La Ciudad de México se transformó en años recientes. Pasó de ser una ciudad santuario (incluso reconocida internacionalmente) a ser una ciudad cronopolítica: el espacio para dominar el tiempo en la gestión de la población en movilidad. Esta es una cuestión de control que no sólo ordena los espacios por donde transitan los migrantes, sino también los tiempos, la cadencia y celeridad de la movilidad.
Desde el 12 de octubre de 2022, el gobierno de Estados Unidos anunció un cambio en la política migratoria hacia los venezolanos, refiriéndose a la aplicación del Título 42. Dicha política ya se había utilizado previamente desde el 20 de marzo de 2020, en medio de la pandemia, y consistió en que, a través de un ordenamiento de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades pertenecientes a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos del gobierno estadunidense, se suspenderían los ingresos de cualquier persona sin documentos que intentara entrar a Estados Unidos a través de las fronteras terrestres. Esto se tradujo en que los migrantes de nacionalidad venezolana —y no exclusivamente ellos, sino también haitianos, nicaragüenses y cubanos— que intentaran ingresar a Estados Unidos serían expulsados de manera expedita y trasladados a México.
Como consecuencia, la CDMX se enfrentó a la llegada de un gran número de diversas poblaciones migrantes provenientes de la frontera sur y del norte del país. Con enfrentar me refiero a la ineficiente infraestructura con la que contaba la Ciudad para recibir y proteger a los migrantes que fueron trasladados por el Instituto Nacional de Migración (INM) desde ciudades del norte como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Matamoros y, por otro lado, el arribo de personas desde Tapachula que se encontraban en tránsito al momento del anuncio del gobierno de Joe Biden.
Esta situación me hizo reflexionar sobre cómo el sexenio pasado, encabezado por Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, la capital mexicana fue declarada una ciudad santuario el 6 de abril de 2017. Es decir, un sitio que buscaría proteger a quienes pertenecen a estos colectivos, a través de leyes y programas sociales, para no interactuar con las autoridades federales de migración.
Para ese periodo, la Constitución local de la CDMX establecía que la capital debía estar abierta a recibir personas migrantes; sin embargo, esta concepción de ciudad santuario sólo fue una medida sexenal durante el gobierno de Mancera. Muchos de los apoyos estaban dirigidos a migrantes de retorno, como mexicanos repatriados desde Estados Unidos y, en algunos casos, a migrantes de otras nacionalidades.
En la actualidad, el Artículo 20 se ha modificado y la Ciudad de México pasó de considerarse como ciudad santuario a ciudad global. El artículo estipula que el gobierno y autoridades locales deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o sea éste su destino.
Hoy, cinco años después, dejando atrás la definición de ciudad santuario, la CDMX se ha convertido en una ciudad de pausa obligatoria, una ciudad cronopolítica para los migrantes que se dirigen al norte y que se quedan varados en diferentes puntos de la capital. Los migrantes buscan que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM les proporcionen algún documento para poder seguir avanzando. Esta situación ha provocado grandes aglomeraciones y largas esperas alrededor de la Comar en el parque Giordano Bruno y los alrededores de la estación del Metro Revolución.
A principios de 2019, cuando inició el gobierno de Claudia Sheinbaum, la capital comenzó a recibir de manera espontánea y sin planificación a las llamadas caravanas migrantes. Durante 2018 se habilitó el primer albergue temporal en el estadio Jesús Martínez “Palillo” en la alcaldía Iztacalco. Posteriormente, en 2022, se habilitó un segundo albergue temporal, ahora en el Deportivo Francisco I. Madero-Utopía Olini, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, para atender a alrededor de 300 personas provenientes de Ucrania.
Por último, este año se instaló el albergue temporal del Bosque de Tláhuac mediante un trabajo conjunto entre Berenice Hernández, alcaldesa de Tláhuac, y el gobierno de la CDMX, debido que Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, impuso algunas restricciones a los migrantes que ocupaban el espacio mientras esperaban la resolución de sus trámites para transitar por el territorio mexicano. Considero que la intervención de las autoridades se debió más a la preocupación por la opinión pública que por la vulnerabilidad a la que están propensas las personas en espera.
La dinámica de que los albergues se encuentran siempre en las periferias de la CDMX, en espacios improvisados y alejados geográficamente de los lugares donde las personas en movilidad deben hacer sus trámites migratorios, es la razón por la que muchos de las personas en tránsito no quieren trasladarse a estos espacios, por miedo a perder tiempo para realizar su trámite.
De acuerdo con datos proporcionados por el INM se ha atendido a personas provenientes de Haití, Afganistán, Venezuela, Ecuador y del Congo, muchos de ellos siguen su trayecto al obtener la Forma Migratoria Múltiple (FMM) de visitantes por razones humanitarias. Este documento certifica que durante 45 días los migrantes pueden transitar por el territorio mexicano y les da esperanza de llegar al norte con menos dificultades.
La problemática anteriormente descrita me lleva a reflexionar sobre la relevancia del papel de los espacios como bolsones de desechabilidad que se convierten en áreas de injusticia espacial, en los que las poblaciones migrantes son forzadas a vivir en condiciones inhumanas y donde los traslados de un lugar a otro implican un costo monetario, un costo temporal de espera forzada y de tránsito con una aprobación tácita del gobierno.
Dicho de otro modo: la espera se convierte en una forma de poder que implica la capacidad de administrar y disponer del tiempo de las personas en movilidad. Entonces, ¿la Ciudad de México sigue siendo un santuario? El gobierno capitalino no presenta a la CDMX como una ciudad santuario, sino que la exhibe como una ciudad solidaria, hospitalaria y de asilo. No obstante, se han implementado prácticas, discursos y políticas migratorias que colocan a la CDMX como un nuevo epicentro de la espera forzada para las personas en movilidad por el territorio mexicano.
Todos los discursos apuntan, de una manera sutil, hacia el propósito de convertir los procesos administrativos en una bisagra que abra y cierre las puertas a las personas en movimiento en territorio mexicano. La reproducción del discurso jurídico se ha utilizado para condicionar a las personas en movilidad a la espera forzada; asimismo, se convirtió en una herramienta para la administración de la población migrante que se divide en movilidad por temporalidades, es decir, que controla sus tiempos de vida en el tránsito.
En este sentido, la espera se ha convertido en un dispositivo de cronopolítica para el control migratorio: ya no sólo se ordenan los espacios y la población, sino también los tiempos en que las personas que transitan por el territorio mexicano deben esperar o avanzar hacia el norte.
Lady Junek Vargas León
Estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS-UNAM)
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Cronopolítica entendida como el sentido de “dominar a los hombres pasa, entre otros menesteres, por dominar el tiempo, sea cual sea la noción que se tenga de este” (Martorell Campos, 2012, p. 274).