El papel de las mujeres en la migración mexicana muchas veces pasa desapercibido. De manera paulatina pero constante, este papel ha cobrado relevancia tanto en la presencia de estas mujeres en el país de destino como en el estudio de las razones de su éxodo. En 2006 en Estados Unidos, por ejemplo, por cada 127 hombres migrantes mexicanos había cien mujeres, pero los procesos de deportación, retorno y emigración desde México provocaron que en 2019 esta brecha entre sexos disminuyera a 104 hombres por cada cien mujeres.

Las causas y el evento del desplazamiento forzado interno violentan prácticamente todos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes: el derecho a la protección de la salud y a la educación; a la seguridad jurídica y al debido proceso; a vivir en condiciones de bienestar y al sano desarrollo integral; el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

La población que llega a México y se queda a radicar en el país incrementó de 0.5 % a 1.0 % en los últimos veinte años en un país de 126 millones de personas; por lo tanto, las voces que llaman a la alerta por la “llegada masiva de personas de otros países” en realidad no tienen fundamento.

Como parte de la comunidad internacional que protege los derechos humanos, México ha cumplido en la creación de instrumentos jurídicos que velen por dichos derechos. Sin embargo, en la práctica el respeto de los derechos humanos no ha pasado de las normas a la realidad.

Sigamos visibilizando las contradicciones implícitas en “la armonización” de la Ley de Migración, así como las formas de exclusión provocadas entre la niñez migrante. Sólo así lograremos superar una forma de gobernanza migratoria ejecutada a partir de una lógica de contención y cruel securitización.