Ciudad Juárez no es un espacio ajeno a los flujos migratorios. Sin embargo, la crisis económica de 2008 en los Estados Unidos, sumada a la crisis de violencia e inseguridad que resultó de la “guerra contra las drogas”, tuvieron un impacto importante en los factores de atracción hacia Juárez y al norte, y por décadas convirtieron a Ciudad Juárez en una ciudad expulsora más que de destino.
Ilustración: Estelí Meza
Este contexto cambió de manera drástica a finales de octubre de 2018, cuando un grupo de personas migrantes llegó al puente Paso del Norte, que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Aunque la mayoría era de origen guatemalteco, también había personas mexicanas, cubanas y de otros países centroamericanos. Esta concentración de personas en la frontera se enfrentó con la política de “cero tolerancia” del gobierno de Donald Trump, la cual exacerbó la vigilancia fronteriza y ordenó la persecución y detención de quienes cruzaran la frontera de forma irregular, incluso si eran solicitantes de asilo. Entre éstas medidas, se implementaron las ahora famosas “listas de espera” (metering). En Ciudad Juárez, la lista se implementó en noviembre de 2018 y en su momento más álgido contó con cerca de 7000 registros, incluyendo personas mexicanas y extranjeras.
A inicios de 2019 el gobierno de Trump instauró los Protocolos de Protección a Migrantes (PPMs), también conocidos como el programa “Quédate en México”. Bajo este programa, quienes solicitaban asilo en puertos de entrada a los Estados Unidos eran retornados a México a esperar sus fechas de audiencia en las cortes estadounidenses. Desde su implementación, cerca de 71 000 personas fueron retornadas bajo PPM a distintas ciudades fronterizas en México, y 35 % del total llegaron a Ciudad Juárez.
Este repentino arribo de distintas poblaciones en movilidad puso en evidencia la falta de infraestructura de atención en Ciudad Juárez, derivando en una “crisis de atención”.1 En ese momento, existían en la ciudad únicamente dos albergues para personas migrantes. Esta crisis se vio exacerbada con la pandemia de covid-19 que llevó, por un lado, al cierre total de las fronteras para solicitantes de asilo y a la suspensión de procesos migratorios y, por otro, a la implementación de protocolos sanitarios en espacios de atención al límite de su capacidad, cierre de puertas a nuevos arribos, y necesidad de espacios de aislamiento para evitar el contagio al interior. Ciudad Juárez, como muchos otros lugares en el mundo, se convirtió en un territorio de atrapamiento y esperas prolongadas e inciertas.2
A la par de esta coyuntura de movilidad, la industria manufacturera de Juárez enfrentaba su propia crisis, con la cadena de suministro “justo a tiempo” colapsando por las restricciones impuestas en aduanas y puntos de entrada. Ante el incremento de intentos de cruces irregulares por la frontera Juárez-El Paso, las autoridades migratorias estadounidenses asignaron agentes aduanales a la contención migratoria y los procesos productivos binacionales se vieron fuertemente afectados.
La preocupación por la productividad de la industria motivó la movilización del sector manufacturero y transportista. Recurriendo a redes previamente establecidas entre empresarios, gobierno y otros sectores a nivel local, comenzó a gestarse lo que se convertiría en la Iniciativa Juárez (IJ). De acuerdo con sus creadores, la IJ fue iniciada “por un grupo de ciudadanos movidos por una crisis hace dos años y medio. Creíamos que se podía colapsar la economía de la ciudad por el volumen de flujos migratorios, y cómo estos alteraban el transporte de mercancía que es la base de la economía de la ciudad”.3
Como había pasado en otras ocasiones, la más reciente en 2014 con la “crisis de menores no acompañados”, a partir de 2018 empezó a hablarse de una nueva crisis migratoria y fronteriza de gran escala. La crisis se volvió la narrativa imperante en medios de comunicación, círculos académicos y espacios políticos y de toma de decisión. La supuesta “invasión de la frontera” se encontró con una “crisis humanitaria”, el “colapso de las redes locales”, y el “desbordamiento de las capacidades de atención de gobiernos a nivel local”.
