Los datos disponibles muestran que el COVID-19 no es una amenaza grave para la salud de niños, niñas y adolescentes debido a que una cifra relativamente reducida de esta población ha contraído esta enfermedad, a la par de que los casos graves, las complicaciones y las muertes infantiles por COVID-19 son relativamente pocos. Así pues, la niñez padece efectos directos por el COVID-19 menos severos en comparación con las personas adultas y de la tercera edad. Sin embargo, los efectos indirectos del virus son potencialmente catastróficos para esta población y ponen en riesgo su vida, salud y futuro. A causa de la pandemia, la niñez está padeciendo mayor inseguridad alimentaria; mayor riesgo de violencia, negligencia, abuso y explotación; interrupción o colapso de los servicios esenciales de salud y educación; e impactos socioeconómicos adversos que afectan directamente su bienestar —como el trabajo infantil— y derivan de la pérdida de empleos e ingresos y las restricciones de viaje y tránsito.
En el caso de los niños, las niñas y los adolescentes que antes de la pandemia ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, el COVID-19 amenaza con traer aún más incertidumbre y daños a sus vidas. La niñez en contextos de movilidad se encuentra en este supuesto y es de las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad en el mundo. En 2019, alrededor de 33 millones de niños vivían fuera de su país de nacimiento. Esto incluye a unos 13 millones de niños refugiados, alrededor de 1 millón de niños solicitantes de asilo y aproximadamente 17 millones de niños desplazados dentro de sus propios países. Se estima que 3.7 millones de niños viven en campamentos de refugiados o centros colectivos.
A nivel mundial, el 80 % de los niños desplazados vive en países de ingreso bajo y mediano bajo, donde los sistemas de salud se han visto desbordados y se espera la próxima oleada de COVID-19 (después de China, Europa y Estados Unidos). En estos entornos, los niños migrantes viven en zonas marginadas, campamentos superpoblados, asentamientos irregulares e insalubres, refugios improvisados o centros de recepción sin acceso adecuado a servicios de salud, agua limpia y saneamiento. Claramente, en este contexto, las medidas universales para combatir el COVID-19 –el distanciamiento social y lavarse las manos con agua y jabón– no son una opción. La situación de los niños migrantes en los países de ingresos altos no es mejor: su vida, libertad y seguridad están constantemente amenazadas no solo porque las autoridades no les proporcionan atención médica y refugio suficientes, sino porque han aumentado sus deportaciones sin respetar sus derechos, colocándolos en un alto riesgo dada la falta de protección en sus comunidades, agravada por la pandemia de COVID-19.
Ilustración: Estelí Meza
La ONU ha señalado que los impactos socioeconómicos del COVID-19 en los niños pueden agruparse en cuatro dimensiones: pobreza, supervivencia y salud, aprendizaje y seguridad. Para el caso de la niñez migrante pinta un panorama mucho más severo en estos aspectos:
a) Pobreza. El COVID-19 ha traído graves consecuencias económicas a nivel mundial, como el aumento en la pobreza extrema y el desempleo, las cuales ampliarán las grandes desigualdades económicas globales preexistentes y afectarán desproporcionadamente a los países en desarrollo y a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como las personas migrantes. Los niños migrantes –quienes a menudo viven en el seno de familias que son más vulnerables a la pérdida de empleo o las recesiones económicas– son de las poblaciones que mayores impactos tendrán en este aspecto y quedarán expuestos a la explotación, la trata de personas, y el trabajo forzado. Para los niños que se quedan con cuidadores (cuando uno o ambos padres han emigrado para trabajar), las remesas son a menudo una fuente crítica de ingresos y seguridad. Sin embargo, el Banco Mundial proyecta que por la pandemia las remesas disminuirán aproximadamente un 20 % en 2020, la mayor disminución en la historia reciente. Si esto sucede, el bienestar de las familias y los niños se verá amenazado, lo que puede llevar a que más niños abandonen la escuela, busquen trabajo, migren o sean objeto de matrimonio o trata.
b) Supervivencia y salud. Las agencias humanitarias han advertido de las consecuencias catastróficas del COVID-19 para la salud de las personas desplazadas en todo el mundo, especialmente para los niños: muchos viven en condiciones de hacinamiento, sin agua y mal alimentados; el acceso a los servicios de salud pública puede ser limitado y, en algunos casos, evitado deliberadamente, especialmente si están en condición irregular; y es complicado para la población migrante manejar períodos de autoaislamiento o cuarentena. En las zonas con grandes poblaciones desplazadas y retornadas, los sistemas de salud a menudo han sido destruidos. También hay preocupaciones psicológicas asociadas con el COVID-19: se han reportado casos de ansiedad, depresión y estrés. Los niños migrantes, además, enfrentan daños psicológicos preexistentes (violencias, abusos, separación de sus padres, etc.); marginación y estigma de las comunidades de acogida; menos material recreativo para compensar el aburrimiento causado por los cierres y cierres de escuelas; y acceso deficiente a apoyo psicosocial, ya de por si limitado para este grupo.
