Migrar no es un delito, sino un derecho. Es necesario y apremiante cuestionar y criticar la criminalización de los migrantes. En este tenor, urge cambiar el eje de la política migratoria mexicana, y poner en el centro la dignidad humana y el respeto a los derechos de los migrantes.

El 12 de octubre de 2022 el gobierno de Estados Unidos anunció un cambio en la política migratoria y estableció un nuevo programa inmigratorio para venezolanos que quisieran ingresar a su país. Las especificaciones del nuevo programa ocasionaron que miles de migrantes venezolanos en tránsito quedaran varados en México.

El 15 de noviembre, un juez federal dictó una sentencia para bloquear al gobierno norteamericano de continuar usando el Título 42 para expulsar a migrantes y solicitantes de asilo que se hicieran presentes en el territorio norteamericano. Esta sentencia señala que la ley de salud pública ha sido utilizada indebidamente y de manera arbitraria y caprichosa para bloquear a las personas que buscan protección internacional.

El hecho de que la gran mayoría de los agentes estatales que revisan, detienen y trasladan a las personas migrantes en situación irregular pertenezcan al Ejército y a la Guardia Nacional, y que además estas mismas autoridades controlen la mayoría de las oficinas del INM, revela el grado de la militarización de la gestión migratoria en México.