En su análisis sobre la crisis migratoria de 2014, los investigadores Heyman, Guerra y Slack plantean que las fronteras son más que una serie de límites políticos establecidos y estáticos: son resultados de la acción estatal y social y se encuentran en constante construcción y resistencia. Estas prácticas o procesos de “fronterización” ocurren, muchas veces, en contextos de polarización política donde diversos actores con intereses contrarios se encuentran en la arena política. Es decir, la fronterización es un ejemplo claro de política contenciosa.4
La coyuntura migratoria vivida en Ciudad Juárez a finales de 2018 y principios de 2019 fue un momento en que “la gente ordinaria —frecuentemente en alianza con ciudadanos más influyentes y con cambios en la opinión pública— une fuerzas”5 para la “innovación rápida de las formas de contención; con la creación de nuevos o transformados marcos de acción colectiva; con una combinación de participación organizada y desorganizada; y con un flujo intensificado de información e interacción entre los retadores y las autoridades”.6
La contención, en este caso, giraba en torno a una posible crisis o emergencia migratoria y a la movilización de actores con intereses y objetivos particulares en términos económicos, políticos, humanitarios y de seguridad, entre otros. Tres ejes estructuraban la interacción contenciosa en esos momentos: 1) la coordinación de una respuesta inmediata en términos humanitarios y económicos; 2) las disputas por una nueva narrativa de Ciudad Juárez como espacio de hospitalidad y atención humanitaria; y 3) la construcción de un nuevo esquema de gobernanza migratoria.
En términos de respuesta inmediata, Iniciativa Juárez se sumó a organizaciones civiles y de base en Juárez y se convirtió en un grupo clave de presión ante el gobierno municipal, local y federal, así como una parte fundamental en la organización de grupos de trabajo y mesas de diálogo para estructurar la respuesta a nivel local. En Juárez se crea el primer Centro Integrador para el Migrante (CIM) del país, una estrategia conjunta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Bienestar. El CIM “Leona Vicario” es una respuesta innovadora que “más que un albergue es un centro orientado a la integración de población en movilidad”, de acuerdo con una de las colaboradoras entrevistadas. Además del CIM, se creó una red e infraestructura de migración que no existía antes. En menos de un año, la red de albergues se amplió a cerca de 23 espacios, mayoritariamente en iglesias o templos religiosos, con una capacidad total de 3000 personas,7 similar a la de ciudades como Tijuana, uno de los principales polos de atracción migratoria en el país. Finalmente, se consolidó en Juárez la presencia de organizaciones internacionales y de Naciones Unidas, lo que ha representado una derrama de recursos importante así como un apoyo en la logística y gestión de las movilidades a nivel local.
