En la frontera México-Estados Unidos, la crisis sanitaria provocada por el virus Sars-Cov-2 aceleró un proceso de cierre selectivo de los puertos de entrada. Más que modificar radicalmente la política de inmigración y de asilo, el gobierno de Donald Trump aprovechó la contingencia para culminar un proyecto anhelado y anunciado desde su campaña para la presidencia, que implica la extrema restricción de la entrada a trabajadores migratorios y solicitantes de asilo. Además, estableció la deportación expedita no sólo de mexicanos sino también de personas de terceros países hacia México.
El 20 de marzo 2020, el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) del gobierno de Estados Unidos emitió una orden basada en su Acta de Servicios de Salud Pública suspendiendo las entradas a ese país de personas mexicanas u originarias de otros países donde existan brotes de coronavirus. La orden tenía vigencia por un mes, pero ha sido renovada mensualmente hasta el 21 de octubre. Basado en ese documento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prohibió los viajes terrestres considerados “no esenciales” desde México y desde Canadá. Adicionalmente, instruyó a la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP), perteneciente a ese departamento, dejar de detener a migrantes o evitar el hacinamiento en sus centros de detención temporales situados en las cercanías de la frontera y devolverlos de inmediato al país por donde entraron (México o Canadá) (DHS, 20 de marzo 2020).
Ilustración: Víctor Solís
En respuesta, al día siguiente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó una nota en la que informaba: “se evalúa la internación regular de algunos ciudadanos provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala quienes son presentados a las autoridades migratorias de México, a fin de minimizar la aglomeración en estaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.” (SRE, 21 de marzo 2020) En los hechos, miles de personas mexicanas y de otras nacionalidades han sido expulsadas de manera expedita a México a lo largo de la pandemia sin que se les diera la oportunidad de solicitar asilo. De acuerdo con cifras del CBP, la agencia realizó más de 197 000 expulsiones de este tipo entre fines de marzo y el 30 de septiembre 2020 (CBP, 2020).
Algunas personas han sido expulsadas a media noche o de madrugada, por lugares donde no se encontraban siquiera agentes del Instituto Nacional de Migración, dejándolas desamparadas en ciudades con niveles muy altos de violencia (Excelsior, 4 de abril 2020). Otras han sido devueltas por lugares asolados, sin acceso a servicios ni mucho menos a albergues para migrantes. En Baja California, por ejemplo, decenas de migrantes originarios de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Perú y Colombia, devueltos someramente a México después de ser aprehendidos por la Patrulla Fronteriza, establecieron un campamento improvisado en el pequeño poblado de Algodones, cerca de la frontera con Sonora (Arellano, 21 de julio 2020).
Así, por primera desde que el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acta sobre el Refugiado de 1980, se niega la entrada a la gran mayoría de las personas con necesidades de protección internacional que llegan a esta frontera. Esto, que puede considerarse como una cancelación del derecho al asilo, venía preparándose al menos desde 2017 con una serie de políticas y de órdenes ejecutivas del gobierno de Donald Trump. Dos de estas políticas han resultado cruciales para bloquear a solicitantes de asilo de diversos lugares del mundo en el norte de México: las listas de espera o metering (regulación de las entradas), y el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), conocido como “Quédate en México” (Remain in Mexico).
El metering es una política que no tiene ningún respaldo legal en México ni en Estados Unidos, por la cual se obliga a los solicitantes de asilo a apuntarse en largas listas de espera del lado mexicano y a permanecer ahí durante semanas o meses hasta que “toca su número de lista” (ver artículo de Miranda y Silva en este blog). Reciben un número y tienen que esperar hasta que las autoridades mexicanas anuncian su número y les toca el turno de cruzar la frontera para pedir asilo en Estados Unidos (París y Díaz, 2020).
A lo largo de la última semana de marzo se cerraron la mayoría de las listas de espera que llevaban más de tres años regulando la entrada de solicitantes de asilo por las garitas y los oficiales de inmigración de Estados Unidos dejaron de abrir la puerta en las mañanas para recibir a determinado número de solicitantes (Strauss Center y Center for U. S.-Mexican Studies, Mayo 2020). A partir de ese momento, la enorme mayoría de los solicitantes de asilo —incluidos mexicanos desplazados por la violencia— han quedado bloqueados en las ciudades del norte de México, en una espera que lleva más de siete meses.
Por otro lado, decenas de miles de solicitantes de asilo devueltos a México por el programa denominado eufemísticamente Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) se quedaron también bloqueados en México. Este programa, conocido como “Quédate en México” (Remain in Mexico), consiste en la devolución a este país de nacionales de América Latina y el Caribe que solicitaron asilo en Estados Unidos y que ya pasaron un primer filtro en su solicitud (la entrevista de temores fundados o de temores razonables). Después de presentar esa entrevista, estas personas reciben su expediente en inglés con fecha de su cita en la corte y son devueltas a México. El día de su audiencia, deben presentarse en la garita y son conducidos a la corte por las autoridades migratorias estadunidenses.
