Entre Colombia y Panamá se impactó con decenas de migrantes muertos en la selva; caminó entre los cuerpos que todavía yacían calientes, tras precipitarse por el esfuerzo de días enteros de camino. En Nicaragua se enfrentó a policías que lo dejaron sin ropa y con poco dinero; pero en México, vivió el terror.
Javier, de 31 años de edad, se da un descanso en una glorieta de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Ahí, mientras espera que el verde del semáforo brinque al rojo y pase la mano entre las y los automovilistas para obtener ingresos para irse a los Estados Unidos, recuerda su natal Anzoátegui, Venezuela.
Migrar, esta travesía en la que lleva cuatro años, “ha sido duro”; en este recorrido, en México tiene heridas insuperables: golpes, robos, traumas y la sensación de muerte al estar encerrado en dos ocasiones en estaciones migratorias operadas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
“Cuídate de México, cuídate de los de migración, que no te agarren”, Javier ya venía bajo la advertencia de sus connacionales que ahora están en Estados Unidos, pero también con el temor de pagar un coyote y que le sucediera algo similar a lo ocurrido en Chiapas el 9 de diciembre de 2021, cuando 57 migrantes murieron en un accidente de tránsito hacinados en un doble volteo que pretendía cruzar la República.
Cuando llegó a México en mayo de 2022 creyó que su objetivo estaba muy cerca, pero han sido once meses tormentosos; logró evadir a los agentes en el puente fronterizo de Suchiate, pero se los topó en el centro de Tapachula, en una redada, donde fue despojado de sus documentos. “Llegué con dos mil y algo (dólares) los llevaba en partes, mitá y mitá, no llevaba toda la plata junta, una metida entre las bolas y la otra normal en la mochila; se llevaron parte de la plata, mis documentos y me llevaron al encierro”.
Nunca había estado en una cárcel, Javier lo describe así, como una prisión, aunque técnicamente no lo es: sin agua, sin poder comunicarse, con alimentos racionados y en descomposición, amontonados en celdas y con la incertidumbre de ser deportado, de fragmentar tres años de trabajo, con el miedo de ser devuelto a Venezuela. “No sólo la violencia con la que te agarran y te someten; adentro hay furia, hay pleitos, todos quieren salir”. Al preguntarle si está enterado del incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un saldo de 39 muertos y 28 heridos, Javier responde: “¡Hermano, pude ser yo!”.
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Pablo Sánchez Olmos, de El Mundo, documentó que, de acuerdo con la prensa de Chihuahua, las protestas de los migrantes iniciaron porque “durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed. Las reclamaciones subieron de tono y, presuntamente, los cautivos migrantes decidieron prender fuego a las colchonetas”.
El jueves 30 de marzo, el INM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revelaron las identidades de los fallecidos: dieciocho de Guatemala, siete de El Salvador, siete de Venezuela, seis de Honduras y uno de Colombia. Todos hombres entre 18 y 51 años de edad.
Javier dice que está al pendiente de la información, no tiene miedo, pero está preocupado, porque en su último encierro la violencia subió de tono ante la falta de alimentos y los elementos estaban armados.
Ocurrió en Tapachula. Pero en esta ocasión lo subieron a una unidad del INM, donde viajó por varias horas. A él y al resto de los detenidos los dejaron en una estación en San Cristóbal de Las Casas, a 375 kilómetros —de hecho creyó que lo estaban deportando. Luego de dos noches, frías e intensas por los amotinamientos y las amenazas de control con armas, salió libre. Nunca le dijeron por qué lo liberaron ni dónde estaba.
En un informe que dio la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, el 30 de marzo en Palacio Nacional de México, reveló que 503 elementos de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S. A. de C. V., ofrecen sus servicios para el INM, pero no cuentan con permisos de portación de armas, realizaban tareas de seguridad intramuros, con escoltas o elementos armados y protección a funcionarios.
A pesar del evidente deslinde de parte del gobierno de México por medio de la funcionaria federal, esta declaración pone de manifiesto el quiebre de la misión del INM, cuyo decreto de creación textualmente dice: “Instrumentar la política en materia migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes nacionales y extranjeras con independencia de su situación migratoria durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional, reconociéndolos como sujetos de derecho, mediante la eficiencia y eficacia de los trámites y procedimientos migratorios, para contribuir a que la movilidad y migración internacional sea ordenada, segura y regular con base en el marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Para Irineo Mujica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, las estaciones migratorias que fungen como centros de detenciones fueron creadas como una forma política de contención criminal y genocida. “Los migrantes no son criminales y el comisionado —Francisco Garduño Yáñez— ha cometido crímenes de Estado, puesto que él es el verdadero culpable del ambiente que se ha callado en el Instituto Nacional de Migración, avalado por el presidente López Obrador. Necesitamos soluciones ya y un poco de humanidad”.
El Observatorio de Legislación y Política Migratoria fue contundente en su posicionamiento al catalogar a los lugares habilitados por el INM como lugares donde se les priva de su libertad. “Las autoridades continúan utilizando términos como ‘alojamiento’ o ‘albergue’ para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las ‘estancias’ migratorias, respectivamente, el INM categoriza los espacios con diferente nombre pero la finalidad de todos es la misma, privar de la libertad a las personas en situación de movilidad”.
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Javier sabe que dentro de los muertos hubo venezolanos y se lamentó. Tiene su objetivo muy presente: llegar a Estados Unidos para trabajar y enviar dinero a Anzoátegui, Venezuela, a su papá y su mamá, ambos de más de setenta años que cada vez, cada día, se ven imposibilitados de trabajar.
No quiere volver a su país, a ese que describe como un sitio no apto para el crecimiento económico porque no hay trabajo, donde la falta de luz es una constante. Sobre todo, dice que no quiere seguir migrando, no desea volver a caminar cuatro días por la selva panameña donde vio a hombres, mujeres y niñez muertos; no desea repetir el dormir en las calles de Costa Rica, ya no imagina vagar por Honduras sin plata, ni volver a pedir dinero en las calles, realizar trabajo sexual o ser encerrado en una “estancia” migratoria en México.
Samuel Revueltas Ortega
Periodista chiapaneco, especializado en la frontera sur de México
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.