En 2019, la administración de Trump dio inicio al programa Migrant Protection Protocols (MPP), bajo el cual los solicitantes de asilo a Estados Unidos son retornados a las ciudades fronterizas de México para esperar la resolución de sus casos. Desde entonces, la experiencia de espera dio un giro para los buscadores de asilo, pues no solamente implica la condición de estar en un limbo existencial (Haas, 2017), en el cual se vive la ausencia de control sobre la situación y condición que atraviesan —en referencia al curso de sus solicitudes de asilo— sino que este proceso es ahora vivido en condiciones de mayor precariedad.
La espera en la frontera mexicana, además de hacer más difícil el acceso a servicios básicos como vivienda, alimentación y de atención a la salud para la población migrante, reafirma la idea de no haber culminado el proyecto migratorio a pesar de estar a unos kilómetros del territorio estadounidense y por tanto el estado de incertidumbre se agudiza; pero todavía más acuciante, es el reconocimiento de que esta espera se da en un contexto de violencia que impone un riesgo particular para las personas migrantes, especialmente para los que vienen huyendo de la violencia desde sus lugares de origen.
Ilustración: Estelí Meza
Si bien diversas organizaciones de la sociedad civil han asumido y mostrado un compromiso social invaluable, facilitando el acceso a servicios para los migrantes, que van desde la vivienda dentro de albergues, alimentación, servicios de salud básicos, apoyo en el acceso a la educación, empleo, atención psicológica, la consolidación de comunidades de apoyo y asesoría legal, entre otros (Bojórquez, Odgers y Olivas, 2020); también han enfrentado diversas limitaciones por falta de recursos tanto materiales como humanos para lograr los proyectos que se proponen. Mientras que factores como la violencia, escapan del alcance de estas organizaciones civiles, complicando aún más la certeza de proveer espacios y contextos seguros para los buscadores de asilo en la frontera mexicana.
Ante estas circunstancias, la experiencia de la espera, no se reduce a la condición de estar en un atrapamiento social (Crapanzano, 1985), que limita la forma en que las personas se visualizan a sí mismas, sus mundos sociales y sus futuros —ante el estado liminal en el que se encuentran frente a la ambivalencia de obtener el asilo o ser deportado— si no que se suman a ello las dificultades propias de la vida en la frontera, marcadas por desigualdades estructurales, económicas y sociales. Estas inequidades estructurales afectan de manera particular a la población migrante, especialmente a quienes carecen de documentos que regularicen su estancia, aunque quienes cuentan con una documentación, como son los buscadores de asilo bajo el programa MPP, en muchos casos no es suficiente para insertarse económicamente y acceder al sistema de salud, por ejemplo. Lo que lleva a muchos de ellos a vivir en albergues, consolidando estos espacios como lugares de espera, donde encuentran con mayor facilidad el acceso a diversos servicios.
Este cúmulo de dificultades referidas anteriormente, afectan la condición existencial ante la espera, tornándose en muchos de los casos en desesperanza y un sentimiento de inutilidad (Haas, 2017). Aún así, no podemos dejar de reconocer la capacidad de agencia que la población migrante logra ejercer ante algunas circunstancias, consolidando en algunos casos comunidades de apoyo y enfrentando con resiliencia la adversidad. Estas formas de enfrentamiento se vuelven estrategias de sobrevivencia a un sistema de políticas migratorias que afectan su forma de situarse estructural y ontológicamente en el mundo.
A pesar de encontrarse en un estado de estancamiento que les es impuesto, algunos de ellos cultivan la esperanza de obtener el asilo y eventualmente lograr el escalamiento ascendente en diferentes ámbitos de su vida, en comparación con la experiencia en sus lugares de origen. Esta forma de vivirse en la espera, aun con todas las adversidades que enfrentan, los impulsa a mantenerse involucrados en actividades que les sean posibles, ya sean económicas, sociales, culturales, educativas e incluso políticas. Lo cual incide en su noción del tiempo durante la espera. Si bien el proceso de solicitud de asilo suele ser prolongado y extenderse por años de manera indeterminada, una vez iniciado, paulatinamente se informan las fechas de corte conforme transcurre el proceso, lo cual da una noción de continuidad o movilidad en el trámite.
Sin embargo, a partir de marzo de 2020 los solicitantes de asilo bajo el programa MPP enfrentan una contingencia sanitaria que irrumpe esa experiencia de la espera. La pandemia por COVID-19 impuso a nivel global una restricción en la movilidad y se estableció el distanciamiento social como medida de prevención de la propagación del virus, lo que ha implicado a su vez el confinamiento durante las fases de mayor transmisión. Al mismo tiempo, esta condición global fue motivo suficiente para que diversos países impusieran limitaciones en la movilidad internacional, aspecto que incidió directamente en la situación de los solicitantes de asilo a Estados Unidos que esperan en México.
