Decenas de mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes y adolescentes inmigrantes afrodescendientes deambulando por las calles de esta capital sureña, visibles por la marca de sus pieles, cambiando el paisaje de Tuxtla Gutiérrez, pero invisibles políticamente día con día, forman parte de un paisaje de vulnerabilidad, en un país, en una entidad que facilita la violación de sus derechos humanos y libertades.

La migración de la población indígena hacia el área metropolitana de Monterrey no es un fenómeno nuevo. Así, por lo menos desde hace cuatro décadas, se ha podido identificar a la región huasteca como expulsora de fuerza de trabajo.

Aunque en la actualidad se están generando una serie de políticas públicas para la protección de los migrantes a nivel internacional, hace falta la mirada específica sobre personas LGBT+ que migran de sus países de origen.

La cifra de migrantes cubanos que han arribado a la frontera entre México y los Estados Unidos constituye un récord histórico en materia migratoria y es el mayor éxodo vivido en el país sobrepasando los montos registrados en crisis anteriores como el Maleconazo o la crisis del Mariel. Sin embargo el gobierno cubano elude su responsabilidad.