A la par de la respuesta a la emergencia humanitaria, la coyuntura migratoria planteó una oportunidad de replantear y reposicionar a Juárez desde una nueva narrativa. Juárez, una ciudad que históricamente ha sido descrita como ciudad de crimen, violencia, narcotráfico e inseguridad, ahora se podía convertir en un símbolo de hospitalidad y respuesta integral a la realidad migratoria. En palabras de un empresario local: “En Juárez somos un secreto muy bien guardado, un ejemplo internacional. Distintos a otras fronteras donde los migrantes han sido perseguidos y golpeados”. El discurso de hospitalidad es común en Ciudad Juárez, mencionado constantemente por funcionarios y funcionarias, miembros del sector empresarial y la sociedad civil en general, quienes se enorgullecen de que “en Juárez no ha habido más que un par de episodios de xenofobia desde el arribo de los migrantes, a diferencia de lugares como Tijuana”. A pesar de estas afirmaciones, hay segmentos de la población Juarense que no tienen opiniones favorables en torno a la llegada de personas migrantes. En un estudio reciente en colonias cercanas al CIM Leona Vicario, cerca del 50 % de las personas encuestadas dijeron no estar de acuerdo con que las personas migrantes lleguen a Juárez. Sin embargo, 65 % dijo estar a favor de que el CIM continúe recibiendo migrantes y un 30 % incluso identificó efectos positivos para la colonia desde el establecimiento del espacio.8
Finalmente, la Iniciativa Juárez se plantea como un “mecanismo de gobernanza migratoria con expresión transfronteriza”. Ante la ausencia de respuesta inmediata por parte de los tres niveles de gobierno, en Ciudad Juárez había una sensación de abandono, de estar “pagando las consecuencias” de decisiones tomadas a altos niveles que “aventaban una papa caliente” de un lado a otro. Tras una serie de reuniones informales a nivel local, el grupo de empresarios y actores locales logró reunirse con representantes del gobierno federal para solicitar apoyo en la gestión fronteriza. Se impulsó la creación del Plan de Atención a la Frontera Norte, y el comisionado asignado a esta tarea trabajó de manera estrecha con los miembros de la IJ durante su gestión. Con un discurso de integración y no sólo de respuesta de emergencia, Iniciativa Juárez ha enfocado su trabajo en la posibilidad de inserción laboral, vivienda y regularización. En conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones y organizaciones locales, se creó un programa de asistencia para la vivienda, que daba a las personas migrantes un subsidio de tres meses para pagar una renta, con la condición de que alguien estuviera trabajando y pudiera hacerse cargo de los costos de ésta una vez terminado el apoyo. También se trabajó con el Consejo Estatal de Población para formular un Programa de Empleo Temporal y, en conjunto con el Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios, un proyecto de regularización emergente que fue propuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Un par de años después del surgimiento de Iniciativa Juárez, hay pocos datos sobre la inserción laboral y de vivienda de las personas migrantes. Se sabe que muchas personas viven fuera de albergues en hoteles y alojamientos en renta, pero se desconoce el número y las condiciones de éstos. Además, diversos testimonios de personas migrantes reflejan importantes dificultades diversas en términos laborales. A pesar de haber un exceso de oferta laboral en el sector maquilador,9 este no ha representado una opción real para muchos que no cuentan con documentación de estancia legal o no pueden garantizar estancias largas que exige el sector. El trabajo informal y el autoempleo, muchas veces en condiciones de precariedad laboral, parecen ser la opción más común para el sustento de las personas en movilidad.10
Quizás uno de los ámbitos de mayor contención en torno a la respuesta en Ciudad Juárez tiene que ver con la complejidad de los flujos migratorios, la cual ha evidenciado la necesidad de una respuesta integral y diferenciada, en que se identifiquen necesidades, oportunidades y dificultades enfrentadas por distintos grupos. En este caso, la Iniciativa Juárez tiene aún pendiente incorporar una perspectiva de género e interseccionalidad en sus propuestas. Para las mujeres en situación de movilidad, los desplazamientos y las esperas se materializan en retos concretos que requieren una agenda sensible a la carga desproporcionada de trabajos de cuidados, el aislamiento social y lingüístico, la segmentación del mercado laboral y las experiencias acumuladas de violencia sexual y basada en género que complican, aún más, las posibilidades de integración y reformulación del proyecto de vida. Este ámbito representa una oportunidad para que Iniciativa Juárez se acerque e incluya a otras organizaciones y actores en un proyecto de integración que incorpore a las mujeres, niñas y población LGBTQI en movilidad.
