarrollar su plan de vida y acceder a herramientas que le permitan poco a poco integrarse localmente. Con sus acciones, las organizaciones sociales están demostrando día a día que la hospitalidad y solidaridad es un camino que se puede recorrer y un itinerario posible para repensar las respuestas, públicas y privadas en favor de estas poblaciones en movimiento.
Entendemos la hospitalidad en el sentido de lo que el filósofo Jacques Derrida5 llamó hospitalidad incondicional, que es heterogénea e indisociable de la hospitalidad condicional:
[…] la que practican generalmente los individuos, las familias, las ciudades o los Estados. Se ofrece hospitalidad con la condición de que el otro observe nuestras reglas, nuestras normas de vida, incluso nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro sistema político, etc. Éstos son el sentido corriente y la práctica común de la hospitalidad, aquella que da lugar, bajo ciertas condiciones, a usos regulados, a leyes, a convenciones a escalas nacionales e internacionales.
Pero la hospitalidad incondicional, nos dice el mismo Derrida, “no consiste en una invitación (‘yo te invito, yo te acojo en mi casa [chez moi] con la condición de que tú te adaptes a las leyes y normas de mi territorio, según mi lengua, mi tradición, mi memoria’, etc.)”.6 Este tipo de hospitalidad, incondicional, está abierta de antemano a cualquiera que pueda no ser esperado, invitado y en consecuencia sea absolutamente extraño. Bajo esa lógica, ese concepto no puede tener estatus jurídico o político, los Estados no pueden inscribirlo en sus leyes; no obstante, por lo menos el pensamiento de esta forma de hospitalidad nos ayuda a, por ejemplo, determinar expresiones de hospitalidad condicional, elaboradas con sus respectivas convenciones y estatutos jurídicos o normativos. La hospitalidad incondicional se vuelve, por tanto, condición de lo jurídico y lo político que nos permite pensar en la alteridad de una manera radical, considerando a aquel o aquella que llega sin haber sido invitado. La hospitalidad así pensada nos expone necesariamente a la presencia de la y el otro, a experiencias de acogida y de convivencia que generarían nuevas narrativas de confianza, esenciales para configurar un orden globalizado de paz.7
Por su parte, entendemos la solidaridad como una categoría ética, un vínculo entre los seres humanos que posibilita el reconocimiento mutuo y asume la capacidad de agencia de cada uno, implicando a las personas en una responsabilidad y compromiso compartidos, no sólo en los beneficios, sino también en los costos de tal responsabilidad. Su punto de partida es lo universal de lo humano, o sea, su contexto significativo no es reductivo a un grupo humano por sus caracteres internos. Abarca la humanidad en amplitud y profundidad referida a toda persona por igual.
Desde nuestra perspectiva, la solidaridad es producto de la sociabilidad humana. Depende profundamente del contexto histórico y cultural en el que se desarrolla el grupo humano. Inicia cuando las personas se ven interpeladas por el sufrimiento del otro y es producto de la libertad con la que se cuenta para asumir tal compromiso.8 Llevada a la práctica es fuente de procesos de organización social, necesarios en donde no existen o fallan los mecanismos institucionales para la producción o el mantenimiento de la justicia, o cuando las instituciones públicas de impartición de justicia fallan, o las estructuras gubernamentales pierden su función pública, cuando la repartición de la riqueza es desigual y la población está en condiciones marginales de pobreza. La solidaridad apunta hacia la lucha por el reconocimiento y el establecimiento de los mínimos materiales necesarios para el desarrollo de la vida digna, incluyendo la satisfacción de las necesidades básicas, el ejercicio de las libertades y la relación con otros.
Por todo lo hasta aquí dicho, un supuesto fundamental de la hospitalidad y la solidaridad es el reconocimiento de la igual dignidad humana, la cual permite tomar en cuenta las asimetrías, o desigualdades de la vida humana, promoviendo la modificación de las condiciones que generan injusticia y por ello vulneran la dignidad humana. Son por tanto, acciones contrafácticas, en el sentido de que buscan ir en sentido contrario y en su defecto acabar con las desigualdades presentes en la sociedad.
