El 15 de noviembre, un juez federal dictó una sentencia para bloquear al gobierno norteamericano de continuar usando el Título 42 para expulsar a migrantes y solicitantes de asilo que se hicieran presentes en el territorio norteamericano. Esta sentencia señala que la ley de salud pública ha sido utilizada indebidamente y de manera arbitraria y caprichosa para bloquear a las personas que buscan protección internacional.

Que no se malentienda: el procesamiento ordenado de los refugiados ucranianos es una gran noticia, pues se está haciendo efectivo el derecho humano de la protección internacional. Sin embargo, se transparenta de manera muy clara lo selectivo —racial, económica y políticamente— de los procesos de gestión norteamericana de la migración y el asilo.

La visión diplomática binacional respecto al tema de la movilidad transfronteriza tiene como último objetivo desalentar la migración hacia el norte. Esta es, precisamente, la visión en la que concuerdan los gobiernos de Biden y AMLO.

Con el pretexto de la emergencia global por covid-19, la administración Trump puso en operación el título 42 para expulsar expeditamente a personas no deseadas en Estados Unidos. Las expulsiones llevadas a cabo bajo el Título 42 no tienen nada que ver con las disposiciones legales migratorias, sino con regulaciones en torno a la salud pública.