Desde el 21 marzo de 2020 se restringió el cruce fronterizo de México a Estados Unidos para actividades no esenciales, permitiendo solamente el cruce a ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, así como personas que cruzan por razones médicas, educativas y laborales (específicas, como el trabajo agrícola), entre otras actividades consideradas esenciales. Junto a estas restricciones, a finales de marzo se suspendieron las audiencias para los solicitantes de asilo que esperan en México. Hasta ahora, la fecha del levantamiento de las restricciones de movilidad en la frontera entre México y Estados Unidos se ha aplazado en tres ocasiones, quedando como el último acuerdo extenderlas hasta el 21 de julio.1 Ante estas condiciones, una parte de la población migrante del lado mexicanos se mantiene en albergues en situación de confinamiento, espacios que también restringieron la movilidad de los migrantes al exterior.
Es bajo estas circunstancias que se origina una forma distinta de espera, que se traslapa con la del proceso de solicitud de asilo. En ésta última, se espera por la resolución de sus casos; mientras que, ante la contingencia, se espera a que pase la crisis sanitaria, esta experiencia es distinta y tiene más un sentido pasivo. Ante el confinamiento voluntario, pero al mismo tiempo obligado por la seguridad de sí mismos y de las demás personas que residen en los albergues, se viven sujetos a las condiciones, lo cual exige un enfrentamiento para soportar o sobrellevar la crisis, que implica una forma de auto control y auto restricción (Hage, 2009), tales como la voluntad por mantenerse en confinamiento y apegarse a las medidas de prevención sanitarias, lo cual a su vez agudiza la inmovilidad del sujeto, pues su espacio de acción se ve aún más restringido tanto física como socialmente.
En el caso de los buscadores de asilo que ya se encontraban atrapados en la movilidad (Odgers y Olivas, 2019) en la región fronteriza, la situación de confinamiento ante la contingencia puede analizarse como un atrapamiento dentro del atrapamiento (Bojórquez et al., 2020), pero desde una perspectiva centrada en la espera, se analiza como un traslape de experiencias que se afectan mutuamente. No solamente precarizando aún más la condición de las personas como solicitantes de asilo a EE. UU., bajo el programa MPP y frente una condición de contingencia sanitaria. Sino agudizando la experiencia de limbo existencial que se atraviesa durante la experiencia de la espera, ante la incertidumbre de no tener la certeza de cuándo podrán continuar sus procesos y de si lograrán superar la crisis sanitaria para retomar sus casos.
Ante la problemática planteada, no se puede eludir el reconocimiento de que los procesos que atraviesan los solicitantes de asilo a EE. UU. podrían tejerse bajo políticas migratorias humanizadas, que contribuyan al bienestar de una población que ha sido vulnerada por las desigualdades estructurales y sociales que viven desde sus lugares de origen y en todo el tránsito migratorio. Ni el creciente número de solicitantes de asilo, ni la pandemia por COVID-19, justifican la implementación y mantenimiento del programa MPP, el endurecimiento de las políticas migratorias y la suspensión de las audiencias para los buscadores de asilo. Es fundamental reconocer las consecuencias de las determinaciones políticas que continúan socavando la condición de vida y las formas de estar en el mundo de los grupos más vulnerables.
Olga Lidia Olivas Hernández
Investigadora Cátedra Conacyt
Departamento de Estudios Sociales
El Colegio de la Frontera Norte
Referencias
Bojórquez Ietza, Odgers Olga y Olivas Olga. Atención psicosocial a migrantes ante el COVID-19 en albergues de la sociedad civil en Tijuana. Documento de contingencia 6. Poblaciones vulnerables ante el COVID-19. El Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, México.
Crapanzano, Vicent. 1985. Waiting: The whites of South Africa. New York: Random House.
Hage, Ghassan. 2009. Waiting out of crisis: On stuckedness and governmentality. En Waitting, editado por Ghassan Hage, 97-106. Melbourne: Melbourne University Press.
Haas, Bridget M. 2017. Citizens-in-waiting, deportees-in-waiting: Power, temporality, and suffering in the U.S. asylum system. ETHOS. 45(1): 75-97. doi: 10.1111/etho.12150
Odgers, Olga., y Olivas, Olga. (2019). “Les ‘caravanes de migrants’: Figées dans la mobilité”. La Lettre de l’IHEAL-CREDA (27).
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Alexandra Mendoza, “México y Estados Unidos extienden restricciones de viaje en la frontera hasta el 21 de julio”, The San Diego Union-Tribune, junio 16, 2020.