El MPP se impulsó por primera vez al final de enero 2019, con el envío forzado a Tijuana de 12 personas de origen centroamericano. Entre ese momento y el 31 de agosto 2020, más de 66 000 personas fueron devueltas al norte México a esperar sus casos (Trac Immigration, 2020). Estas personas fueron enviadas a las ciudades de Tijuana y Mexicali (Baja California), Nogales (Sonora), Ciudad Juárez (Chihuahua), Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas). Una minoría encontró refugio en albergues y casas del migrante de la sociedad civil o en los denominados Centros de Integración para Migrantes (CIM) que el gobierno creó en Ciudad Juárez y en Tijuana. Los demás quedaron a la intemperie, rentaron cuartos o departamentos, o bien en campamentos improvisados como el de Matamoros, donde han llegado a instalarse más de 2000 personas.
El 23 de marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos emitió una declaración posponiendo todas las audiencias en las cortes de inmigración hasta el 22 de abril de 2020. La cancelación de las audiencias se pospuso más tarde al 1 de mayo de 2020 y ese plazo se siguió extendiendo mes con mes hasta la actualidad (octubre 2020). Los solicitantes de asilo con audiencias programadas recibieron instrucciones de comparecer en el puerto de entrada en la fecha de su cita para reprogramarla (Strauss Center for International Security and Law, junio 2020). Además de la total incertidumbre jurídica y vivencial, la obligación de acercarse regularmente a cambiar la cita pone en peligro de ser contagiadas por el virus Sars-Cov-2 no sólo a las personas implicadas sino también a las que cohabitan con ellas.
Este cierre de la frontera para solicitantes de asilo ha obligado a miles de familias a buscar condiciones de sobrevivencia en México donde la economía se ha encontrado prácticamente paralizada. A pesar de que el gobierno mexicano ha aceptado y colaborado con todas las políticas de contención de la movilidad, no ha facilitado condiciones mínimas para la estancia de personas y familias bloqueadas en México. Cabe señalar que, en 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retiró los pocos fondos que se destinaban a apoyar a algunos albergues y casas del migrante. Si bien los Centros Integradores para Migrantes han sido presentados como una respuesta para insertar laboralmente a las personas solicitantes de asilo y brindarles un espacio de alojamiento, estos centros han dado servicio sólo a unos cientos de personas y solamente en dos ciudades.
El imperativo “¡Quédate en casa!” continuamente difundido por las autoridades mexicanas, presupone para cada persona un lugar propio donde permanecer encerrada o inmovilizada, condición inexistente para la mayoría de los solicitantes de asilo. A falta de espacios donde residir, de servicios básicos y de recursos económicos, los solicitantes de asilo no sólo están expuestos a contraer el virus Sars-Cov-2, sino también a ser víctimas de delitos o de graves violaciones a sus derechos humanos.
María Dolores París Pombo
Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y cocoordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
Referencias bibliográficas
Arellano Sarmiento, L. “Centroamericanos retornados a México improvisan campamento en Los Algodones”, La Jornada Baja California, 21 de julio, 2020.
U. S. Border Patrol Monthly Enforcement Encounters 2020: Title 42 Expulsions and Title 8 Apprehensions, Customs and Border Protection, 2020.
Fact Sheet: DHS Measures on the Border to Limit the Further Spread of Coronavirus, Department of Homeland Security, 20 de marzo 2020.
De los corresponsales, “Trump deporta sin trámites y a deshoras; no aplica a migrantes protocolo por COVID-19”, Excelsior, 4 de abril, 2020.
París Pombo, M.D. y Díaz Carnero, E. La externalización del asilo a la frontera norte de México: Protocolos de Protección al Migrante. Migraciones en México: fronteras, omisiones y transgresiones. Informe 2019 de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), 2020.
Comunicado número 92, Iniciativa conjunta de México y Estados Unidos para combatir la pandemia de Covid-19, Secretaría de Relaciones Exteriores, 20 de marzo, 2020.
“Nota Informativa N.º 11”, Secretaría de Relaciones Exteriores, 21 de marzo, 2020.
Protocolos de Protección a Migrantes: Implementación y Consecuencias para los Solicitantes de Asilo en México. Dirigido por Leutert, S. Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson, Strauss Center for International Security and Law, mayo 2020.
Reporte del Proyecto de Investigación de Políticas . N.º 218.
“Details on MPP (Remain in Mexico)”, TRAC. Universidad de Syracuse.Trac Immigration, 2020.