A pesar de los avances, más de dos años después del inicio de la “crisis en la frontera”, la incertidumbre continúa. El sistema de asilo en Estados Unidos permanece cerrado, y aunque se habla de una posible reinstauración de los PPM, todavía no hay anuncios oficiales en términos de fechas y condiciones del programa. Además, se desconoce qué sucederá con las personas mexicanas desplazadas internamente por violencia que busquen protección internacional, un grupo cada vez más numeroso en Juárez y en otras ciudades del norte del país. En palabras de uno de sus creadores: “La IJ ha tratado de buscar cómo mitigar y absorber una crisis, pero no hay aún una solución permanente”. Ahora, ante flujos migratorios cambiantes, nuevas necesidades y posibles cambios en la política migratoria regional, la reflexión continúa.
La incertidumbre se traslada a otros ámbitos, no sólo a las experiencias y planes de vida de personas migrantes, desplazadas y refugiadas, sino también a los espacios de atención y programas de ayuda humanitaria.11 Muchos de los espacios que surgieron para atender la emergencia operan en condiciones de precariedad e informalidad, dependiendo de arreglos informales con dueños de propiedades, donaciones fluctuantes, deudas en el pago de servicios como luz y gas, e incertidumbre en términos de sustentabilidad a un mediano y largo plazo. Esta informalidad, que de inicio facilitó su establecimiento, ahora es un impedimento para recibir apoyo institucional. Sin condiciones formales de institucionalización como espacios de apoyo humanitario, se dificulta recibir apoyos e inversiones sustanciales, y el trabajo, el espacio, y la organización de los albergues está siempre en riesgo de tener que desaparecer. Así, la incertidumbre acerca del futuro inmediato inunda los espacios de la vida cotidiana, el trabajo organizativo y la atención.
Isabel Gil Everaert
Investigadora Posdoctoral del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas en El Colegio de México
Referencias
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Yuval-Davis, Nina, Georgie Wemyss, y Kathryn Cassidy. 2019. Bordering. Cambridge: Polity Press.
Este texto es una colaboración entre el Observatorio de Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte y nexos.
1 Barrios de la O, Maria Inés. 2021b. Movilidad humana en Ciudad Juárez, 2007-2012. Transitando de la inmigración laboral a la emigración y desplazamiento forzado. Tijuana, B.C., México.: El Colegio de la Frontera Norte.
2 Abad Miguélez, Begoña. 2018. “Regímenes de movilidad y expropiación del tiempo: la espera como cronopolítica”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura 194-788 (a453): 1-13.
3 A lo largo del texto se incluyen entre comillas algunas citas textuales de entrevistas y conversaciones con actores clave en Ciudad Juárez realizadas entre marzo y octubre de 2021.
4 Véase: Yuval-Davis, Nina, Georgie Wemyss, y Kathryn Cassidy. 2019. Bordering. Cambridge: Polity Press. Véase también: Popescu, G. 2012. Bordering and Ordering the Twenty-First Century: Understanding Borders. Lanham, MD: Rowman & Litchfield.
5 Tarrow, Sidney. 2011. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Nueva York: Cambridge University Press.
6 Tarrow, Sidney. 1998. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press. p.142
7 Mani, Rosa. 2021. “Panorama General de la Red de Albergues”. Presentado en La actualidad de los flujos migratorios en Ciudad Juárez, 2021 ¿Qué hacemos?, Ciudad Juárez, Chihuahua, octubre 22.
8 Barrios de la O, María Inés. 2021a. “Encuesta sobre condiciones del entorno y percepción de vecinos sobre las personas migrantes del Centro Integrador para el Migrante-Leona Vicario”. Ciudad Juárez, Chihuahua.
9 Se habla de cerca de 20 000 plazas desocupadas en el sector manufacturero en Ciudad Juárez (Pedroza 2021).
10 El Colef. 2021. “Entre la espera y el asentamiento: inserción laboral y residencial de inmigrantes y desplazados”, El Colegio de la Frontera Norte, 20 de mayo de 2021.
11 Gil Everaert, Isabel. 2020. “Inhabiting the Meanwhile: Rebuilding Home and Restoring Predictability in a Space of Waiting”, Journal of Ethnic and Migration Studies.