Aparejada con la dignidad humana, está la empatía, entendida como capacidad de situarse en el lugar del otro y entender su circunstancia. No es sólo una afección estética ante el sufrimiento, sino un encuentro que conmueve y despierta la conciencia moral, posibilitando el reconocimiento de la interdependencia de la vida humana y de la obligación que se asienta en el respeto por el otro y por sí mismo.
Si bien el Estado, por su propia naturaleza, no es sujeto de solidaridad porque su razón de ser es facilitar la organización de la ciudadanía, las instituciones que lo conforman deben velar por el bien general de la población y disponer la vida social. Pero irremediablemente puede ser un agente promotor tanto de la solidaridad como de la hospitalidad, con la necesaria cautela para evitar creer que la preocupación de un gobierno por las personas es un extra en la función pública, cuando en realidad es un deber ineludible y la causa de su existencia.
Las expresiones de hospitalidad y solidaridad constituyen e impulsan formas de organización de las personas para tratar no sólo de resolver situaciones en donde está de por medio el sufrimiento humano, sino también de impactar la vida pública, la política y las instituciones, reestructurándolas y anteponiendo las necesidades de la población a cualquier otro criterio. Prueba de ello son las múltiples y cotidianas acciones que despliegan en sus espacios las organizaciones de atención y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas, mención especial para cientos de jóvenes que día a día se suman a la labor humanitaria prestando sus servicios mediante programas de voluntariado, quienes no sólo resuelven en lo inmediato una situación apremiante como pudiera ser la alimentación, escucha o educación, sino que además, con su servicio, van contracorriente de prácticas cada vez más comunes en sociedades como las nuestras, que apuestan al individualismo, a la indiferencia y la propagación de las desigualdades sociales.
De esta forma, proyectos como el de Hospitalidad y Solidaridad A. C, y los cientos de albergues distribuidos a lo largo y ancho del país, son espacios de aprendizaje que aportan visiones, enfoques y miradas para una gestión y atención a personas migrantes y refugiadas con una perspectiva que, mientras resuelve lo inmediato, desarrolla pistas para resolver lo esencial, poniendo en el centro a la vida y dignidad humana.
Rafael Alonso Hernández López
Profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociales y Coordinador del Doctorado en Estudios de Migración de El Colegio de la Frontera Norte
José Pablo Mora Gómez
Miembro del equipo directivo de Hospitalidad y Solidaridad A. C. Maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Se refiere a eventos de migrantes en situación migratoria irregular a los que se les inició un Procedimiento Administrativo Migratorio, según lo previsto en los arts. 99, 112 y 113 de la Ley de Migración y del art. 222 de su Reglamento. Estos eventos de presentación se llevan a cabo en las estancias y estaciones migratorias del INM que en sentido estricto son centros de detención para migrantes.
2 Ya sea que hayan sido deportados o tenido un retorno asistido.
3 Estancia que se autoriza según los siguientes supuestos: a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional, b) Ser niña, niño o adolescente migrante, c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. También se podrá autorizar a los extranjeros que no se ubiquen en los supuestos anteriores, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración.
4 Es la resolución que expide la autoridad migratoria del lugar destinado al tránsito internacional de personas, que autoriza a la persona extranjera en situación migratoria irregular a abandonar territorio nacional dentro del plazo otorgado. Está relacionado con eventos de migrantes extranjeros a quienes se les otorgó una opción de salida diferente a la deportación, retorno asistido o expulsión, según lo previsto en el artículo 111 de la Ley de Migración y 240 de su Reglamento.
5 Derrida, J. “Autoinmunidad: suicidios simbólicos y reales. Entrevista de Giovanna Borradori con Jacques Derrida el 22 de octubre de 2001 en New York”, en La filosofía en una época de terror. Diálogos con Jürgen Habermas y Jacques Derrida, Taurus, Buenos Aires, 2004, traducido del francés por J. Botero.
6 Ibid.
7 Herrero, M. “Políticas de la hospitalidad en el pensamiento de Jacques Derrida”, Revista de Estudios Políticos, 180, 2018, pp. 77-103.
8 Tischner, J. Ética de la Solidaridad, Encuentro, España, 1983.