Aunque en los últimos años ha habido avances normativos importantes, persiste la lógica de la exclusión de personas migrantes. Es urgente construir una política nacional coherente, eficaz y coordinada para integrar socialmente a quienes migran a México.

A pesar del hermetismo en el acceso a la información del gobierno guatemalteco, para mediados de abril se calculaba que las personas deportadas constituían el 17 % de los casos confirmados en este país.

Las caravanas migrantes representan el cruce más disruptivo de una frontera y son, paradójicamente, la manera más efectiva para que sus integrantes accedan a una protección humanitaria que, de haber migrado de forma individual, dispersa e invisible, no hubieran conseguido. Las personas migrantes no pueden ingresar a México de manera legal porque, aunque lo diga la ley, aparentemente en la práctica no pueden.

La ley interna en materia de migración y asilo en México reconoce los derechos humanos de los extranjeros sin importar su condición migratoria. Pero, por otro lado, la misma normativa le atribuye al INM acciones de control migratorio para ejercer actuaciones discrecionales en cuestiones de revisión, inspección y verificación migratoria con el fin de comprobar la condición migratoria de los extranjeros.