c) Educación. La pandemia ha afectado a estudiantes en todo el mundo y es probable que exacerbe las condiciones de vulnerabilidad de los estudiantes migrantes y desplazados. En muchos casos, estos niños en condiciones de marginación ya han perdido tiempo crítico en el aula y ahora están en riesgo de quedarse sin educación por completo. Por la pandemia el aprendizaje ha cambiado a ser de manera virtual, pero el acceso a los recursos en línea y a la electricidad está fuera del alcance de muchos estudiantes, especialmente de aquéllos que viven en lugares remotos, campamentos de refugiados o entornos informales. Antes del COVID-19, el acceso a la educación y al internet para los niños migrantes y refugiados ya era limitado. Ahora, dada la situación económica que se avecina, es más probable que más niños abandonen la escuela y empiecen a trabajar para compensar las tensiones económicas, lo cual posiblemente dificultará –aún más– su regreso a la escuela después de que la pandemia disminuya.
d) Protección y seguridad. La pérdida de ingresos, el confinamiento en lugares pequeños, el cierre de escuelas, la muerte de madres y padres, la reducción de remesas, la falta de trabajo en general y el aumento de las labores informales son amenazas directas a la seguridad y el bienestar de los niños migrantes y se traducen en violencia familiar y de género, trabajo infantil, embarazos y matrimonios infantiles, trata de personas y exclusión social. Además, se han emitido restricciones y regulaciones repentinas para contener la propagación del virus que menoscaban aún más la seguridad de los niños migrantes. Las agencias de la ONU han suspendido los procedimientos de reasentamiento, dejando a millones de refugiados con un camino incierto por delante. Y, debido al cierre de fronteras cerradas y a los viajes restringidos, los procesos migratorios y de asilo se han interrumpido, dejando a los migrantes varados, y poniendo a los niños y sus familias en riesgo de sufrir más daños y quedar separados por largos períodos. Por ejemplo, de los 167 países que han cerrado total o parcialmente sus fronteras para contener la propagación del COVID-19, 57 no han hecho ninguna excepción para el acceso de los solicitantes de asilo, violándose este derecho y poniendo en grave riesgo la seguridad y las vidas de las personas solicitantes de asilo.
De manera paralela, la información errónea sobre la propagación de COVID-19 ha exacerbado la xenofobia y la discriminación que enfrentan los niños migrantes y sus familias. Y, en aras de “evitar la propagación del COVID-19”, los Estados de destino y tránsito han aumentado las deportaciones exprés y silenciosas de niños migrantes que violan los derechos de solicitar asilo y de debido proceso. Con esto, se les regresa a los lugares y con las personas de quienes vienen huyendo (por ejemplo, las pandillas), lo cual pone en riesgo su vida doblemente: no solo por regresar al contexto de violencia y pobreza del cual huyeron inicialmente, sino por el estigma y discriminación del retorno y de ser posibles portadores del virus, aunado al inminente colapso de los servicios sanitarios de sus países de origen.
La pandemia del COVID-19 tendrá impactos humanitarios y socioeconómicos a largo plazo y de largo alcance para los niños migrantes. Muchos de estos efectos aún no se han visto. Sin embargo, lo cierto es que se necesitan políticas acertadas y acciones urgentes para defender los derechos de los niños en situación de movilidad, quienes se encuentran en mayor riesgo de ser violentados, precisamente por su edad y condición de movilidad. En este sentido, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas especiales y reforzadas de protección a favor de todos los niños bajo su jurisdicción, las cuales las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso en concreto. En el caso de los niños migrantes, son medidas especiales de protección de primer orden que no sean detenidos por su condición migratoria; que no sean devueltos y deportados a entornos donde corre peligro su vida; que se les de acceso al derecho de asilo y al debido proceso; y que se les proporcionen servicios sociales básicos en materia de salud y educación. La respuesta global, especialmente de los países desarrollados, debe incluir un enfoque sensible a los derechos de los niños y el principio del interés superior de la niñez.
Elisa Ortega Velázquez
Investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Doctora en derecho y maestra en derecho público por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Coordinadora del Diplomado en Migración y Derechos Humanos. Enfoques Multidisciplinarios y de la línea de investigación “Migración, derechos y movilidades” del IIJ UNAM.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
Me parece muy oportuno identificar los riesgos a los que se enfrentan los niños migrantes en tiempos del Covid – 19, sobre todo los referentes a la salud y las secuelas que aún no se observan, ya que esta demostrado que las personas que han contraído la enfermedad sufren daños irreparables en sus organos vitales, en especial en los pulmones y el cerebro.